Lucía Astorga. 22 septiembre, 2019
La problemática social y ambiental que desató el fallido proyecto minero de Crucitas, en Cutris de San Carlos, motivó a dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), a presentar un proyecto de ley para permitir nuevamente el desarrollo de esta actividad. Foto: Albert Marín.
La problemática social y ambiental que desató el fallido proyecto minero de Crucitas, en Cutris de San Carlos, motivó a dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), a presentar un proyecto de ley para permitir nuevamente el desarrollo de esta actividad. Foto: Albert Marín.

Costa Rica se declaró en el año 2011 como "un país libre de minería metálica a cielo abierto”, con la publicación de la Ley N°8904, sin embargo, una iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa, busca cambiar esta condición.

Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales Chacón y Jorge Luis Fonseca, impulsan el expediente N° 21.854, ‘Ley para el desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera metálica’. Su propuesta fue presentada en términos generales a la fracción el día lunes 9 de setiembre.

En el primer artículo de este proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar “concesiones para la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad superficial siempre que se trate de mediana minería, pequeña minería y minería artesanal”.

La mediana minería se define como aquella que extraiga una cantidad igual o menor a 150 mil toneladas métricas por mes, el límite para la pequeña minería es de tres mil toneladas y para la artesanal de 75 toneladas por mes.

Mientras que en el inciso 48 del documento, se plantea derogar la declaratoria de Costa Rica como país libre de minería metálica a cielo abierto.

La sombra de Crucitas

El planteamiento de los legisladores liberacionistas, surge a la luz de la problemática ambiental y social que experimenta Cutris, de San Carlos, donde se iba a desarrollar un proyecto minero, a cargo de la empresa Industrias Infinito, de capital canadiense, para extraer oro a cielo abierto.

Sin embargo, en el 2010, la concesión fue anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo y luego, en noviembre del año siguiente, la sentencia fue ratificada por la Sala I. Los jueces fundamentaron su decisión al encontrar irregularidades en el otorgamiento de permisos a la empresa, así como falta de fundamento técnico para declarar el proyecto de “interés público” y “conveniencia nacional”.

Desde entonces, el sitio ha sufrido un grave daño ambiental por la minería ilegal que realizan los coligalleros que “pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región”, según un estudio interdisciplinario, que realizaron expertos de la Universidad Nacional (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Cornell en Ithaca (Nueva York, Estados Unidos).

"Yo soy vecina del cantón de San Carlos y conozco la realidad que se está viviendo allá, los vecinos se han acercado a buscarme y contarme sus necesidades sobre la realidad en Crucitas, así como en otros pueblos aledaños que están dentro del mismo distrito.

“Desde que yo ingresé o previo, desde la campaña, en reuniones con las comunidades, esta era una problemática que se mencionaba”, dijo a La Nación María José Corrales, coautora del proyecto de ley.

¿Qué plantea el proyecto?

Iniciativa de ley busca derogar declaratoria de Costa Rica como país libre de minería metálica a cielo abierto y regular esta actividad.

FUENTE: PROYECTO DE LEY N° 21.584.    || w. s. / LA NACIÓN.

Fuente de desarrollo

Según la legisladora, la iniciativa tiene como meta “regular una actividad que actualmente se está dando de manera ilegal y buscarle un beneficio que sea social”.

¿Cómo es que la propuesta espera generar este impacto? Entre los aspectos destacados por la diputada, se encuentra una limitación para que los permisos de exploración o concesiones de explotación de minería artesanal, sean otorgados únicamente a vecinos permanentes del cantón donde se encuentra el yacimiento.

“En caso de ser persona jurídica, quienes posean el 80% capital social”, señala el texto

La idea con esto, de acuerdo con Corrales, es que la misma comunidad se organice para sacar provecho de la actividad, ya sea por medio de cooperativas, asociaciones o sociedades anónimas. Asimismo, el documento obligaría a los interesados a garantizar que las dos terceras partes de la planilla esté integrada por vecinos permanentes del cantón en el que se desarrolla el proyecto.

Nuevo gravamen

Otro elemento que sería de beneficio para las comunidades, a criterio de la diputada, es la introducción de un impuesto específico sobre la minería, “que se calculará de un 20% sobre las ventas brutas que realicen los concesionarios”.

Un 30% del total recaudado por este rubro, se entregaría a la municipalidad o a las municipalidades “en cuya jurisdicción se encuentre ubicada la concesión de explotación con el objeto de realizar inversiones en infraestructura y en desarrollo social del cantón”.

Mientras que un 15%, se distribuiría de manera proporcional entre las municipalidades ubicadas en la región de planificación donde se encuentra la explotación.

El Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), recibiría un 15%, así como la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi); el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) un 10% y la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) un 5%.

El otro 10% se entregaría a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), para que traslade los recursos entre las asociaciones de desarrollo de las comunidades del cantón o los cantones donde se ubique el área de explotación.

Contingencia ambiental

Para Corrales, la principal punta de lanza para disminuir el impacto que tendría sobre la naturaleza cualquier proyecto minero, es la conformación de una figura llamada Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima).

Su principal objetivo es ejercer “el control y seguimiento ambiental” de la actividad desarrollada. Sus integrantes recibirían remuneración alguna por su participación y como una forma de evitar cualquier tipo de exceso, ocuparían el cargo por un máximo de dos años.

Estaría compuesta por un representante de: la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), la Dirección de Geología y Minas, la municipalidad de la jurisdicción donde se desarrolla el proyecto, el desarrollador, el regente ambiental, las asociaciones comunales del área y un representante de una organización no gubernamental en materia ambiental.

Además, todo concesionario estaría en la obligación de presentar un plan de cierre de la mina que tome en cuenta la salud humana y del medio ambiente; el uso beneficioso de la tierra, al concluir las operaciones mineras y la sostenibilidad económica y social de la zona.

También, “prohíbe el uso de mercurio en cualquier fase de la actividad de beneficiamiento".

‘Creíamos que era un tema superado’

La iniciativa sorprendió al abogado Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio (FA), quien fue uno de los abogados querellantes contra la declaratoria de interés público del proyecto Crucitas.

“Creíamos que era un tema superado (...) que ya habíamos dado ese paso al frente, más bien poniéndonos una flor en el ojal, al frente de Latinoamérica y el mundo como un país verde, amante de su naturaleza, como un país que busca verdaderamente el desarrollo sostenible (...)”.

El exlegislador considera que el problema de Crucitas “no es el oro, es el abandono de décadas. Las únicas soluciones que parece que existen, es sacar el oro y destruir el ambiente en el camino".

“Se está planteando (el proyecto) como la solución a la minería ilegal, pero se parte de una premisa que es falsa, es decir, regular la minería en los términos que plantea el proyecto, eso no lo van a cumplir los coligalleros que están metidos ahí, la actual forma de llevar adelante la minería, es individual, muy artesanal y probablemente no lo van a cumplir, no están en capacidad”, advirtió.

Consultada por La Nación sobre el tema, la viceministra de gestión ambiental del Minae, Celeste López, expresó que el proyecto “aún debe ser analizado en forma conjunta por un equipo de trabajo del ministerio que incluya a la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, entre otros, para ver en detalle las posibles ventajas y desventajas de la propuesta”.

“Por su naturaleza, la minería metálica a cielo abierto es incompatible con el modelo de desarrollo propuesto para Costa Rica en el cual la presente administración apunta hacia la cuarta revolución industrial y la descarbonización de la economía”, añadió en una respuesta facilitada por la oficina de prensa del Minae.

Por su parte, Néstor Chamorro, vicepresidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica, indicó que también deben analizar el texto, ya que estuvieron al inicio del proceso, pero que posteriormente ya no fueron citados

El vocero sí manifestó que el gremio estaba a favor de una “minería a cielo abierto responsable, desde el punto de vista económico, ambiental y social”.

"El asunto (de la minería) se transformó como algo diabólico, no es así, no es correcto. Los países se han desarrollado en el mundo gracias a la minería, hay desarrollos donde hay países que tienen conceptos ambientales muy fuertes y llevan a sus ciudadanos a tener un mejor estándar de vida y han empezado con minería, como Canadá y Noruega.

“Lo que debemos hacer es clarificar y darle los roles claritos a las instituciones para que los cumplan y para eso las leyes están para sancionar a los empleados públicos que no cumplan con el control social, ambiental y técnico del desarrollo minero”, expresó Chamorro.