EscucharLa Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que agrupa a los jueces de la República, calificó de “presión inapropiada” el hecho de que, este lunes, el presidente Rodrigo Chaves le pidiera al Poder Judicial no prestarse para “intereses canallas” y parar las “demandas absurdas”, bajo el argumento de que estas son usadas como armas políticas.
“Eso es muy peligroso en momentos en que el jueves el presidente de la República va a la Fiscalía, lanza ese discurso y, al mismo tiempo, solicita que se elija fiscal general. Eso pareciera que es una interferencia o una presión inapropiada a que se resuelvan independientemente todas las causas”, declaró Adriana Orocú, presidenta de la Acojud, organización que agrupa a un millar de jueces.
El jueves, Chaves acudió a la Fiscalía General luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) remitió al Ministerio Público un informe sobre una aparente estructura paralela en el financiamiento de su campaña.
Orocú también recordó que la Asamblea Legislativa tiene pendiente nombrar al magistrado de la Sala Tercera que sustituirá al magistrado Álvaro Burgos, quien falleció en abril. Dicho tribunal es, precisamente, el encargado de tramitar los procesos penales en que estén involucrados integrantes de los supremos poderes, como el presidente, los diputados y otros magistrados.
“En este momento, la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de crear cambios que sean efectivos, que ese sistema de elección sea totalmente transparente, que tenga metodologías con estándares internacionales de transparencia, que haya voto público para que la ciudadanía sepa por quién y por qué votó cada diputado, y que no sean los intereses por debajo de la mesa los que puedan beneficiar o perjudicar a las personas que están en un concurso”, dijo Orocú.
Durante la sesión de la Corte Plena, este lunes, el presidente de la República alegó que “individuos y grupos malintencionados” presentan denuncias frívolas, ante el Poder Judicial, como arma política.
“Los ciudadanos estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata (...) Es momento de parar a los canallas que están llenando al tribunal de demandas absurdas y frívolas”, declaró Chaves.
Jorge Cartín, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud), coincidió en que la afirmación del presidente es inadecuada, pues ni la Fiscalía ni los jueces pueden negar a ningún ciudadano el derecho de denunciar hechos que considere anómalos.
El secretario de Sitrajud reconoció que hay personas que abusan de su derecho a denunciar, en ocasiones con el único fin de dañar la imagen de políticos y otras figuras. No obstante, aseguró que ningún caso se puede descartar a priori, sin antes haberle dado el debido proceso.
“La Fiscalía y el Poder Judicial tienen la obligación de recibir esas querellas, tienen la obligación de recibir las piezas, tienen la obligación de revisar con detalle y darle la importancia a esa persona ciudadana que está haciendo la denuncia, sea quien sea.
“No puede ser que simplemente, porque se considere que la persona está abusando de la judicialización de los asuntos, se le diga ‘no, usted ya no puede porque ya presentó cinco (denuncias) la semana pasada’. No, eso no existe, el deber del Poder Judicial es darle el debido proceso a todas las denuncias que lleguen, sean contra quien sean”, afirmó Cartín.
Dicho razonamiento lo expuso también Rónald Segura, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Fiscales. El funcionario aseguró que cada cuatro años, en época electoral, se genera una lluvia de denuncias contra figuras políticas, incluyendo algunas que carecen de fundamento pero que se presentan para dañar la imagen de los candidatos.
Sin embargo, Segura coincidió en que no es posible coartar el derecho de los habitantes a presentar las denuncias que consideren necesarias. La forma de contrarrestar la instrumentalización de los procesos judiciales, dijo, es agilizar la resolución de los casos, para evitar que las denuncias falsas afecten por un tiempo prolongado la imagen de los involucrados.
“La gente tiene derecho a que las causas se definan rápidamente, porque está su derecho al honor y a la imagen, y la instrumentalización política de las denuncias siempre se ha dado (...) La forma de acabar con esta práctica es la pronta resolución, porque no se puede limitar a nadie la denuncia, ni en casos de denuncias políticas ni en caso de denuncias de corrupción, de ningún tipo”, dijo Segura.
Los voceros de Acojud y Sitrajud afirmaron que las declaraciones de Chaves son preocupantes, en momentos en que se requiere blindar el principio de separación de poderes, así como transparentar los procesos de elección de magistrados.
Los líderes sindicales adujeron que se requieren reformas en el Poder Judicial, por ejemplo, para blindar la elección de altos jueces de las presiones políticas. No obstante, reprocharon que Chaves utilizara un discurso “deslegitimador y de ataque”, en vez de uno constructivo.
