La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, envió a consulta con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el proyecto de ley que autorizaría a la institución condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la seguridad social.
Hernández hizo la gestión el pasado 29 de julio, según explicó, por ser un trámite obligatorio antes de que el plan sea votado en primer debate, dado que la Caja es un ente autónomo.
“Hay jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional en cuanto al procedimiento que establece que, previo a la votación en primer debate, debe existir la consulta obligatoria. La lógica es poder tomar la respuesta para subsanar cualquier cosa”, explicó Hernández.
La liberacionista Karine Niño, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, añadió que la solicitud es sobre el texto sustitutivo acogido meses atrás por ese foro, antes de que el expediente pasara al plenario. “La voluntad es avanzar”, aseguró.
A partir del envío de la consulta, la Caja tiene un plazo máximo de ocho días hábiles para responder, el cual vence el próximo 11 de agosto.
Antes de esa fecha, inclusive, el plenario no puede someterlo a votación de primer debate, explicó Hernández.
Lo que el plenario puede hacer, mientras tanto, es discutir 13 mociones de reiteración presentadas por el diputado frenteamplista José María Villalta, siempre que las fracciones así lo decidan, indicó la presidenta.
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“Las mociones se pueden conocer después del martes (3 de agosto), si se quiere. Lo único que no se puede es votar antes del 11, inclusive, que es cuando vencen los 8 días de tiempo de consulta”, manifestó.
En sus mociones el frenteamplista propone que se excluyan de la condonación a empresas condenadas por el delito de penalidad del corruptor o tráfico de influencias, o que sean investigadas por esos hechos.
Además, quiere que solo se permita la condonación si la Caja así lo decide de acuerdo con su autonomía, y si un estudio técnico demuestra que dicho perdón no afecta las finanzas de la institución y la prestación de servicios, entre otros.
El próximo 3 de agosto el Congreso inicia oficialmente un periodo de tres meses de sesiones ordinarias, en el que la agenda la definen las fracciones.
Lo que se condonaría
El proyecto es una iniciativa del diputado socialcristiano Pedro Muñoz que goza del aval del Gobierno. La redacción deja clara que es una autorización a la Caja, no una obligación de cumplirlo.
En esa línea, autorizaría a la CCSS condonar a trabajadores independientes la deuda principal, multas, recargos e intereses por cuotas de aseguramiento no pagadas.
A los patronos les perdonaría solo multas, recargos e intereses del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y lo correspondiente a la ley de protección al trabajador como el de la pensión complementaria.
De igual modo, a los empleadores les condonaría el principal, multas, sanciones e intereses de los montos adeudados y generados al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Banco Popular.
Luego de superar la etapa de comisión, el pasado 20 de julio, la iniciativa pasó al plenario, donde gozaba de ambiente para que esta semana se discutieran las mociones de ajuste reiteradas por Villalta.
Demora en el trámite
Dichas propuestas de cambio, que habían sido rechazadas en Económicos, no se vieron esta semana básicamente porque el proyecto contra la exploración y explotación petrolera estaba de primero en el orden del día, justificó Hernández.
Ese otro proyecto acaparó el debate, añadió Muñoz, quien asegura que la demora se debe a que en el plenario hay un “fuerte” interés de legisladores en atrasar el debate, además de tramitar la consulta obligatoria a la Caja.
“No se puede negar que hay un movimiento para debilitar proyecto”, aseguró. “Un movimiento fuerte en el que está metido Villalta y Enrique Sánchez (diputado del Partido Acción Ciudadana)”, insistió.
Sánchez negó esa afirmación. “Lo que yo he planteado es que al proyecto hay que hacerle tres ajustes puntuales”, reaccionó el rojiamarillo.
Los ajustes que pide Sánchez van en la línea de lo que también pide Villalta. Por ejemplo, que se haga una diferenciación en el trato a una persona que adeuda ¢5 millones que tendría dificultad para pagar, según aseguró, de otra con mora superior a los ¢50 millones.
Otro ajuste que el diputado de Gobierno pide, es que las empresas con sanción en firme por retención indebida de cuotas no sean beneficiadas. “Y que los diputados no podamos beneficiarnos de esa condonación”, aclaró.
Villalta, por su parte, calificó el señalamiento de Muñoz como cortina de humo y lo cuestionó por haber ocultado a la ciudadanía, una deuda en litigio por 40 millones con la Caja.
“El proyecto parece estar redactado para cubrir, incluso, estas deudas. Lo que hemos hecho es exigir transparencia ante estas situaciones”, respondió el frenteamplista.
El socialcristiano, quien reconoció la deuda, dice que el litigio data del año 2020 tras ser auditado por la CCSS, luego de un ajuste en sus cuotas como trabajador independiente, y que su proyecto data de mayo del 2019.
“No tengo problema en decir que no me voy a beneficiar con tal de que se beneficie todo mundo”, finalizó Muñoz.