Los diputados aprobaron en primer debate, este martes, el Presupuesto Ordinario de la República para el 2019, luego de 20 días de discusión en el plenario legislativo.
La iniciativa tuvo el apoyo de 40 legisladores, mientras que 8 se manifestaron en contra. El Presupuesto Nacional para el próximo año contiene partidas por ¢10,9 billones.
El plan de gastos se aprobó en el plenario tal como llegó a ese órgano, con rebajas por casi ¢15.000 millones aplicadas a la propuesta en el trámite de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Las reducciones específicas se dieron en las partidas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Dirección de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras.
Aunque las rebajas totales ascienden a ¢14.890 millones, no disminuyen el monto total del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019, porque esas partidas se mantuvieron, con el objetivo de pagar deuda.
Específicamente, las rebajas en las partidas presupuestarias suman ¢14.890 millones y se reparten de esta forma:
-¢10.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES, presupuesto para las universidades públicas), por moción de Jonathan Prendas, del bloque independiente llamado Nueva República.
-¢2.000 millones de la partida de control migratorio y atención a personas en condición de vulnerabilidad y para documentación de migrantes, por moción de Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional.
-¢1.500 millones del programa para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud, por moción de Gustavo Viales (PLN).
-¢1.390 millones de los partidas para compra de carros en varios departamentos del Poder Judicial, por moción de David Gourzong (Liberación Nacional).
-¢8,7 millones de la partida para servicios de monitoreo de medios para la Presidencia de la República, por moción de Gustavo Viales (PLN).
Aunque el Gobierno y la fracción oficialista no estuvieron de acuerdo con los recortes presupuestarios, en particular los aplicados al financiamiento de las universidades, dieron su voto positivo.
Siete diputados del bloque independiente votaron en contra del plan de gastos gubernamental: Jonathan Prendas, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpízar, Ivonne Acuña y Nidia Céspedes. A ellos se sumó un legislador del Partido Republicano, Dragos Dolanescu.
Aunque desde la primera semana de discusión, los legisladores estuvieron a punto de aprobar el proyecto, finalmente se fue postergando el primer debate porque muchos congresistas aprovecharon la media hora que tenían para hablar, para lanzar numerosos ataques al Ejecutivo.
El monto total del plan de gastos gubernamental asciende a ¢10,9 billones pues, aunque Hacienda logró que los gastos generales de las instituciones solo crecieran un 1% con respecto al 2018, el pago de la deuda sí crece un 17% en relación con el presupuesto en ejecución.
Si se excluyen el pago de la deuda y las pensiones, el decrecimiento del Presupuesto es de un 0,8%.
En el Presupuesto 2019 aprobado en primer debate, se incluyen los gastos de la Presidencia de la República, 18 ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
El dinero requerido para pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos de deuda soberana crecerá en un 50%, al pasar de casi ¢3 billones a ¢4,55 billones.
Con la decisión tomada por el parlamento, se adelanta la aprobación en siete días, pues el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que el primer debate se debe dar, a más tardar, el 27 de noviembre. La Constitución dicta que el Presupuesto Nacional debe estar totalmente aprobado para el 30 de noviembre.
De hecho, luego del primer debate, la presidenta del Directorio legislativo, Carolina Hidalgo, fijó el segundo debate para el próximo martes, 27 de noviembre.
Reacciones ante el Presupuesto
El jefe de la Unidad Social Cristiana, Erwen Masís, resaltó que se trata de un plan de gastos austero y que “va acorde con la realidad del país”.
“Hay algo importante, es que la Asamblea y el plenario respetaron lo analizado, lo recomendado por la Comisión de Hacendarios, de manera que no se abrió el plenario y se mantuvieron los recortes aprobados en esa comisión”, dijo el socialcristiano.
La diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que se trata de un presupuesto responsable y que refleja la realidad del país, con un importante esfuerzo de contención del gasto.
“Es un presupuesto que decrece si se descuentan la deuda y las pensiones. Quienes no entienden que el presupuesto crece por una mayor obligación de pagar deuda es porque no han hecho el estudio riguroso del estado de las finanzas públicas”, comentó Guido.
Agregó que el país está muy obligado por el crecimiento de la deuda para pagar lo que ya tiene, sin nuevos gastos. “Más de un 49% del presupuesto se destina para eso, si no le damos nuevos ingresos al Estado, condenamos a las nuevas generaciones a seguir pagando una deuda que es cada vez más cara”, argumentó.
Luego de votar en contra del Presupuesto 2019, el diputado independiente Jonathan Prendas anunció un proyecto de ley para reformar varios artículos de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos.
Su idea es que se implemente la “técnica base cero” en la preparación del Presupuesto Nacional.
“La metodología base cero implica que las instituciones, en lugar de tomar el presupuesto del año anterior y sumarle la inflación como lo han venido haciendo hasta el momento, tengan que revisar sus programas y el cumplimiento de sus metas, en contraste con su capacidad real de ejecución, antes de pedir más recursos de forma automática”, dice Prendas en un comunicado.
En cambio, Restauración Nacional manifestó su aval al plan de gastos del Gobierno Central y exigió mayor control y calidad del gasto, sobre todo por su gran carga de financiamiento con deuda.
“Es la primera vez en más de una década que, en el proyecto de ley del Presupuesto, es mayor el financiamiento mediante colocación de títulos de la deuda que mediante ingresos corrientes”, dice el pronunciamiento de los restauracionistas.
Carlos Avendaño adujo que, antes que los impuestos, Hacienda debe reforzar, redoblar y superar los esfuerzos en recaudación fiscal, así como la lucha contra la evasión y la elusión.
“Estos deberían ser los planes A, no la reforma fiscal, sino subir los indicadores de eficiencia en el gasto, mejorar la planificación y alcanzar una ejecución responsable, basada en la presupuestación por resultados”, dijo el jefe del PRN.