Julio Montenegro, el abogado de Lucía Pineda, la periodista costarricense-nicaragüense encarcelada por el régimen de Daniel Ortega desde hace casi seis meses, visitó este jueves la Casa Amarilla en busca de un respaldo diplomático en pos de la liberación de la comunicadora.
Montenegro viajó desde Managua para reunirse, en San José, con la vicecanciller Lorena Aguilar.
A la jerarca le expuso la crítica condición de la periodista, quien sufre deterioro de su salud, aislamiento y acoso permanente de parte de la policía penitenciaria de La Esperanza, la cárcel donde está recluida.
“Estamos solicitando sus buenos oficios para que la Cancillería haga algún tipo de gestión para que Lucía pueda ser de las primeras personas que pueda salir (en caso de que Ortega libere a más presos políticos), en vista de las condiciones que tiene de salud y que no ha sido atendida adecuadamente”, expuso el abogado a la salida de la Casa Amarilla.
En concreto, Montenegro explicó que le informó a la vicecanciller que Pineda requiere ser atendida con urgencia por un médico privado, lo cual ha sido negado por el sistema judicial nicaragüense, a pesar de las peticiones de sus familiares desde hace más de dos meses.
El abogado recordó que Pineda tiene problemas urinarios producto de una infección, así como daños en la vista porque sus lentes tienen un año sin ser cambiados.
La familia desconfía del dictamen médico legal sobre la comunicadora, el cual asegura que la periodista está en buenas condiciones de salud.
Montenegro también expuso a la vicecanciller la falta de respuesta de las autoridades nicaragüenses a su petición de hablar en privado con Pineda en la cárcel, a pesar de ser su abogado defensor.
Pineda se encuentra a unos 30 metros del resto de reclusas, no se le permite asomarse a las ventanillas del lugar y permanece vigilada.
“Incluso, cuando la visitan los familiares, están de seis a ocho guardas de seguridad muy de cerca, de tal manera que no se le permite a ella hablar de algunas cuestiones que son privadas. Está muy vigilada”, expuso el abogado.
Pineda le ha comentado a sus familiares que, producto de esa vigilancia permanente a la cual está siendo sometida, teme que hayan dispositivos electrónicos en su celda para espiarla.
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La visita del abogado a Costa Rica ocurre a pocos días de que se cumplan los tres meses negociado por el gobierno y la opositora Alianza Cívica, en una mesa de diálogo, para liberar a los detenidos por las protestas en contra de Ortega, iniciadas en abril del 2018.
El plazo se vence el próximo 18 de junio, en una coyuntura desfavorable para Ortega por el aumento de las presiones internacionales que amenazan con aumentar las sanciones a su régimen, por el incumplimiento de acuerdos como restituir libertades y la liberación de los encarcelados.
Montenegro pide ayuda al país a pesar de que el régimen de Ortega no ha respondido las 14 solicitudes del consulado tico en Managua para visitar a la periodista en la cárcel y asistir al juicio.
Con ese contexto, el abogado explicó que, independiente de las gestiones que a nivel de Estado Costa Rica pueda realizar a favor de Pineda, él continuará con su estrategia de defensa en Nicaragua.
Adelantó que dicha labor ahora será más coordinada con la opositora Alianza Cívica, con las madres de los presos políticos y con una veintena de abogados independiente.
El objetivo de esa coordinación es aumentar la presión para que los procesos judiciales sean anulados, tanto de los que aún están en la cárcel, así como de quienes fueron excarcelados bajo el régimen de casa por cárcel.
En el caso específico de Pineda, Montenegro explicó que procura “interactuar de manera más cercana, de manera más activa y en coordinación” con la cancillería costarricense.
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Pineda y Miguel Mora, este último dueño del Canal 100% Noticias donde la comunicadora era jefa de prensa, son acusados de terrorismo por informar sobre las protestas antigubernamentales el año pasado.
Ellos fueron detenidos la noche del 21 de diciembre anterior, cuando un contingente de policías, incluidos algunos vestidos de civiles, clausuraron la televisora.
Ambos son parte de un grupo aproximado de 800 presos políticos, de los cuales 233 aún quedan en prisión, según conteo de la Alianza Cívica al 30 de mayo.
El resto ha sido excarcelado gradualmente bajo el régimen de casa por cárcel, pero Montenegro, quien ha defendido a 85 presos políticos en todo este proceso, teme que en algún momento las circunstancias cambien y el régimen los pueda regresar a la cárcel, ante la falta de una absolutoria total o anulación de los procesos judiciales.
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“No debían de estar ahí privados de libertad, el mismo caso de Lucía y el caso de Miguel que están por asuntos de conciencia, por asuntos de criterio al momento de transmitir una información y en este caso de criterio estrictamente profesional, es decir, comunicar en vivo lo que ellos están viendo, lo que están viviendo y lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua”, considera.
Otro elemento que hace dudar y preocupar al abogado, sobre una posible excarcelación de Pineda y Mora, es que los Juzgados de Managua reprogramaron, por cuarta vez, el juicio en contra de ellos para el 24 de junio.
“Nos da cierta sospecha, cierta preocupación porque hay una programación de juicio seis días después de la fecha tope para dejar en libertad a los presos políticos”, manifestó el abogado.
En caso de que Pineda y Mora reciban algún beneficio, sería la salida de la cárcel con la condición de casa por cárcel, opina el abogado.
Montenegro lamenta que el régimen de Ortega no haya cumplido con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger la salud y la integridad personal de la periodista y, además, sugirió evaluar “el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad”
El abogado también rechazó la propuesta de ley de amnistía ofrecida por Ortega:
"No al indulto, no a la amnistía, porque eso significaría también dejar sin hacer justicia a muchas personas que perdieron su bien jurídico de la vida, perdió su bien jurídico a la integridad física saludable, incluso hubo mutilados, hubo torturados, es decir, hay una serie de situaciones que no se pueden llevar por la vía de la amnistía.
“Justicia es lo que pide la gente y para los privados de libertad que, de alguna manera, salgan libres de manera inmediata e, incluso, que el Estado pueda resarcir esos daños”.