El juicio en contra de la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda Ubau, quien es acusada de terrorismo por informar sobre las protestas antigubernamentales el año pasado, fue suspendido por cuarta vez en los juzgados de Managua.
En esta ocasión, el juez Noveno del Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, ni siquiera se presentó a la audiencia y, por consiguiente, tampoco se fijó fecha para su reprogramación.
A los juzgados tampoco fueron llevados Pineda y Miguel Mora, este último dueño del Canal 100% Noticias, donde la comunicadora era jefa de prensa. Así los confirmó Noé Ubau, primo de la periodista.
Él explicó que, si bien los familiares de la comunicadora esperaban una nueva suspensión del juicio, debido al incremento de las presiones internacionales al régimen de Daniel Ortega a favor de la liberación de presos políticos, no creyeron que el juez haya omitido citarlos.
Tampoco pensaron que Altamirano se ausentaría de la audiencia de hoy.
“Nosotros asistimos por el simple hecho de cumplir con la fecha del juicio, pero el juez como tal no tenía previsto llevar a cabo dicha audiencia”, argumentó Ubau.
Por su parte, Julio Montenegro, abogado de los dos periodistas, considera que el caso quede ahora en el “limbo”.
“Estamos en un total estado de incertidumbre, porque hoy ni siquiera el juez puso en agenda audiencias y lo único que nos dijeron es que no iba a haber juicio”, alegó el abogado, según el medio nicaragüense El Nuevo Diario.
El martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Nicaragua adoptar medidas para proteger la vida, salud e integridad física de 17 personas detenidas por participar en las protestas, entre ellos Mora y Pineda.
La Corte ordenó que el gobierno sandinista “evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad”.
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Los juicios contra los opositores han sido pospuestos desde que el gobierno se comprometió, en el mes de marzo, a liberar a todas las personas detenidas y acusadas de terrorismo por participar en las protestas del año pasado en contra el gobierno de Daniel Ortega.
La Fiscalía nicaragüense acusa desde julio pasado a esos opositores de terrorismo, basándose en una polémica ley que criminaliza las protestas con hasta 20 años de prisión.
Debilitado por presiones internacionales por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), Ortega se comprometió de nuevo, esta semana, a liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio.
La OEA mantiene abierto un proceso que, en caso extremo, podría aplicarle a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana para expulsarla de ese organismo.
Estados Unidos también mantiene amenazas de ampliar sanciones económicas al régimen de Daniel Ortega y, el Parlamento Europeo ha pedido a los países miembros castigar de la misma forma a ese régimen.
Sin embargo, el primo de Pineda explica que la familia sigue siendo escéptica en cuanto al eventual cumplimiento de ese compromiso.
“Nosotros somos bastante realistas desde el hecho que el gobierno ha estado jugando con lo que significa, desde el punto de vista social, Lucía. Cremos que la seguirá utilizando como una ficha de intercambio con la comunidad internacional para negociar algún tipo de beneficio, ya sea económico o (que paren las sanciones) para la familia presidencial”, expuso Pineda.
Lo ideal, según Ubau, es que Pineda sea liberada de inmediato, puesto que no hay base legal para mantenerla en cautiverio y totalmente aislada, en una celda de máxima seguridad en la prisión de mujeres La Esperanza, en Managua.
