La directriz del mexicano se giró este martes 21 de mayo, en respuesta a una solicitud de medidas provisionales que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la semana anterior, a favor de 17 personas a quienes el régimen de Daniel Ortega mantenía en prisión.

Cinco de los detenidos fueron liberados este lunes, mientras que Pineda Ubau es una de las 12 personas que aún permanecen en prisión.

Para ellos, el jerarca de la Corte ordenó que el gobierno sandinista “evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad”.

A la periodista se le acusa por informar, a través del medio de comunicación 100% Noticias, sobre la represión policial usada por las autoridades para disolver protestas, así como sobre supuestas torturas, desapariciones y otros procesos arbitrarios emprendidos contra los manifestantes.

Cuando la Corte pidió cuentas sobre los encarcelamientos, el régimen descartó liberar a los detenidos bajo el alegato de que la legislación nicaragüense establece que los acusados por asesinato, homicidio, terrorismo, crimen organizado y hechos conexos deben permanecer bajo prisión preventiva.

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Ante esa respuesta, Ferrer manifestó en su resolución que la prisión preventiva solo debe emplearse para evitar que el acusado obstruya el proceso penal y evada la justicia, por lo que el crimen endosado no basta para privar de libertad a una persona.

“Es por esta razón que, aun cuando el Código Procesal Penal de Nicaragua requiera que determinados delitos se deban tramitar con el procesado sujeto a un régimen de prisión preventiva, el Estado está obligado a velar por la garantía del derecho a la libertad personal", señaló.

En ese sentido, señaló que se deben adoptar medidas alternativas a la privación de la libertad de los solicitantes.

Graves condiciones en cárcel La Esperanza

Pineda Ubau permanece recluida en la cárcel de mujeres La Esperanza, a la espera de que se realice su juicio oral y público.

La resolución de Ferrer da cuenta de las graves condiciones que experimentan las reclusas en ese centro de detención.

“Existe información acerca de la falta de ventilación de las celdas, la vigilancia permanente a través de cámaras y aparatos de sonido a la que las solicitantes son sometidas y la falta de acceso a la alimentación.

"Asimismo, se advierte la existencia de información consistente acerca de la ausencia de diagnósticos y atención médica realizada por médicos calificados a los solicitantes que han manifestado padecimientos o enfermedades”, dice del documento dado a conocer por la Corte IDH en un comunicado.

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“Existen suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar en que se encuentren”, señala Ferrer.

Al respecto, sostuvo que se requiere que los solicitantes reciban una valoración médica adecuada para determinar su estado de salud y que, en caso de que requieran atención médica, el Estado se las garantice.

“El Estado deberá asegurarse, con carácter inmediato, que los solicitantes no vean afectado su derecho de acceder a familiares y visitantes, a sus abogados y a los médicos que los vayan a examinar”.

El gobierno de Nicaragua tiene tiempo hasta el 1.° de junio para informarle a la Corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la decisión del alto Tribunal de derechos humanos.

Ferrer también determinó que el Estado debe acceder a que una delegación integrada por algún juez de la Corte visite Nicaragua y entreviste a los encarcelados, “a la brevedad”.