La delegación del gobierno divulgó un comunicado “ratificando hoy martes el invariable compromiso del estado nicaragüense con la mesa de conversaciones” con sus adversarios.
En la nota leída por el canciller Denis Moncada, el gobierno hizo constar que acudió a la sede de las conversaciones en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), sur de la capital, con el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD, opositora) resolvió el domingo que no volverá a la mesa de diálogo, reanudado el 27 de febrero, hasta que el gobierno de Ortega no demuestre actitudes explícitas para resolver el conflicto.
En ese sentido, pidió como condición fundamental la liberación de cientos de manifestantes presos por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, según organismos de derechos humanos.
La Alianza exigió también el respeto de los derechos humanos de los opositores presos y el cese a la represión y secuestro de disidentes.
Al menos 14 opositores han sido detenidos en los últimos cuatro días en redadas en las ciudades de Managua, Masaya (sur), León (occidente) y Chontales (centro), según denuncias publicadas por familiares en las redes sociales.
Las redadas forman parte de los operativos que realiza la Policía contra opositores, a pesar de que las protestas cesaron el octubre pasado debido a la represión y una cuestionada ley que criminalizó el derecho a la manifestación con hasta 20 años de prisión.
La delegación del gobierno ha dicho que asiste a las citas para “discutir todos los temas propuestos en el proyecto de agenda” que Ortega hizo público el sábado pasado.
En su propuesta, Ortega descartó adelantar las elecciones del 2021, como demanda la oposición, y ofreció analizar una reforma al cuestionado sistema electoral con el acompañamiento de la OEA.
Pidió, además, gestiones para suspender las sanciones económicas internacionales que pesan contra su gobierno por las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión a las protestas.
