La oposición condicionó su regreso a las conversaciones con el gobierno iniciadas el 27 de febrero a la “libertad de presos políticos” y el “cese de la represión y los secuestros” contra las personas que participaron en las protestas contra Ortega el año pasado.
Asimismo, exigió el “cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos” y “el respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes” y que les brinden asistencia médica, señaló la declaración.
Al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados dejó la represión a las protestas que estallaron en abril del año pasado contra el gobierno a causa de una reforma al seguro social, que luego se transformó en una demanda de salida de Ortega, en el poder desde hace 12 años.
Entre los detenidos hay dos periodistas, en tanto que un grupo de ocho opositoras presas en encuentran en huelga de hambre desde el 27 de febrero, sin que se conozca su estado de salud, entre ellas la líder estudiantil belga-nicaragüense Amaya Coppens.
La Alianza, integrada por representantes de los empresarios, estudiantes y organizaciones civiles, tomó la decisión tras el rechazo el viernes de la jerarquía católica de participar en el diálogo.
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Tras ese anuncio, la oposición dijo que el reconsideraría su regreso a la mesa, dejando el diálogo en un impasse.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, reiteró este domingo que no reconsideraran su salida del diálogo. “Cuando tomamos decisiones no la tomamos alocadas, son reflexionadas, compartidas”, afirmó.
La Iglesia católica intentó mediar en mayo pasado en un diálogo entre gobierno y la oposición en medio de las violentas protestas, pero el esfuerzo fracasó un mes después debido a la represión gubernamental.
A juicio del sociólogo y académico Cirilo Otero, Ortega regresó a la mesa de diálogo porque tenía “el agua hasta el cuello”, ante la prolongada crisis política que ha llevado la economía a pique.
Según el excanciller Francisco Aguirre, el mandatario reanudó las platicas con sus opositores a raíz de la visita que le hizo en enero Michael McKinley, principal asesor del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
La visita se produjo después de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que Ortega tiene los días “contados”.
Otero consideró que las condiciones que pone la ACJD para retomar las pláticas son una “reacción” al anuncio del gobierno.
Respuesta a agenda de Ortega
En efecto, la ACJD dio a conocer sus condiciones luego de que Ortega publicara el sábado su agenda de discusión, en la que descarta adelantar las elecciones del 2021, una de las principales demandas de sus adversarios.
El gobierno ofreció fortalecer el sistema electoral, actualmente en manos del oficialismo, mediante una reforma con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), y liberar a los opositores que aún no han sido juzgados.
En el caso de los manifestantes que ya han sido procesados por “terrorismo” y otros delitos atribuidos a su participación en las protestas, el gobierno ofrece revisar “sus expedientes” para evitar “impunidad”, según el texto.
Pide además suspender las sanciones internacionales contra Nicaragua, en alusión a una ley aprobada por Estados Unidos en diciembre que limita el acceso de Managua a créditos multilaterales y posibles sanciones de la Unión Europea.
A las presiones se sumó el anuncio, en diciembre, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría conllevar la expulsión de Nicaragua del organismo regional.
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Por su lado, la oposición exige discutir en la mesa de diálogo un proceso de democratización, que incluye adelantar las elecciones, reformas al aparato estatal que está en manos de funcionarios afines o miembros del Frente Sandinista (FSLN), gobernante.
Asimismo, acusa a Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de instaurar en Nicaragua una dictadura marcada por la corrupción.
El gobierno, en tanto, atribuye las protestas a un fallido golpe de Estado, con la participación de Estados Unidos.
Una delegación de la OEA, encabezada por Luis Ángel Rosadilla, tiene previsto llegar a Nicaragua el lunes para analizar su eventual participación en el diálogo, informó el sábado el gobierno.
