Las detenidas enfrentan “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” que “consistirían principalmente en condiciones de insalubridad, negligente atención médica” y obstáculos para recibir visitas, denunció la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un comunicado.
Los agentes penitenciarios les imponen además “regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos”, violan su privacidad e intimidad, agregó Macaulay, quien visitó Nicaragua entre el 25 y 27 de octubre.
Según información recibida por el grupo de seguimiento que la CIDH instaló en Nicaragua en junio, las presas “con condiciones de salud crítica no estarían recibiendo atención médica adecuada y oportuna, entre ellas Brenda Muñoz”.
Esta, una manifestante de 45 años, padece de fuertes dolores debido a un cáncer terminal, informó en octubre el Comité Pro Libertad de Presos Políticos.
Macaulay instó además a las autoridades nicaragüenses a investigar y sancionar a los responsables de la golpiza que recibieron el de 26 de octubre 17 manifestantes recluidas en la cárcel de mujeres La Esperanza, en las afuera de la capital.
“Tras cortar la energía eléctrica de las instalaciones, un grupo de custodios presuntamente encapuchados ingresaron a las celdas y golpearon a un grupo de mujeres”, reprochó la CIDH, que recordó a Nicaragua su obligación de velar por la integridad y la salud de las detenidas.
Macaulay también se mostró preocupada por “el clima de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que reciben los defensores de derechos humanos, en especial las mujeres”.
La presidenta de la CIDH informó de que durante su visita al país, la Presidencia, la Cancillería y varias entidades de gobierno no atendieron su solicitud de entrevista.
Al menos 325 muertos y 600 detenidos dejó la violenta represión del gobierno contra las protestas, que se iniciaron en abril.
