Managua. Los obispos católicos de Nicaragua rechazaron este viernes participar en el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición para buscar una salida a la grave crisis política del país, aunque los opositores afirmaron que las conversaciones avanzan satisfactoriamente.
"No estaremos físicamente en el foro de negociaciones", anunció la Conferencia Episcopal, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, en un comunicado al concluir una reunión extraordinaria en Managua.
El clero respondió a la invitación que el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) le hicieron el martes pasado para que sirvieran, junto con las iglesias evangélicas, como "testigos y acompañantes" del diálogo que retomaron el 27 de febrero.
"Deseamos que este esfuerzo llegue a buena meta", expresaron los obispos, quienes se comprometieron a elevar sus plegarias para "que Nicaragua encuentre caminos civilizados y justos para una solución pacífica" a la crisis.
La decisión de la Iglesia de apartarse de las negociaciones "es una alerta de que ese diálogo no está empezando bien, no tiene los consensos", declaró el politólogo José Peraza a la AFP.
La Iglesia católica medió en el primer diálogo que el gobierno y la oposición realizaron en mayo pasado, en medio de las violentas protestas que estallaron contra el presidente Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos.
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Las conversaciones fracasaron un mes después debido a la violencia contra los manifestantes y a la negativa del gobierno a discutir la democratización del país, según la oposición.
Ortega acusó en aquel momento a los obispos, a quienes él mismo había invitado a mediar en el diálogo, de ser parte de un supuesto plan “golpista” de la oposición, por haber propuesto adelantar las elecciones del 2021 al 2019 como salida a la crisis.
"Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas", dijo Ortega durante la celebración del aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde hace 12 años y a quien la oposición acusa de haber instaurado una dictadura, calificó las protestas como un intento de golpe de estado.
Más de 700 personas fueron encarceladas por manifestarse, bajo cargos de "terrorismo", al amparo de una cuestionada ley que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión, y forzó a miles al exilio por temor a la represión.
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Durante la crisis, varios sacerdotes y obispos fueron blanco de insultos, amenazas y agresiones por parte de simpatizantes del gobierno, policías y paramilitares, por ayudar a los manifestantes heridos en sus iglesias.
El mandatario acusó incluso a los templos de haber servido como "cuarteles para guardar armamento", algo que la iglesia negó de plano.
El 21 de febrero, Ortega aceptó volver a la mesa de diálogo tras varios meses de crisis que ha llevado a la economía a pique.
Tras definir las reglas de las negociaciones, las partes acordaron invitar a las iglesias católica y evangélica como "testigos y acompañantes nacionales", mientras que el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, fungiría como "testigo internacional".
La comunidad evangélica, que afirma representar a más del 40% de la población, anunció que decidirá este fin de semana si acepta integrarse al diálogo.
"No tenemos respuesta, se decide entre hoy y mañana (viernes y sábado), estamos en proceso de consulta", dijo el dirigente de las iglesias evangélicas Jorge Ulises Rivera.
En medio del revés que representó el retiro de los obispos católicos de la mesa, la oposición dijo que ha habido “una buena receptividad” del gobierno en las conversaciones.
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"Por el momento hemos visto que ha habido buena receptividad, ha sido un poco lento porque hemos tenido puntos en los cuales hemos tenido mucho debate", declaró el exdiplomático Carlos Tünnermann, jefe de la delegación de la opositora.
Este viernes, en la octava jornada del diálogo, que se desarrolla en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), las partes tratan de definir la agenda de negociación.
La oposición demanda incluir la liberación inmediata de los manifestantes presos, justicia para las víctimas de la represión y la democratización, que incluye una reforma al cuestionado sistema electoral, a fin de garantizar elecciones "libres y transparentes".
Ortega, por su parte, ha expresado interés en trabajar en favor de la restauración de la paz, la seguridad y estabilidad del país, cuya economía ha sido fuertemente golpeado por la crisis.
“El tema espinoso es el electoral, pero en el fondo lo que le preocupa a él (Ortega) es lo que va a pasar con él, su familia y sus activos”, estimó el excanciller Francisco Aguirre.