El nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, leyó un comunicado conjunto de las partes en el que anunciaron el marco de sus compromisos para las conversaciones.
Después de semanas de reuniones, ambas partes acordaron que Sommertag funja como “testigo y acompañante internacional” de las negociaciones, pero a diferencia del efímero diálogo del año pasado, no habrá mediadores. También se invitará a representantes de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas para que participen como “testigos y acompañantes nacionales”.
Se propuso al cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y arzobispo de Managua, y al pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores evangélicos, como “testigos y acompañantes nacionales”.
Brenes informó a la prensa de que este viernes dará una respuesta a la invitación, después de reunirse con los 10 obispos de la jerarquía católica en Managua.
El secretario y portavoz del CEN, el obispo de Estelí, Abelardo Mata, expresó que analizarán la participación de la Iglesia católica, que sirvió de mediadora en el primer diálogo que el gobierno abrió con la oposición en medio de las protestas que estallaron el año pasado, y que colapsó en junio por la represión a las manifestaciones.
Las partes señalaron que los acuerdos se alcanzarán por consenso y que de esos compromisos dependerá el resultado de las conversaciones.
Sommertag dijo que hasta ahora “la negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto y búsqueda de entendimiento”.
Las partes acordaron concluir las negociaciones el 28 de marzo como fecha “tentativa” , aunque entre los primeros obstáculos figura acordar la agenda del diálogo.
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La Alianza Cívica, que represente a la oposición, ha exigido la libertad de los presos políticos, la restauración de la libertad de expresión y una reforma electoral. También había demandado la participación de “garantes internacionales” para las conversaciones, pero al parecer ese punto tendrá que esperar hasta el inicio de un diálogo sustantivo.
“Necesitamos la presencia de organismos que le den confianza y transparencia al diálogo, tanto a los participantes como a la población”, porque “se van a discutir temas cruciales para el futuro de país y los acuerdos que se tomen no pueden quedar en papel mojado”, manifestó el delegado de la Alianza Ernesto Medina.
Los detractores entre la oposición han manifestado suspicacias de que las conversaciones sean a puerta cerrada.
El presidente Daniel Ortega se ha referido a los manifestantes como “golpistas” e incluso algunos fueron condenados y sentenciados como “terroristas”, aunque observadores internacionales han sostenido que no hay pruebas de un intento de cuartelazo.
Ortega ha rechazado adelantar las elecciones previstas para noviembre del 2021, como exige la oposición.
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Al menos 325 personas han muerto y más de 2.000 resultado heridas desde el comienzo de las manifestaciones en abril pasado, inicialmente para protestar contra una polémica reforma al Seguro Social, pero que derivaron después en otros reclamos al gobierno, incluida la renuncia de Ortega como mandatario.
En su respuesta y uso de la fuerza, el gobierno reprimió con policías y grupos paramilitares a los manifestantes.
