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La ampliación de la ruta 27, que lleva más de ocho años en proceso de negociación, solo se ejecutaría hasta la mitad, en una primera etapa.
La intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que las obras abarquen desde Escazú hasta Atenas, el cual es considerado el tramo más crítico, según el jerarca de la institución, Efraím Zeledón.
El ministro aseguró que este es uno de los primeros puntos sobre los que se tiene algún avance en la negociación que se lleva a cabo con la concesionaria, Globalvia, e implica además una reducción a la mitad del costo que se había estimado.
“Inicialmente no estaríamos hablando de una ampliación de la totalidad de la vía, cuyo monto ascendía a unos $600 millones, sino que estaríamos buscando una ampliación de la parte más crítica, que sería de Escazú a Atenas y que es la parte que tiene más volumen de tránsito. Esa ampliación rondaría los $300 millones”, afirmó.
De acuerdo con Zeledón, la intención es que esa obra sea asumida por el operador actual; no obstante, aún no disponen de detalles sobre el plazo adicional en la concesión que se otorgaría para que la empresa recupere esa inversión.
La concesión actual mediante la cual opera Globalvia vence en el 2033 y, según las últimas estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), hasta mediados del año pasado, se habían amortizado alrededor de $253 millones de los $301,4 millones que la compañía invirtió en la ampliación de la carretera.
Ese monto corresponde al pago neto de la deuda, luego de aplicar la fórmula contemplada en el contrato, que entre otros detalles implica llevar el ingreso bruto de lo recaudado en peajes a valores del año 2000 (cuando se firmó el contrato). Actualmente la empresa recauda alrededor de $100 millones en peajes cada año; sin embargo, con base en esa fórmula, de esa cifra se amortizan menos de $10 millones al año, y el monto se reduce anualmente al considerar valores como la inflación y la tasa de rendimiento.
Eso implica que aunque aún resten poco menos de ocho años de contrato, es poco probable que se haya cubierto la totalidad del pago pendiente antes de ese plazo, por lo que sería necesario extenderlo aún más para cubrir las nuevas obras.
La secretaria técnica del CNC, Paula Reyes, sostuvo que la ampliación de los plazos y la definición de montos de peajes son parte de los temas de la negociación, que está en curso.
Reyes agregó que una vez finalizada esta etapa, la cual estima esté completa en un plazo no mayor a seis meses, el acuerdo debe elevarse a la Contraloría General de la República a fin de contar con su aval y proceder así con la adenda al contrato de concesión.
El año pasado, el MOPT realizó una contratación de expertos, con la intención de que estos validaran la propuesta financiera y técnica presentada por la concesionaria, la cual era considerada elevada por parte de la Administración.
Consultada sobre los resultados de esa valoración, la secretaria técnica aseguró que los resultados que manejan actualmente son parciales, ya que aún continúan con la negociación.
Plan original
La propuesta original presentada por la concesionaria para ampliar la carretera contemplaba adicionar un carril en cada uno de los tramos desde La Sabana hasta Caldera.
La intención de ese plan entregado en el 2021 era desarrollar la ampliación por etapas e ir aumentando las tarifas de peaje en cada una de las secciones conforme se iban ampliando.
El proyecto completo incluía, además, los pasos a desnivel en los principales intercambios, soluciones geotécnicas en el tramo entre Siquiares y Orotina, así como duplicación de los puentes.
El costo de esas obras se estimó en $600 millones. El compromiso asumido por el CNC en ese momento era que los peajes se incrementarían como máximo un 35%.
Según el plan presentado desde el gobierno anterior por la concesionaria, la primera sección por desarrollar contemplaría el tramo entre el Gimnasio Nacional y la intersección de Siquiares; la segunda etapa sería de Siquiares a Balsa de Atenas; y, posteriormente, el trayecto entre Atenas y Orotina. La última sección comprendería el tramo entre Orotina y Caldera.
Adicionalmente, el gobierno anterior aseguró que las negociaciones con la concesionaria habían quedado en un 80% y que solo restaba la estructuración financiera, considerada una de las fases más complejas.
No obstante, desde el inicio de la actual Administración, las autoridades insistieron en buscar otras alternativas para evitar extender la concesión. Esas gestiones mantuvieron casi paralizadas las negociaciones durante más de un año. Incluso, el exjerarca del MOPT, Luis Amador, insistió en varias oportunidades en la necesidad de “romper” con la concesionaria.
Posteriormente, en el 2024, luego de la salida de Amador, el entonces jerarca, Mauricio Batalla, confirmó que habían retomado el diálogo con la empresa, tras reconocer los altos costos e indemnizaciones que resultarían de la terminación anticipada del contrato.
En agosto del 2024, Batalla dijo a los diputados de la Comisión de Infraestructura que, tras algunas semanas de diálogo, se tenía un 30% de avance en la negociación.
La necesidad de ampliar la ruta 27 surgió desde el 2014, cuando la carretera llegó al límite de su capacidad en varios tramos, apenas cuatro años después de haberse puesto en operación.
