Un acuerdo “conciliatorio” para evitar un arbitraje, firmado en el 2015, condenó al país a seguir pagando varios años más por la ruta 27.
El reclamo original de la concesionaria Globalvia de $90 millones para cubrir el costo de varias obras complementarias que se ejecutaron luego de poner en servicio la carretera, se convirtió tras la conciliación en un compromiso para pagarle $43 millones.
Dicho monto se sumó al contrato original de la concesión, por lo que el costo total del proyecto pasó de $258 millones a $301,4 millones, que deben descontarse según las fórmulas aprobadas en el contrato inicial.
Como consecuencia de lo anterior, aunque la empresa ha recaudado más de $1.065 millones en peajes desde el 2009, solo se habían amortizado $253 millones, que representan un 84% del total de la deuda. Así lo indican datos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) a mayo de este año.
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Esto sucede puesto que se debe llevar el ingreso bruto de lo recaudado en peajes a valores del año 2000. La fórmula para obtener el valor presente incluye la inflación acumulada de Estados Unidos y una tasa de rendimiento del 11.62%. Esto hace que conforme pasen los años se necesite recaudar más en peajes para amortizar $1.
Esa misma fórmula ha generado que año con año, pese a que la recaudación aumenta, el monto que se amortiza sea menor.
Así, por ejemplo, mientras que en el 2009 (primer año de operación) se recaudaron $7,6 millones y se amortizaron $5,1 millones; el año pasado, los ingresos de la concesionaria alcanzaron los $99,1 millones, pero el monto amortizado a la deuda fue de $8,3 millones. Conforme se acerque el plazo del 2033 el monto de recaudación requerido será cada vez mayor.
De acuerdo con esas cifras y las proyecciones publicadas por la concesionaria en su más reciente prospecto de emisión de bonos publicado en la Superintendencia General de Valores (Sugeval), de haberse mantenido el monto original, el país habría terminado de pagar por la carretera entre finales de este año e inicios del 2026. Esto habría allanado el camino para iniciar la ampliación de la ruta con condiciones más favorables.
Esas mismas proyecciones indican que la concesionaria continuaría recibiendo ingresos anuales superiores a los $100 millones durante los 8 años que restan para finalizar la concesión. Esto representaría más de $800 millones que irían a la amortización del saldo pendiente, sin la certeza de que al aplicar la fórmula, se pueda cubrir la totalidad del monto adicional derivado del acuerdo conciliatorio.
Paula Reyes, secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, explicó que se espera que el incremento de $43 millones se cancele en el plazo restante de la concesión; es decir, al 2033.
Según Reyes, si para ese año no se ha completado el pago total, debería reconocerse el remanente conforme lo indica el contrato.
Consultada respecto al impacto que esto tendría en la negociación actual para ampliar la ruta, Reyes sostuvo que se trata de “temas independientes, ya que la ampliación tendría un rubro distinto (gastos de capital y gastos operativos) que debe ser analizado desde un modelo financiero nuevo”.
¿Por qué se dio el acuerdo?
En 2012, Globalvia –antes Autopistas del Sol– demandó al Estado por $90 millones ante el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA), para cubrir una serie de obras que estaban pendientes en la carretera entre San José y puerto Caldera.
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Entre estas obras llamadas consustanciales se encontraban el intercambio del Coyol, las marginales de Siquiares, Turrúcares y Rincón Chiquito (la Guácima) y la rampa de Balsa de Atenas.
Dos años más tarde, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que se había llegado a un acuerdo conciliatorio con la empresa para evitar dicho reclamo, mediante el cual se estableció el pago de $43 millones adicionales y su incorporación al contrato original.
En aquella oportunidad, el entonces jerarca del MOPT, Carlos Segnini, indicó que el monto se pagaría en cuotas hasta que finalice la concesión en el año 2033. Además, aseguró que no afectaría la tarifa de los peajes a corto plazo.
La Nación intentó consultar a Segnini sobre las razones por las que se determinó que dicha negociación resultaba como la opción más indicada para hacer frente al reclamo, pero no contestó los mensajes dejados en su celular.
Actualmente, la concesionaria inició un nuevo proceso de arbitraje para reclamar el pago de $18 millones correspondientes al costo del viaducto que se construyó en el kilómetro 44 de la carretera, para solventar un hundimiento de gran magnitud que afectó el tránsito entre el 2022 y el 2023.
La obra se desarrolló como solución a un hundimiento que persistía en ese punto desde que la vía fue puesta en servicio y que se venía agravando en los últimos años.
Sin embargo, la posición oficial del MOPT es que Globalvia debía pagar el costo del puente, pues aduce que los términos del contrato estipulan que el diseño, construcción, operación y mantenimiento debe ser asumido por la empresa, por lo que la atención de este riesgo se considera parte de esas obligaciones.