A menos de un año de que finalice el actual Gobierno y tras varias idas y vueltas sobre el futuro de la ampliación de la ruta 27, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aún no tiene claro si conviene o no llevar a cabo dicha obra con el actual concesionario.
Según el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, actualmente están a la espera de los resultados de una consultoría que se contrató precisamente para validar los costos planteados por la empresa.
“¿Por qué? Porque toda la ampliación va de la mano con cuánto cuestan las obras que hacen falta. La concesionaria presentó unos montos que se revisaron a lo interno del Consejo Nacional de Concesiones; sin embargo, se decidió hacer una contratación de una firma especializada que nos colabore en la verificación de esos costos para tener, ahora sí, un punto de partida de lo que nos cuesta ampliar y a partir de ahí seguir", dijo Zeledón.
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El ministro sostuvo que los costos son el “punto de inflexión” en las negociaciones que se venían realizando, pues había “controversias” entre lo que la empresa estima y lo que el CNC había calculado que costaría la obra. De esta forma, será dicho análisis el que les brinde un costo a partir del cual continuarían en la negociación.
No obstante, al ser consultado específicamente si aún se valora ejecutar la obra con el actual concesionario, el jerarca afirmó que “la ampliación de la ruta 27 tiene que hacerse”, pero dependerá de los costos.
“Ahora depende de los costos, pues ahí tendremos que tomar decisiones, pero la ampliación es necesaria (...) Habría que ver qué pasa”, dijo Zeledón cuando se le repreguntó sobre si esas decisiones implicarían continuar o no con la empresa en este proceso.
Los resultados de la firma contratada para valorar el costo de la ampliación serían entregados al CNC en los próximos dos meses.
Crónica de años de indefinición
Esta no es la primera vez que el Gobierno duda de ejecutar la ampliación por medio de una extensión en el contrato de concesión que tiene Ruta 27 y el cual vence en el 2033.
En junio del 2022, apenas un mes después de haber asumido, el entonces jerarca Luis Amador, aseguró que no descartaban dejar la ampliación en manos de otra empresa. Posteriormente, en noviembre, aseguró que buscaban determinar cuánto costaba indemnizar a la concesionaria “para ver si nos los podíamos quitar de encima" .
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En varias ocasiones tanto él como el presidente Rodrigo Chaves, manifestaron que había un “desagrado general” en la forma en que operaba la empresa. Durante los primeros dos años del Gobierno las negociaciones se mantuvieron suspendidas, incluso el entonces ministro aseguraba que analizaban otras opciones que incluían desde financiamientos provenientes de Arabia Saudita, hasta fondos de pensiones, sin que ninguno llegara a concretarse.
En agosto del 2023, el gobierno reconoció que romper con la concesionaria elevaría aún más el costo de la ampliación, pues se debía pagar a la empresa al menos $350 millones en el escenario más optimista, o hasta $700 millones en el peor de los casos.
Pese a eso, fue hasta mediados del año pasado, luego de la salida de Luis Amador como jerarca del MOPT, que su sucesor, Mauricio Batalla, confirmó que habían retomado el diálogo con la concesionaria, tras reconocer los altos costos de la terminación anticipada del contrato. En agosto del 2024, Batalla dijo a los diputados de la Comisión de Infraestructura, que tras algunas semanas de diálogo, se tenía un 30% de avance en la negociación.
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Posteriormente, el exjerarca dijo que se estaba analizando que la ampliación en el plazo de la concesión a cargo de Ruta 27 fuera de 25 años.
Posteriormente, el actual ministro sostuvo en abril que estaban concentrados en cobrar cientos de multas a la empresa, al tiempo que esperaban los resultados de la mencionada consultoría.
La semana anterior, durante una entrevista con el noticiero Telediario, Chaves citó la ampliación de la ruta 27 como uno de los proyectos a iniciar en el último año de Gobierno, aunque no brindó detalles sobre cómo planea hacerlo.
La propuesta original presentada por Ruta 27, en el 2021, contemplaba desarrollar la ampliación por etapas e ir aumentando las tarifas de peaje en cada una de esas secciones ampliadas, el costo de las obras se había calculado desde ese entonces en alrededor de $600 millones, asimismo en enero de este año, el CNC confirmó que existe un compromiso de que los peajes incrementen pero como máximo un 35%.
Una vez que el Gobierno y la empresa se pongan de acuerdo en los términos en que se haría la ampliación (si lo hacen), el CNC deberá elaborar la modificación contractual y esta, a su vez, debe ser refrendada por la Contraloría General de la República.