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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) otorgó una nueva prórroga a la empresa Dekra para que continúe a cargo del servicio de revisión técnica en Costa Rica, mediante un permiso de uso en precario que tendrá vigencia durante seis meses más.
La resolución se debe a que la última extensión otorgada a la empresa venció el pasado 27 de julio. El nuevo plazo finaliza el 27 de enero de 2027.
En la directriz firmada por el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, se detalla que la empresa deberá seguir operando con base en las mismas condiciones del permiso anterior; además, el plazo otorgado podría prorrogarse.
La prórroga se sustenta en que a la fecha no se ha resuelto el proceso legal que desencadenó el trámite de contratación con el que se buscaba declarar la nulidad del proceso de licitación para el servicio.
Una vez que se complete esa gestión, el proceso de licitación mayor debería iniciarse de cero, por lo que no se descarta la necesidad de otorgar nuevas extensiones al permiso en precario mientras eso ocurre.
Sin embargo, el jerarca de Obras Públicas indicó a este diario el mes anterior que la intención es que en próximas prórrogas se incluya a una segunda empresa para dividir las estaciones del país (que son propiedad del Estado) entre dos operadores.
Según Zeledón, la idea es que una vez que se abra el servicio, ambas empresas mantengan las mismas tarifas, pero cada una tenga libertad de ofrecer beneficios relacionados, por ejemplo, con horarios de operación o con más líneas de atención.
Además, el MOPT pretende solicitar mejoras en el servicio, como la renovación de equipos, estaciones móviles o más líneas de revisión.
Dekra opera en el país desde noviembre de 2022, cuando fue seleccionada de manera provisional y a discreción para brindar el servicio mediante un permiso de uso en precario, mientras se llevaba a cabo una licitación internacional que cumpliera con las condiciones ordenadas por la Contraloría General de la República.
No obstante, el proceso que comenzó en abril de 2023 se retrasó inicialmente debido a las apelaciones y reclamos de las empresas interesadas, entre estas la misma Dekra que había quedado descalificada en la primera fase por incumplir requisitos financieros, dejando en competencia solo a dos firmas: el consorcio Applus (en el cual participa Riteve SyC) y la empresa alemana Tüv Rheinland.
Posteriormente, en junio de 2025, junio del 2025, luego de que se había acordado dejar en firme la precalificación de las dos firmas, el Gobierno anunció que el proceso se anularía y se haría una licitación desde cero con el argumento de que el trámite no había dado “los frutos esperados”, posteriormente se advirtió la presencia de vicios de nulidad en el proceso.
Las empresas que ya habían sido precalificadas presentaron reclamos y la Contraloría determinó que si el Cosevi consideraba que había vicios de nulidad en el proceso, lo procedente era que el Consejo instruyera el procedimiento para la respectiva declaratoria de nulidad.
