El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) chocó con la Defensoría de los Habitantes sobre el informe final que delimita el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Este jueves por la mañana, la Defensoría cuestionó la confiabilidad técnica de un informe del Minae y solicitó a la Sala Constitucional valorar la necesidad de una validación independiente antes de dar por cumplida una sentencia emitida en marzo de 2025.
El informe fue remitido por el Minae como parte del cumplimiento de la sentencia 2019-12745 (expediente 14-019174-0007-CO), mediante la cual la Sala ordenó definir con precisión los límites del refugio.
En marzo de 2025, ante el incumplimiento de esa resolución, los magistrados dictaron medidas cautelares para evitar “daños graves e irreparables al ambiente” en el Refugio localizado en Talamanca, Limón.
Entre ellas, se frenó el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, así como la ejecución de los ya otorgados por la Municipalidad de Talamanca, sobre 20,1 hectáreas de terrenos clasificados como bosque dentro de la zona marítimo-terrestre del refugio.
La Sala ordenó una moratoria total en el otorgamiento de permisos de tala y aprovechamiento forestal por parte del Minae en los siete bloques de bosque que deben ser reincorporados formal, material y normativamente al Refugio.
La suspensión incluyó permisos previamente concedidos, entre ellos el otorgado a la empresa Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es el empresario Allan Pacheco Dent.
Sin embargo, el tribunal constitucional dispuso que esas medidas cautelares persistirían hasta tanto no se le entregara un informe final de cumplimiento.
Choque
La Defensoría señaló que el informe final presentado por el Minae podría legitimar pérdidas ambientales ocurridas en el pasado, al utilizar como punto de partida la cobertura forestal existente en 2025 en lugar de una línea base histórica previa a la vigencia de la normativa declarada inconstitucional.
Ese ministerio cuestiona el papel de la Defensoría de los Habitantes: “no tiene ninguna experiencia ni capacidad técnica para rendir una opinión sobre temas forestales”. Agrega que la validación por un tercero “no es un asunto en discusión, ni forma parte del alcance del voto”.
Añade que la instrucción de generación de la delimitación del bosque de la Sala se dirigió al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), “no a un tercero, ajeno”.
Pese a lo dicho por el Minae, la Defensoría es coadyuvante en el proceso.
El órgano defensor advirtió que usar como punto de partida la cobertura forestal existente en 2025 podría contravenir principios constitucionales como la irreductibilidad del bosque, la no regresividad ambiental y la recomposición ambiental.
Uno de los aspectos más sensibles señalados por la Defensoría es la supuesta falta de claridad en la identificación y cartografía del bosque anegado, un ecosistema que, de acuerdo con criterios técnicos y resoluciones previas, debe ser tratado como una unidad diferenciada.
Aunque el informe del Minae reconoce la existencia de cuerpos de agua y drenajes, la Defensoría considera que no queda debidamente demostrado que este tipo de bosque haya sido delimitado con criterios especializados.
La Defensoría también cuestiona el supuesto uso del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) como instancia de validación del informe. Sostiene que, al estar adscrito al propio Minae, dicho ente no puede considerarse independiente, ni cuenta con competencias periciales para una evaluación técnica imparcial.
El Minae aclaró cuál fue el aporte de Fonafifo: “Brindó soporte técnico adicional, ya que tiene una amplia experiencia técnica en el manejo de bosque. El apoyo se lideró mediante un equipo profesional de ingenieros forestales con experiencia de campo y se realizó un proceso de validación independiente al proceso de generación de la información.
“Su aporte fue para validar el informe técnico. Sin embargo, no tuvo participación alguna en el proceso de determinación del bosque, ni en la generación de la cartografía”, señalaron desde el Ministerio de Ambiente.
La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional valorar la posibilidad de ordenar una evaluación externa, a cargo de una entidad ajena al Poder Ejecutivo, como la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sala se pronuncia
Al ser consultada por La Nación, la oficina de prensa de la Sala Constitucional informó de que actualmente ese tribunal se encuentra conociendo la gestión presentada por la Defensoría de los Habitantes.
“Por tratarse de asuntos que se encuentran actualmente bajo conocimiento del Tribunal, emitir criterios anticipados o pronunciamientos sobre el fondo implicaría un adelanto de criterio, lo cual resulta improcedente conforme a los principios que rigen la función jurisdiccional”, indicaron desde ese tribunal.