El 23 de marzo, el presidente Rodrigo Chaves firmó un memorando con Kristi Noem, quien suscribió el acuerdo en su condición de secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y enviada especial para el Escudo de las Américas. Además, es la promotora de las polémicas redadas antimigrantes en su país.
Se trata de un acuerdo de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a Costa Rica a personas extranjeras (no estadounidenses) que se encuentran en condición migratoria irregular en Estados Unidos.
Las autoridades aseguraron que se respetarán los derechos humanos de las personas trasladadas y que se evitará enviarlas a países donde puedan enfrentar peligro o persecución.
Sin embargo, estos compromisos surgen en un contexto de antecedentes recientes que han sido cuestionados por instancias judiciales. El mecanismo recordó que, en febrero de 2025, Costa Rica recibió cerca de 200 personas migrantes bajo la figura de “retorno voluntario asistido”, proceso que posteriormente fue cuestionado por la Sala Constitucional mediante la sentencia N.° 2025-19485.
Según el MNPT, en ese caso se detectaron condiciones que violentaron derechos fundamentales, lo que obliga al Estado a garantizar la no repetición.
Principales alertas del mecanismo
El Mecanismo identificó varios riesgos que podrían repetirse si no se corrigen las condiciones del nuevo acuerdo:
- Privación de libertad encubierta: personas retenidas sin posibilidad real de salida voluntaria.
- Posibles tratos crueles o degradantes: incluso antes de su llegada al país.
- Retención de documentos: lo que genera inseguridad jurídica.
- Impacto psicosocial: ansiedad, temor e incertidumbre, especialmente en menores de edad.
- Falta de información y asistencia legal: limitaciones para solicitar refugio o entender su situación.
Riesgos legales para el Estado
La entidad advirtió que aceptar deportaciones sin las debidas garantías podría derivar en detenciones administrativas arbitrarias, violaciones al principio de no devolución y eventuales responsabilidades internacionales para Costa Rica.
Además, alertó que, bajo estas condiciones, el país podría convertirse en parte de una cadena internacional de vulneraciones a los derechos humanos.
La entidad insistió en que cualquier cooperación migratoria debe ajustarse estrictamente al derecho internacional, priorizar la dignidad humana y evitar la criminalización de la migración.
‘Son personas, no mercancías de intercambio’
En febrero de 2025, cuando Costa Rica recibió a 200 migrantes provenientes de 16 países, deportados desde Estados Unidos, quienes permanecieron durante meses en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Corredores, Zona Sur, el Mecanismo denunció que las personas se encontraban en una situación de privación de libertad de facto.
Posteriormente, tras la intervención del ente, el Gobierno emitió una resolución que permitió, por razones humanitarias, que los migrantes pudieran desplazarse dentro del territorio nacional, realizar actividades remuneradas por cuenta propia y acceder a servicios bancarios, entre otros derechos.
“Estas personas deportadas viven un drama humano, y es una obligación del Estado informarles su condición en Costa Rica”, señaló el defensor adjunto, Juan Carlos Pereira.
El jerarca insistió en que no debe haber improvisación en la atención de esta población. “Son personas, no mercancías de intercambio”, enfatizó.
En ese contexto, la Defensoría solicitó a las autoridades un informe detallado sobre las medidas de atención, los lugares de traslado y la asistencia humanitaria que se brindará, e instó a la participación de instituciones como el Inamu, el PANI y la Cruz Roja para garantizar un abordaje integral.
