Maritza (nombre ficticio) no tiene seguro de salud. Esta puntarenense de 48 años laboró durante 16 años en una fábrica, pero perdió su trabajo. Desde entonces no ha encontrado un puesto fijo y realiza actividades informales que le permiten mantenerse ella y a sus dos hijos, ya que es jefa de hogar. No son actividades permanentes: a veces limpia casas, cocina para vender o cuida niños.
Lo que más le preocupa es qué pasaría si se enferma.
“El año pasado me dio una gripe horrible y fui al Ebáis. Me devolvieron porque no estaba asegurada. Me dicen que por mi edad y porque hago algunos trabajitos, yo debería cotizar independiente, pero averigüé y eso es carísimo. Hay semanas en las que no logro ganar casi nada. Hay meses muy malos. No podría pagarlo todo”, reconoció.
Según dijo, tampoco reúne los requisitos para ser asegurada por el Estado, una modalidad que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ofrece para algunas personas en pobreza y pobreza extrema.
Maritza es una de las 360.124 personas que no tienen seguro de salud en Costa Rica, el 6,78% de la población nacional.
La cifra preocupa, aunque ha venido a la baja en los últimos años. Según datos de la Dirección Actuarial de la CCSS, hace diez años, en 2015 constituía el 9,16% de la población.
“Hay distintas razones por las que no están aseguradas: no llenan los requisitos para aseguramientos no contributivos, o por condiciones evasoras no aportan, o su ingreso no es el suficiente para pagar una cuota contributiva”, detalló José Eduardo Rojas López, director de Inspección de la CCSS.
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), también exploró este tema. Para el 2025, la cantidad de hogares pobres sin aseguramiento ascendió a 102.294 viviendas, el 55% de las familias en pobreza o pobreza extrema. Para Edwin Madrigal Méndez, coordinador de la Enaho 2025, la informalidad es uno de los principales factores que inciden en esta problemática.
“Es uno de los factores más altos del índice de pobreza multidimensional (IPM)”, resumió.
Para Rojas, la informalidad va más allá: “La informalidad tiene varias causas, pero en esencia tiene que ver con la capacidad de un país para generar empleo formal. La gente cae en la informalidad porque busca trabajo y no encuentra, y tiene que hacer ciertas actividades para mantenerse. Es relevante porque, de alguna forma, se dice que la informalidad es causada por la Caja, pero no es así, es más estructural”.
¿Dónde están los no asegurados?
Si bien la Enaho 2025 midió la variable del aseguramiento, los datos no coinciden con los de la CCSS (son cifras más altas), porque el estudio del INEC también incluye a quienes desconocen si están asegurados o no.
“Alguna gente tiene seguro de salud y no lo sabe. Eso nos pasa mucho”, afirmó Madrigal.
El INEC estimó que el 9,1% de la población carece de seguro de salud o desconoce si lo tiene.
Esta condición es más común en los hombres. El 11,1% de ellos no tiene seguro, contra un 7,2% en las mujeres.
También es más común en zonas rurales, donde el 9,9% de las personas está en esta condición, frente a un 8,7% en las áreas urbanas.
En las regiones socioeconómicas también se ven diferencias. Casi la mitad de los hogares sin acceso a seguro de salud está en la región Central, pero esto también se debe a que es la región del país con más habitantes.
Cuando se observa internamente cada región, también hay diferencias. El INEC analizó a las personas sin seguro en cada zona. Ahí se aprecia, más bien, que la región con menor proporción de personas sin seguro de salud es la Central, con un 8,1% de habitantes sin asegurar.
En cambio, la Huetar Norte, que incluye la zona fronteriza con Nicaragua, tiene un 14,1%.
¿Qué pasa con estas personas en caso de enfermedad?
José Eduardo Rojas explicó que la Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema en varias ocasiones. Si se trata de una emergencia o urgencia, la persona debe ser atendida para salvaguardar su derecho a la vida.
“Se le atiende, se sale de la emergencia o urgencia y después se le cobran los servicios en los que se incurrió. Si se trata de una consulta externa, la persona tiene que pagar de previo los servicios para acceder a ellos”, explicó.
¿Qué sucede si la persona no tiene dinero para sufragar los servicios? Rojas señaló que en la seguridad social prima el derecho a la vida.
“Ante una emergencia o urgencia, en cualquier persona, la CCSS lo va a atender y lo va a sacar. Son derechos que se extienden a migrantes. Hay que facturarlos, pero dentro del contexto cobratorio existen diferentes situaciones para tratar esa deuda. Puede ser que estemos ante una situación en que la persona no tenga posibilidad de pagar. Y la institución la maneja como una situación de difícil cobro o incobrable. Ahí entra la solidaridad del régimen”, explicó.
Varias formas de seguro
Mientras la CCSS cubre al grueso de la población costarricense, hay un 0,3% de habitantes con un seguro privado o extranjero.
La Nación conversó con José Eduardo Rojas y con Ivonne Ruiz Barquero, directora de Coberturas Especiales de la CCSS, para explorar las diferentes formas de acceder a un seguro de salud, su distribución y por qué algunas personas siguen quedando fuera.
En términos generales, hay dos tipos de seguros: el contributivo y el no contributivo.
Quienes contribuyen pagan cotizaciones; el 77% de la población se ubica en este rubro y se divide en tres categorías: asalariados, trabajadores independientes y quienes pagan un seguro voluntario.
El seguro no contributivo cobija mayoritariamente a tres grupos: personas en pobreza o pobreza extrema aseguradas por el Estado, así como los dependientes de los asegurados directos (hijos, parejas, padres) y los pensionados que ya no cotizan, pero que lo hicieron durante toda su vida laboral.
En menor medida hay asegurados por convenio. Por ejemplo, se tiene uno con el Ministerio de Justicia y Paz para la población carcelaria, o con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ruiz también comentó que hay casos especiales, como personas con VIH que reciben atención para su condición, independientemente de su estatus. En esta categoría también entran los exámenes preventivos y la atención del cáncer de cérvix y, en casos específicos, menores de 25 años.
En busca de soluciones
Rojas y Ruiz señalaron que la CCSS ha trabajado en opciones para facilitar el acceso a los servicios de salud, especialmente en casos como el de Maritza.
“En muchas ocasiones, la desinformación genera temor para acercarse a la institución y ver cuáles son los mecanismos para solventar la situación. La CCSS tiene condiciones y situaciones especiales que en ciertas circunstancias brindan facilidades para el aseguramiento o para los pagos”, dijo Rojas.
“Hay personas que pueden creer que su caso no califica; tal vez oyeron que alguien les dijo algo. El mensaje es que se acerquen”, concluyó Ruiz.