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Los últimos contratos de concesión de rutas de autobús se firmaron desde el 2021, pero a la fecha, más de la mitad de esos convenios siguen sin estar debidamente refrendados porque los empresarios no han completado los requisitos.
A esta conclusión llegó la Defensoría de los Habitantes luego de revisar datos solicitados a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), institución a cargo de refrendar los contratos firmados entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público y los operadores del servicio de autobús.
De los 197 contratos que debían refrendarse desde 2021, solo 89 lograron el aval por parte de Aresep. Esa aprobación es un requisito establecido en el artículo 12 de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores.
Para el trámite de refrendo, el operador debe presentar los estados financieros auditados, entre otros documentos. Además, la Aresep debe revisar que el Consejo de Transporte Público haya cumplido con la revisión de frecuencia de recorridos y el estado de las unidades.
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“Este proceso que debe liderar el CTP ha sido significativamente lento”, afirmó la Defensoría en un comunicado de prensa.
Según la entidad, el Consejo atribuye el retraso a las cargas de trabajo, la conformación de los expedientes con el contrato y los requisitos establecidos por Aresep, por lo que adujo que se está atendiendo la labor en tiempo extraordinario y condicionado a los recursos que se pueden asignar.
Los contratos actuales de las rutas de autobús fueron firmados durante el gobierno de Carlos Alvarado, bajo el liderazgo de Rodolfo Méndez Mata.
En marzo de 2021, en una entrevista con La Nación, Eduardo Brenes, entonces viceministro de Transportes, defendió el proceso al expresar que a los buseros “se les exige de todo como empresario y el Estado no les da nada”.
Durante el trámite de concesión, Brenes se negó a entregar copia completa de los expedientes que respaldaron la contratación argumentando que tenían información privada.
“Este atraso conlleva un riesgo para la seguridad de las y los usuarios, porque, según afirma el propio CTP, solamente a esas 89 rutas ya refrendadas puede exigirles un plan de mantenimiento de las unidades”, agregó la Defensoría de los Habitantes.
