Las constantes emergencias provocadas por autobuses que se incendian en carretera por desperfectos mecánicos o eléctricos motivó a la Defensoría de los Habitantes a realizar una inspección sin previo aviso en el Consejo de Transporte Público (CTP).
Según un comunicado de prensa divulgado por la Defensoría de los Habitantes, la inspección en las oficinas del CTP tenía el objetivo de conseguir información de los expedientes administrativos relacionados con las unidades quemadas en las vías.
Hasta el 14 de noviembre del 2024, según los registros oficiales, 26 buses ardieron en llamas. A la misma fecha del 2023, 39 unidades de transporte público se perdieron por el fuego.
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La inspección de la Defensoría de los Habitantes detectó inconsistencias. Por ejemplo, en un solo expediente hallaron información de tres incendios asociados a tres vehículos distintos. Además, archivos relacionados con incendios que no tienen número de expediente.
“Cabe destacar que, dicha información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, por evento o por empresa prestadora del servicio”, declaró la entidad.
También, la Defensoría de los Habitantes señaló importantes omisiones en los expedientes administrativos por incendios, como ausencia de las respuestas dadas por las empresas dueñas de los automotores incendiados y archivos sin foliar, lo cual impide darle trazabilidad a las gestiones.
“El procedimiento administrativo que lleva a cabo el CTP para la recopilación de información de cada uno de estos eventos no se encuentra regulado”, subrayó la Defensoría de los Habitantes.
La institución pública prometió que presentará un informe completo sobre este tema en las próximas semanas.
Según información de Bomberos de Costa Rica, las principales causas de incendio de autobuses son fuga de combustible por alguna tubería o conexión floja o quebrada, problemas eléctricos como cables que hacen contacto y producen un corto circuito y sobrecalentamiento del sistema de frenado.
El CTP es una entidad que ha sido fuertemente cuestionada desde asociaciones de usuarios y la Asamblea Legislativa en los últimos años, ya que se le acusa de ser débil en la regulación del sistema de transporte público y de padecer de conflictos de interés por tener una junta directiva integrada por empresarios autobuseros y taxistas.