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Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional, llamó a audiencia a la contralora general de la República, Marta Acosta, para que se refiera al proceso de la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), en el marco del análisis de un recurso de amparo.
El pasado 26 de noviembre, el magistrado instructor Rueda ordenó la suspensión inmediata de la subasta, tras un recurso de amparo presentado por un ciudadano.
Según la resolución, Rueda encontró indicios plausibles de que continuar con las licitaciones podría provocar daños severos, debido a una disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos de Costa Rica.
La medida cautelar se mantiene vigente mientras los magistrados resuelven el recurso de amparo presentado contra las licitaciones que conforman este proceso.
Solicitud de audiencia
Como parte de ese análisis, en un oficio del 19 de diciembre, el magistrado pidió a la Contraloría remitir al Tribunal las actuaciones e intervenciones del órgano contralor en las licitaciones mayores 2025LY-000001-SUTEL (radiodifusión sonora en AM), 2025LY-000002-SUTEL (radiodifusión sonora en FM) y 2025LY-000003-SUTEL (radiodifusión televisiva de acceso libre).
Además, concedió una audiencia a Marta Acosta para que se manifieste “sobre los hechos objeto de este recurso y los informes de las autoridades recurridas con respecto a las aseveraciones que involucran a la CGR”.
Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría confirmó a La Nación la solicitud e indicó que la audiencia es para “aportar al expediente del recurso de amparo la documentación de nuestras actuaciones relativas a las licitaciones citadas, así como para referirnos a ellas en el marco de nuestras competencias, de manera escrita”.
También indicó que aún se encuentran dentro del plazo para atender el requerimiento del magistrado, el cual vence el jueves 8 de enero.
“Por lo anterior y dado que este es un tema que corresponde resolver al órgano constitucional, la Contraloría General de la República se abstendrá de emitir comentarios al respecto”, agregó la División Jurídica.
Contraloría dio luz verde a la subasta
En octubre, este diario informó que el órgano contralor dio luz verde a la primera subasta para la concesión de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, al rechazar 29 recursos de objeción presentados contra los pliegos de condiciones elaborados por la Sutel.
Con esa decisión, el concurso impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) quedó habilitado para continuar su proceso, marcando un cambio en la forma en que el país asigna el uso del espectro radioeléctrico, que históricamente se renovaba de manera directa.
En total, la Contraloría resolvió tres procedimientos principales:
- Radiodifusión sonora en FM (concurso 2025LY-000002-SUTEL): se presentaron 15 recursos, todos rechazados.
- Radiodifusión sonora en AM (concurso 2025LY-000001-SUTEL): se recibieron ocho recursos, igualmente rechazados.
- Radiodifusión televisiva de acceso libre (concurso 2025LY-000003-SUTEL): se presentaron tres recursos, también desestimados.
Además, tres recursos adicionales fueron rechazados previamente por haber sido presentados fuera de plazo o sin cumplir con las formalidades requeridas.
En los primeros días de octubre, 19 empresas y organizaciones presentaron objeciones al proceso, entre ellas Televisora de Costa Rica (Teletica), la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), la Cámara Nacional de Radio y Televisión, la Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC Radio S. A.
Pocas ofertas recibidas en la subasta
El viernes 21 de noviembre, tras expirar el plazo para presentar ofertas, la Sutel solo recibió propuestas de 14 empresas por 25 de las 85 bandas del espectro radioeléctrico que se encuentran actualmente en operación en Costa Rica, debido a los altos precios definidos por la Sutel para participar en la subasta.
Solo tres empresas presentaron ofertas para cuatro frecuencias de televisión con alcance nacional.
En el caso de la radio, 60 emisoras descartaron presentar ofertas. Se trata, en su mayoría, de estaciones rurales, católicas, evangélicas y culturales, que no pudieron pagar el monto exigido por el Estado para tomar parte en la subasta.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), 5.000 personas perderían su empleo si el proceso continuaba en los términos actuales.
