Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Carlos Watson Carazo, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) solicitaron a última hora una vista oral ante la Sala IV, cuando el recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión iba en fase avanzada de resolución.
La petición formal, firmada el 23 de febrero por la ministra y el presidente del Consejo argumentó que el caso reviste “complejidad técnica y regulatoria significativa” y que una vista oral permitiría exponer elementos especializados que —según indicaron— no podían desarrollarse plenamente por escrito.
En el oficio, las autoridades señalaron que el fallo tendría implicaciones trascendentales para la gestión del espectro radioeléctrico, recurso que calificaron como escaso y estratégico, y que una vista oral contribuiría a una decisión “debidamente informada”.
Sin embargo, en el expediente del recurso de amparo consta que a la jerarca del Micitt sí tuvo audiencia escrita en todo el proceso desde hace meses y, fue el magistrado instructor en este proceso, Paul Rueda Leal, quien le solicitó a la ministra rendir informe.
Eso significa que Bogantes Zamora tuvo oportunidad de hacer su descargo correspondiente en tiempo y forma.
Accionante alegó intento de dilación
Sin embargo, el autor del recurso de amparo, Giovanni Delgado Castro, presentó una oposición formal en la que calificó la gestión como “manifiestamente improcedente” y extemporánea.
Según el accionante, la Sala IV ya contaba con todos los elementos técnicos, jurídicos y probatorios necesarios para dictar sentencia, por lo que aceptar la vista oral implicaría introducir una dilación injustificada en un proceso constitucional que se encontraba listo para votación.
Delgado advirtió que el proyecto de resolución había sido conocido en al menos seis ocasiones sin que se concretara la votación, circunstancia que —afirmó— no debía aprovecharse para “reabrir o alterar el curso natural del proceso”, según consta en su oposición dentro del expediente del caso.
“Pretender hacerlo en este momento constituye un uso impropio del procedimiento constitucional y una actuación contraria a los principios de lealtad procesal y buena fe”, indicó en su escrito.
El recurrente también alegó afectación al principio de justicia pronta y cumplida, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, y pidió a los magistrados rechazar de plano la solicitud del Micitt y la Sutel y proceder con la votación del expediente.
Sala resolvió sin convocar a vista
Cuatro días después, este 27 de febrero, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y anuló los procedimientos de licitación de las frecuencias de radio y televisión abierta, al considerar inconstitucional que se utilizara la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación en la puja, sin garantizar el pluralismo de medios y contenidos.
Además de anular los concursos, el tribunal ordenó a las autoridades del Ejecutivo y del sector telecomunicaciones garantizar la continuidad del servicio mientras se diseña un nuevo modelo de asignación que incorpore criterios de pluralismo y distribución equitativa del espectro.
La sentencia se dictó sin que se realizara la vista oral solicitada por el Micitt y la Sutel.