La idea de introducir talleres de perspectiva de género por un monto de $53.000 (casi ¢32 millones), en el presupuesto de la nueva radial de Lindora, Santa Ana, surgió de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés).

La organización reconoció la propuesta tras una consulta realizada por La Nación.

Ese rubro fue incluido al tiempo que el costo del proyecto, administrado por UNOPS, pasó de $8,5 millones a $19 millones entre 2016 y 2020 por cambios en los diseños, retrasos y un aumento en los gastos administrativos.

Hoy, el Conavi no cuenta con el 100% del financiamiento para la obra y la fecha para su inicio es una incertidumbre.

El proyecto, de 2,2 kilómetros, arrastra una larga lista de interrogantes de la Contraloría General de la República, la cual rechazó a una adenda solicitada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para ampliar el presupuesto de la obra en $10,5 millones, el pasado 28 de setiembre.

Precisamente, uno de los cuestionamientos de la Contraloría sobre el proyecto fue la introducción de esas charlas.

“¿A qué se refiere con los talleres de perspectiva de género? En ese sentido, resulta necesario que indique qué relación tiene con la obra y la razón por la que tiene un valor de $53.000”, consultó la Contraloría en el oficio 14975.

Alejandro Rossi, director de UNOPS en Costa Rica, manifestó que incluyeron los talleres “con el objetivo de sensibilizar a todo el personal que trabajará en las obras con respecto a temas como acoso callejero, hostigamiento sexual, acoso laboral e igualdad de género”.

¿Por qué cubrir esas capacitaciones con fondos públicos y no delegarlo en una responsabilidad de la constructora a cargo de la obra?

“No estamos capacitando y sensibilizando para “beneficiar” a empresas contratistas, sino para cambiar un paradigma que hoy se repite en buena parte de la población masculina con presencia en obras de construcción”, respondió Rossi.

Aseguró que el costo de los talleres será de $5.000, pero esa cifra difiere a la que se indicó en la documentación enviada a la Contraloría.

¿Por qué insertar una partida de $53.000 para talleres en una obra cuyo precio se duplicó en cuatro años, que no tiene los fondos asegurados y en momentos de estrechez fiscal? ¿Es necesario?

Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi, afirmó: “No sé, en este momento yo estoy centrado en resolver temas medulares, que es cómo vamos a continuar con el proyecto y qué respuesta vamos a darle a la Contraloría en cada una de las preguntas, una vez que ya tengamos un análisis completo podremos brindar una respuesta".

“¿Quién define qué es estrictamente necesario? Lo defino con un equipo y haremos el análisis”, agregó.

En total, fueron 35 las interrogantes plasmadas por la CGR en un oficio dirigido a Rodríguez, el 21 de julio del presente año.

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El plan del Gobierno era empezar la construcción durante el segundo semestre del año, pero los obstáculos que acarrea la obra tornan esa meta casi imposible, como lo reconoció semanas atrás el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

Otros problemas

El Conavi adjudicó este proyecto, desde febrero, a la empresa H. Solís por $13,3 millones y la supervisión técnica a la firma Ginprosa por $676.000. Sin embargo, no se han formalizado los contratos porque no se cuenta con el 100% de los recursos, ni el aval de la Contraloría para extender el contrato con UNOPS.

Sobre ese punto, la Contraloría demanda al Conavi precisar por qué se cambiaron los diseños de construcción originales, por qué se contrató a una empresa (RQ Ingeniería de Tránsito) para la modificación de los planos si estaba previsto que esa tarea la realizara UNOPS, así como precisar si los cambios se deben a omisiones o readecuaciones.

También, el órgano contralor requirió indicar si existen expropiaciones pendientes, detallar el monto necesario para la restitución de servicios públicos y aclarar si ese rubro estaba incluido en el presupuesto original de $8,5 millones.

Rossi admitió que, debido a las condiciones actuales del proyecto, existe el riesgo de dejar sin efecto la licitación, lo cual implicaría empezar de cero con el proceso de contratación.

Carlos Carmiol, vocero de H. Solís, expresó que aún no valoran el escenario de que la obra no se materialice.

“Por el momento no visualizamos ese panorama. Nuestro mayor interés es poder realizar las obras en beneficio del interés público (...) Nos encontramos a la espera de que la Administración nos indique el siguiente paso seguir", aseveró.