Diego Bosque. 3 enero
La ampliación de la vía a San Ramón incluye la construcción de nuevos carriles en la autopista General Cañas. Los trabajos no se han podido realizar debido a que el fideicomiso, adjudicado al Banco de Costa Rica (BCR), está varado. Fotografía: Mayela López
La ampliación de la vía a San Ramón incluye la construcción de nuevos carriles en la autopista General Cañas. Los trabajos no se han podido realizar debido a que el fideicomiso, adjudicado al Banco de Costa Rica (BCR), está varado. Fotografía: Mayela López

Los trámites para comenzar a construir la nueva carretera entre San José y San Ramón tomarían, al menos, tres años, por lo cual la vía prevista para descongestionar el tráfico en esos 60 km no estaría concluida ni al final del próximo Gobierno.

(Video) Trámites para comenzar vía a San Ramón tardarían tres años

El Banco de Costa Rica (BCR), encargado del fideicomiso para la obra, calculó en 37 meses (1.126 días) el plazo para tener listos los estudios técnicos, económicos y financieros; gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones, reubicar asentamientos y conseguir el dinero necesario para la construcción.

Esa fase, denominada como etapa preoperativa, comenzará formalmente cuando el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el BCR consigan $35 millones para financiarla. De los $35 millones, $15 millones se destinarían a pagar las expropiaciones. El número de propiedades no está claramente estimado, pues en noviembre del 2014 se hablaba de 29 aunque el diseño de la vía era otro.

La información fue suministrada por Hadda Múñoz, ingeniera del BCR a cargo del proyecto.

El tiempo que tomaría finiquitar los trámites para empezar la construcción equivale al 77% del próximo Gobierno, que comienza el 8 de mayo del 2018.

El proyecto de ampliación de esta carretera comenzó en 1994. Actualmente, en algunos tramos de esta importante carretera, que prácticamente es de dos carriles, circulan de 84.000 a 110.000 vehículos al día. La idea es llevarla a tramos con tres o cuatro carriles.

Inicialmente, la ampliación de la carretera a San Ramón fue dada en concesión a la constructora brasileña OAS por $524 millones, pero en abril del 2013, la expresidenta Laura Chinchilla frenó el proyecto porque los ramonenses se oponían al costo de los peajes previstos (¢1.965 por sentido y de ¢3.930 ida y vuelta).

El 1 de mayo de 2013 miembros del Foro de Occidente protestaron contra la concesión de la vía a San Ramón y el costo de los peajes, el cual consideraban elevado. Fotografía: Albert Marín
El 1 de mayo de 2013 miembros del Foro de Occidente protestaron contra la concesión de la vía a San Ramón y el costo de los peajes, el cual consideraban elevado. Fotografía: Albert Marín

En febrero de 2015, el presidente Luis Guillermo Solís firmó una ley para crear un fideicomiso y financiar la carretera por medio de esa figura. Sin embargo, el proyecto sigue sin iniciarse.

Datos claves como el costo final de la obra, el valor de los peajes, cantidad de estaciones de cobro, número de expropiaciones y diseños finales siguen sin conocerse.

Uno de los principales obstáculos es que el Conavi carece de fondos para costear la etapa preoperativa.

"Le planteamos tres escenarios al Conavi, un escenario intermedio y dos escenarios críticos y ya formalmente nos respondieron que no tienen capacidad financiera para hacer aportes para la preinversión (...) En estos momentos, los recursos necesarios para el desarrollo de la etapa preoperativa tienen que ser a través de un préstamo", afirmó Múñoz.

En uno de los panoramas propuestos, el BCR solicitó al Conavi, al menos, $4,4 millones para pagar los gastos de la preinversión durante el primer año del fideicomiso, pero el Consejo respondió que no tiene fondos para eso.

La estimación de las autoridades es que por la vía entre el aeropuerto internacional Juan Santamaría y el cruce hacia San Ramón transitan por día 84.000 vehículos. Fotografía: Mayela López
La estimación de las autoridades es que por la vía entre el aeropuerto internacional Juan Santamaría y el cruce hacia San Ramón transitan por día 84.000 vehículos. Fotografía: Mayela López

Por esta razón, el BCR busca un préstamo en algún otro banco, entidad pública autónoma u organismo multilateral.

El BCR y el Conavi esperan definir el financiamiento de la preinversión, a más tardar, a finales de marzo.

La Nación solicitó al BCR una copia del cronograma de trabajo, pero su respuesta es que no la pueden dar porque aún no es definitivo y debe ser aprobado por el Conavi.

Adrián Sánchez, gerente a. i. de la unidad supervisora del proyecto del Conavi, dijo que los plazos del cronograma están en revisión.

También declaró que las condiciones del crédito que se elija para la preinversión serán inspeccionadas.

En un año

Según el BCR, a inicios del 2019 se conocerá el costo de la obra, las expropiaciones y el valor de los peajes y otros detalles importantes de la obra.

Muñoz indicó que, por ahora, no se puede estimar el monto que pagarán los usuarios por circular por esa carretera.

En junio del 2017, Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo que es muy probable que el importe del peaje por viajar en ambos sentidos sea mayor a ¢4.000.

"Ese es un tema que habrá que trabajar y dependiendo de la magnitud del monto de los peajes habrá que buscar alternativas de solución (...) Una opción posible es fijar un peaje sombra (menor al importe real) con algún aporte del Estado para que el peaje sea socialmente aceptado", Germán Valverde, ministro del MOPT en junio del 2017.

No obstante, Muñoz señaló que hablar del monto de los peajes sin tener los estudios necesarios es especular.

¿Es imposible cumplir con las expectativas creadas entre la población de tener una carretera mejor que la planteada en la concesión y con peajes más baratos? "Es especular, por eso son importantes los estudios de factibilidad, esos estudios nos van a permitir decir cómo debe estructurarse el proyecto", declaró la ingeniera del BCR.

Paul Brenes, líder comunal que se opuso a la concesión y propuso el modelo de fideicomiso, calificó de "inadmisible" el plazo de 37 meses para la preinversión.

“No sé de dónde están sacando ese plazo, nosotros sabemos que puede ser menos, 37 meses nos parece exagerado (...) ese plazo nos parece inadmisible", aseveró Brenes.

Agregó que no son responsables de haber creado falsas expectativas entre la población al expresar que el fideicomiso les permitiría construir la obra más rápido.

“No somos responsables, planteamos que esta carretera se pudo haber inaugurado en esta administración, el Gobierno no ha podido manejar este proyecto”, declaró el dirigente al referirse que el Poder Ejecutivo tardó mucho en establecer el banco fiduciario y el contrato de fideicomiso.

En octubre de 2016, la viceministra de Infraestructura, Guiselle Alfaro, manifestó que cancelar la concesión con OAS fue un "error" por el tiempo que el país ha perdido sin ejecutar la obra.

“Esta es una apreciación muy personal, pero yo creo que sí (fue un error), aunque somos un país complejo, no hay contrato que no se pueda ajustar (...). El tiempo que tardamos en la formalidad de cualquier sistema, sea un fideicomiso, un préstamo o una concesión, es tiempo valiosísimo y fue tiempo que se perdió”, Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, octubre de 2016.
Sin cumplir expectativas

En julio del año anterior, Mario Barrenechea, gerente general suspendido del Banco de Costa Rica, impulsó una adenda al contrato de fideicomiso para que el Banco obtuviera control total sobre las decisiones del proyecto.

Uno de los cambios planteados era que la etapa de preinversión pasaría de 38 a 19 meses y que la obra empezaría el 18 de enero del 2019.

No obstante, esas modificaciones no se materializaron en la adenda final que el Conavi firmó con el BCR.

En la actualidad, Barrenechea descuenta tres meses de prisión preventiva, ya que es investigado por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un crédito para importar cemento desde China.

Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista del BCR, también en prisión por el mismo caso, fue quien firmó la adenda final que se envió a la Contraloría General de la República.