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Las municipalidades no pueden usar el dinero proveniente del impuesto único a los combustibles en reparar vías cantonales que no cumplan con un ancho mínimo de 14 metros. Así lo determinó la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 30 de octubre.
La Procuraduría explicó que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de reparar las vías vecinales aunque estas no cumplan con el ancho mínimo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos. Sin embargo, sí existe una excepción en cuanto a los recursos provenientes del impuesto a la gasolina.
La excepción está en el artículo 2 de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias. El quinto párrafo prohíbe que los gobiernos usen estas transferencias del Gobierno para rutas que no cumplan con los 14 metros de ancho.
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La vía frente a la Catedral Metropolitana de San José mide aproximadamente 10 metros de ancho; la calle de La Amargura, en San Pedro de Montes de Oca, mide siete metros; mientras que la vía frente a la Iglesia de Atenas, 12 metros.
Según datos aportados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) al diputado liberacionista Gilberth Jiménez, en cantones como Corredores o Buenos Aires, ambos en la provincia de Puntarenas, el 95% de las vías no cumple con el ancho mínimo establecido por Ley de Caminos.
En Golfito, el 71% de las carreteras tienen un ancho inferior a 12 metros y, en Osa y Pérez Zeledón, las cifras llegan al 46% y 48%, respectivamente.
La PGR se pronunció ante una consulta de la auditora de la Municipalidad de Atenas, Maricruz Arce Delgado, el 3 de agosto anterior. Ella preguntó a la Procuraduría si es legal invertir fondos públicos en rutas que incumplen esa medida.
El abogado del Estado explicó que las municipalidades tienen la competencia exclusiva para planear y ejecutar la construcción o reparación de los caminos de la red vial cantonal.
En cuanto a las rutas de menos de 14 metros de ancho, los ayuntamientos sí pueden usar fondos originados en aportes de contribuyentes locales o préstamos, por ejemplo.
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En su pronunciamiento, la PGR reconoció que no es realista pretender que todos los caminos del país cumplan con dichas medidas.
“No podemos desconocer que, de hecho, podrían existir vías de esa y otra naturaleza con menor medida que requieren mantenimiento, dada su condición de vía pública. Negar esta realidad sería condenar al abandono a estos caminos, en perjuicio del interés de la colectividad”, señaló la institución.
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¿Cuáles son los ‘caminos vecinales’?
La Ley General de Caminos Públicos establece que los caminos vecinales son aquellos caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales.
Además, también son caminos vecinales aquellos que unen caseríos y poblados con la Red Vial Nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia.
Diputado liberacionista propone reforma de ley
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y exalcalde del cantón de Desamparados, Gilberth Jiménez, planteó el jueves 3 de noviembre una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos.
De aprobarse la reforma propuesta por el verdiblanco, se exceptuarían del ancho mínimo aquellas rutas “reconocidas, debidamente inventariadas, codificadas y georreferenciadas en rutas nacionales y cantonales, que consten en los registros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de los gobiernos locales”.
De esta forma, las rutas angostas que ya estén inventariadas podrían recibir inversiones provenientes del impuesto único a los combustibles.
El diputado Jiménez alegó que la limitación a la inversión en caminos vecinales pone “en altísimo riesgo el desarrollo económico el país, por cuanto tendrían que dejarse en abandono prácticamente un aproximado del 80% de la red vial del país”.
