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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá restituir en el cargo de director de Educación Vial a Hugo Jiménez Bastos, de 61 años, quien había sido despedido en agosto del año pasado tras completarse un proceso de más de seis años.
En el fallo que fue notificado este jueves al MOPT, se dejan sin efecto el informe de auditoría de ese ministerio y la resolución del Tribunal de Servicio Civil que derivaron en el despido de Jiménez.
“Se ordena el reintegro del señor Hugo Jiménez Bastos a la plaza de la cual fue destituido. Se condena al Estado a cancelar a favor del accionante los salarios, aumentos, salario escolar y aguinaldo que dejó de percibir como consecuencia del despido que por el presente fallo se declara nulo”, indica la resolución 000179-F-TC-2020, del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que fue emitida el pasado 24 de setiembre.
Además, cita el Por Tanto, que el Estado deberá pagarle a Jiménez ¢10 millones como indemnización “por daño moral subjetivo” y las costas del proceso.
Jiménez devengaba, al momento de su despido, un sueldo de más de ¢2,8 millones mensuales y se mantuvo fuera de su cargo desde el 16 de julio del año pasado hasta la fecha, por lo que solo por concepto de salarios caídos acumula más de ¢42 millones a su favor.
A ese monto se suman los pagos de aguinaldo y salario escolar que dejó de percibir en el último período, así como la citada indemnización.
Hugo Jiménez se desempeñó en el cargo de director de Educación Vial desde 1994 y laboraba en el MOPT desde 1982.
El proceso que dio con el despido el año anterior había sido iniciado desde el 2013, luego de que varios informes de auditoría lo señalaran como responsable de eliminar los mecanismos que permitían mantener un control cruzado entre los subalternos y su jefatura, lo cual propició que funcionarios de la Dirección de Educación Vial llegarán a cobrar hasta ¢500.000 por convalidar licencias de extranjeros que, en algunos casos, no cumplían con los requisitos.
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Antes de ese proceso iniciado en el 2013 y que se alargó debido a múltiples recursos, solicitudes de nulidad y apelaciones presentadas por el funcionario, el director de Educación Vial ya había enfrentado otras investigaciones y solicitudes ministeriales para removerlo de su cargo debido a las irregularidades que se presentaban en la dependencia que él tenía a cargo.
En la resolución recién emitida por el Tribunal de Casación, los jueces determinaron que la eliminación del password por la que se culpó a Jiménez y que habría facilitado los cobros mencionados; no representaba “un verdadero control entre el jefe y subalternos”.
“En ese sentido, la base de despido de don Hugo se asienta sobre una premisa incorrecta, sea que con la solicitud de eliminación del citado password hecha en el oficio DG-1297-11 del 11 de octubre de 2011, se eliminó el control cruzado que existía, pues, como se dijo, con esa clave en realidad no existía control cruzado alguno”, indica la sentencia.
Además, añade el Tribunal, tampoco se pudo concluir que los actos de corrupción dados a conocer en el 2012, se dieron por la eliminación de dicha contraseña.
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De acuerdo con la sentencia, la solicitud de eliminar ese mecanismo más bien se hizo con el fin de detectar a los funcionarios que estaban cometiendo actos de corrupción, bajo previa coordinación con instancias judiciales y ayudó en la investigación, detección e individualización de los funcionarios que en apariencia incurrían en los actos de corrupción, asociados con la validación de licencias de extranjeros.
Notificación
El director de recursos humanos del MOPT, Christian Méndez, confirmó que el propio abogado de Jiménez, notificó a ese ministerio sobre la resolución desde la semana anterior.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que lo que prosigue es acatar lo determinado por el Tribunal.
Además, dijo desconocer si Jiménez estaría próximo a acogerse a su pensión (tiene 61 años de edad y más de 37 años de laborar en el ministerio), pero adelantó que el departamento de Educación Vial, al igual que otras dependencias asociadas con la división de Transportes, estarían próximas a ser reestructuradas por lo que podrían darse variaciones en los cargos ocupados por este y otros funcionarios.
“Nosotros queremos realizar toda una restructuración de las áreas que componen todo el tema de la seguridad vial, transporte público, dirección de tránsito y una vez que iniciemos eso, ciertamente es muy probable que haya modificaciones en cuanto al formato de la organización”, explicó.
En agosto de este año, el MOPT anunció que el Departamento de Acreditación de Licencias de Conducir de la Dirección General de Educación Vial dejará de imprimir esos documentos, así como los permisos temporales de manejo, pues pasará a manos del Banco de Costa Rica.
Además, la semana pasada, en un foro organizado por La Nación, el jerarca de ese ministerio dijo que solo en Educación Vial había cerca de 25 funcionarios próximos a pensionarse y sus plazas no podrían recuperarse debido a los recortes presupuestarios.
El puesto de director de Educación Vial ha estado siendo atendido de manera interina por Javier Montero, quien fungía como subdirector.
La Nación intentó conocer la reacción de Jiménez, mediante su abogado Ramón Badilla, pero este, por su parte, dijo que prefería abstenerse de dar declaraciones pues “las sentencias son autosuficientes”.
Delegó en la hija de Jiménez la reacción; sin embargo, se llamó a la también abogada Diana Jiménez y no atendió a las llamadas hechas al teléfono brindado por Badilla.
