Eliminar los mecanismos que permitían mantener un control cruzado entre los subalternos y su jefatura, propició que funcionarios de la Dirección de Educación Vial llegarán a cobrar hasta ¢500.000 por convalidar licencias de extranjeros que, en algunos casos, no cumplían con los requisitos.
Esa conducta fue lo que detonó el larguísimo proceso de despido de la máxima autoridad en esa dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Hugo Jiménez Bastos, con 37 años de trayectoria y 25 en la jefatura.
La gestión para destituirlo que fue iniciada en agosto de 2013 por el entonces ministro, Pedro Castro Fernández, le llevó a ese ministerio casi seis años. Según la resolución del Tribunal Administrativo del Servicio Civil, “la conducta desplegada por el recurrente fue omisa, negligente e irresponsable”.
Tales conductas, venían de varios años atrás.
El hecho que desencadenó su salida se concretó en octubre del 2011 cuando, mediante un oficio, el funcionario solicitó a la directora de Tecnología de la Información que en caso de convalidación de licencias de extranjeros los digitadores hicieran el trámite independientemente del control cruzado, para el cual se requería una contraseña que él pidió eliminar.
Sobrevinieron al menos cinco informes de auditoría con sus respectivas advertencias en las que se indicaba que la eliminación del requisito de autorización por parte de un superior representaba un riesgo.
El temor era porque los empleados que realizaban las convalidaciones podían poner el nombre de cualquiera de los funcionarios autorizados sin haberle preguntado, por ejemplo.
Ante los informes de auditoría, Jiménez adujo que una de las razones para eliminar la contraseña de la jefatura era que implicaba el constante traslado del superior al cubículo del digitador.
En respuesta, se le indicó que dicho problema quedaba obviado pues se podía realizar la autorización desde la computadora del jefe mediante una pantalla inicial con la que podía ver lo que el digitador estaba tramitando.
Pese los llamados de atención, Jiménez remitió otro informe, en setiembre del 2012, donde informaba de que continuaría con el sistema de convalidación.
En el periodo en que se realizaron las auditorías también el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó a hacer pesquisas, las que llevaron a la detención de varios funcionarios tras determinar los cobros ilegales de hasta ¢500.000 por convalidar los permisos de conducir a foráneos.
Esa situación, obligó a la Auditoría a remitir un oficio, esta vez dirigido al despacho del entonces ministro Pedro Castro, donde se le recomendaba que instruyera a Jiménez para que restableciera el control cruzado en el sistema de autorizaciones.
Fue entonces, cuando Castro optó por solicitar el despido ante la Dirección General del Servicio Civil.
FUENTE: Tribunal Administrativo de Servicio Civil.. DISEÑO/LA NACIÓN.
Fuerte defensa
Para evitar su despido, Jiménez interpuso todo tipo de recursos de apelación, nulidad, excepción y caducidad de las resoluciones, así como solicitudes de desestimación de pruebas que alargaban el proceso.
Incluso, en febrero del 2014, presentó una solicitud de revocatoria y nulidad elevando el caso al Tribunal Administrativo del Servicio Civil y ese mismo mes acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para presentar una medida cautelar que paralizara el acto administrativo.
Pese a eso, el 17 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo rechazó las apelaciones de Jiménez y confirmó la resolución de despido.
En su resolución ese Tribunal indicó: “El servidor Hugo Antonio Jiménez Bastos abusa del poder, la autoridad y de la confianza que se le ha brindado para el cabal desempeño de sus funciones, en perjuicio y menoscabo de los bienes públicos, del interés público e institucional y de la buena imagen de la Administración al decidir por sí la eliminación de un medio técnico electrónico que permitía un control válido y más eficaz en el trámite y autorización de convalidación de licencias expedidas en el extranjero para conducir y negarse abiertamente a restablecer dicho control”.
Posteriormente en una fecha no determinada también acudió a los tribunales contenciosos administrativos con una demanda contra el Estado.
Fue ese trámite que luego se elevó a la Sala I, lo que mantuvo a Jiménez en su cargo hasta este año.
Según consta en la resolución del Tribunal Administrativo, fue hasta noviembre del 2018 que la Sala I dejó en firme su resolución inicial, la que confirmó la separación. No obstante, transcurrieron ocho meses más para que esta se hiciera efectiva.
La resolución del Tribunal Administrativo determinó que "las decisiones tomadas por el recurrente en su condición de Director General de Educación Vial, en relación con el sistema de convalidación de licencias extranjeras no fueron ni apropiadas ni convenientes, no solo por virtud de los hechos acaecidos en la institución, los cuales tuvieron repercusión pública y que afectaron obviamente la imagen institucional, sino además porque existe normativa expresa que dispone lo contrario. Su reiterada y obstinada negativa a atender las recomendaciones técnicas de la Asesoría en Tecnología de Información del Cosevi, puso en riesgo evidente la seguridad de los procesos de convalidación de licencias extranjeras”
Jiménez, de 60 años fue despedido sin responsabilidad patronal el 16 de julio, luego de 37 años de trabajar en el MOPT, y 25 de estar nombrado como director de Educación Vial. El salario que devengaba por ese cargo era de ¢2,4 millones.
Otros intentos
La del 2013 no fue la primera vez que un ministro pedía el despido de Jiménez, quien ingresó a laborar a ese institución en 1982.
En el 2003, el entonces ministro Javier Chaves hizo la solicitud para sacar de su puesto al funcionario, luego de que una investigación interna revelara supuestas fallas que “incentivaban” la corrupción en la emisión de licencias de conducir.
En esa ocasión Chaves aseguró que “en sus narices se vendían licencias y él era la cabeza”
Sin embargo, esa solicitud fue anulada en abril del 2004 por un Tribunal Superior de Trabajo que consideró que Jiménez actuó de forma diligente ante las denuncias de anomalías.