La aseveración de Méndez Mata ocurrió el jueves durante una comparecencia en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Públicos, ante la que el ministro rindió informe sobre el estado de las cuatro plantas de asfalto en las que se invirtieron casi ¢4.000 millones y que están en desuso.

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Una parte de ese personal que sobra en el MOPT se relaciona, precisamente, con el tema de las plantas de asfalto.

El cierre de esas instalaciones se dio, entre otras cosas, luego de la aprobación de la Ley Especial de Transferencia de Competencias, con lo cual se le otorgaba a las municipalidades la responsabilidad de intervenir las vías cantonales.

Esa situación no solo hizo que la utilidad de las plantas desapareciera sino que dejó a la institución con una planilla engrosada por trabajadores de infraestructura en un ministerio que prácticamente no ejecuta obra pública.

Méndez Mata reconoció ante los diputados de la Comisión que los empleados que antes se dedicaban a construir y dar mantenimiento a las carreteras vecinales fueron reubicados en funciones de plantel en distintos lugares del país.

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“El Ministerio tiene un problema derivado de la ley de transferencias. Estas plantas, si se hubiera querido que operasen para beneficio de las municipalidades, se debieron haber transferido con la ley de transferencia.

Al Ministerio obviamente se le eliminó una tarea que antes de eso fue de mucha actividad, como era mantener caminos vecinales, se le quitó esa responsabilidad y se le dejó todo el personal”, dijo Méndez.

Según el jerarca, en este momento enfrentan un “problema social más fuerte” en relación con el tema de personal, para el cual están buscando una solución.

De acuerdo con información suministrada por la División Administrativa del MOPT a diciembre pasado, la planilla del Ministerio la conforman 3.883 trabajadores.

El problema de las plantas

Sobre las citadas plantas de asfalto, Méndez Mata presentó un informe a los diputados en el que detalló que las cuatro plantas productoras de mezcla asfáltica ubicadas en Cañas, Guanacaste; Colima de Tibás, Buenos Aires de Puntarenas y Siquirres en Limón, representaron una inversión de ¢3.903 millones, pero se requerirían más de ¢9.000 millones para ponerlas a operar.

Esas plantas se adquirieron entre 2011 y 2015.

“Se adquirieron sin planificación ni estudios previos, sin determinación del recurso humano necesario, sin tomar en consideración problemas de gestión ambiental y sin la valoración de un sistema gestión de calidad, que es indispensable para la operación de este tipo de plantas”, aseveró.

Recalcó que la ley de transferencia le impide al MOPT incurrir en gastos de cualquier índole para caminos vecinales, por lo que no podría continuar produciendo asfalto para regalarlo o subsidiarlo a los municipios y estos no estarían en capacidad de comprar las cantidades que se requieren para que las plantas resulten rentables.

Consultado sobre la posibilidad de producir asfalto para que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) lo utilice en el mantenimiento de la red vial nacional, el ministro dijo que la ley de creación de ese ente lo obliga a que esta atención sea contratada a empresas privadas.

Los diputados también cuestionaron insistentemente en relación con la compra de la planta que se trasladó a Buenos Aires de Puntarenas, la cual fue inaugurada por el presidente Luis Guillermo Solís en junio del 2017, incluso cuando ya se tenía por aprobada la ley de transferencia. Dicha planta nunca entró en operación y tuvo un costo de ¢739 millones.

Apenas tres meses después de ese anuncio, el MOPT ordenó el cierre de todas esas instalacione. La medida, según el actual ministro, se tomó porque no se cumplía con los términos de un decreto que reglamenta los sistemas de almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos.

Actualmente ninguna de las plantas dispone de personal en la cantidad de clasificaciones idóneas, ni con la asignación de un regente químico o equipo para tener un laboratorio en sitio.

Además ninguna (a excepción de la de Siquirres) cumple con la rentabilidad y sostenibilidad para hacer que el costo por tonelada sea menor al que se adquiere a nivel privado.

En algún momento, recordó Méndez, varias municipalidades mostraron en interés en hacerse con las plantas, sin embargo se les ha advertido sobre la necesidad de hacer estudios de factibilidad para que no enfrenten los mismos problemas que el Ministerio.

En caso de que no se concrete la opción de donarlas a estos gobiernos locales, la siguiente alternativa sería venderlas a empresas privadas.

“ Todos los informes nos indican que para el MOPT es absolutamente innecesario y le es casi prohibitivo operar las plantas a menos que corra el riesgo, el jerarca de turno, de incumplir las leyes que obligan a resguadar el buen uso de los recursos del país. No tenemos los recursos y no existe demanda”, añadió el jerarca.

Ante la insistencia de los diputados de buscar responsables por la compra de dichas plantas sin que se previera su factibilidad, el ministro dijo que pedirá una investigación ante la Contraloría General de la República, con respecto a la adquisición de los equipos.

Además, los diputados acordaron llamar a comparecer a los exministros de Obras Públicas, Carlos Villalta y Germán Valverde, ambos de la administración Solís Rivera.