EscucharConstructora MECO S.A., empresa de capital costarricense, enfrenta en Panamá una investigación por supuestos pagos de comisiones a altos funcionarios públicos de ese país a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avances de proyectos.
La información fue suministrada por Kenia Porcell, procuradora general panameña, durante una conferencia de prensa este martes.
Según la investigación realizada por las autoridades de aquella nación, dos "altos funcionarios" del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) exigieron a los empresarios, entre 2011 y 2012, giros de dinero para acelerar las gestiones y los pagos por los trabajos ejecutados.
"Exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda le exigieron a empresarios del sector de la construcción que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 y 2012, un porcentaje del valor de la obra a cambio de la agilización de los trámites administrativos, así como desembolsos de dineros del Estado a favor del contratista. De no hacerlo se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones", dijo Porcell.
La funcionaria explicó que, con ayuda un abogado particular y un extrabajador bancario, los exempleados públicos de esos ministerios crearon una sociedad anónima llamada Blue Apple Service. Esa sociedad abrió, a su vez, cinco cuentas bancarias en Banesco, Capital Bank y Banco General para que las constructoras depositaran allí las supuestas dádivas.
Luego, según las pesquisas, Blue Apple Service movía los fondos a otras sociedades anónimas en Hong Kong, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas.
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El Ministerio Público afirmó que con ese mecanismo se movieron $40 millones.
Tras ser consultada por La Nación, la empresa indicó "que no existe un caso abierto o requerimiento de la Fiscalía en contra de constructora MECO".
En la nota enviada en horas de la tarde de este martes, MECO afirma que ha colaborado con las autoridades de la vecina nación para este caso.
"La posición de MECO ha sido de completa colaboración y respetuosa de las acciones de la Procuraduría General de la nación", dijo.
De acuerdo con la procuradora Kenia Porcell, fueron las entidades bancarias las que alertaron al Ministerio Público de los movimientos porque consideraban las transacciones sospechosas al tiempo que cerraron las cuentas.
“Hemos comprobado delitos contra la Administración Pública en su modalidad de corrupción de funcionarios públicos, contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales y contra la seguridad colectiva en su modalidad de asociación ilícita para delinquir por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas”, declaró.
Añadió que hay firmados cinco acuerdos de cooperación con los investigados y que ya recuperaron $20 millones.
Según el diario panameño La Prensa, MECO es una de las empresas que aceptó hablar con las autoridades judiciales.
En total, la investigación abierta desde setiembre de 2017, involucra 33 personas. De ellos, 21 enfrentan cargos por legitimación de capitales.
Los investigados se exponen a penas que van de dos a ocho años de prisión.
¿Qué proyectos asumió MECO en Panamá?
En su sitio web, MECO presume la ejecución de movimiento de tierras durante la ampliación del Canal de Panamá. También mencionan la excavación de un túnel de 4 kilómetros y la construcción de una presa de 2,5 kilómetros para ese mismo proyecto.
Además, fueron los responsables de las carreteras nacionales entre las poblaciones La Villa y Las Tablas, Los Santos, Viguí-San Félix y Chepo, entre otras.
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En Costa Rica, MECO mantiene millonarios contratos para conservación vial con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), construyó el viaducto de Paso Ancho por $10 millones y tiene a cargo el camino de 2,3 kilómetros para ingresar a la nueva Terminal de Contenedores de Moín por $77 millones.
Esa obra ha sido cuestionada por los diputados y los medios de comunicación por la pifia de 80 metros entre el punto donde concluyó el camino provisional y la entrada al muelle.
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Esa diferencia provocó que el proyecto se encareciera, pues, el monto presupuestado al inicio era de $71 millones.
La compañía también fue seleccionada para levantar un viaducto en la rotonda de las Garantías Sociales, en Circunvalación, y construir el nuevo puente sobre el río Virilla en la ruta 32. Ambos proyectos suman una inversión de $40 millones, aproximadamente.
No obstante, la Contraloría General de la República anuló, semanas atrás, las adjudicaciones porque los encargados de los procesos de contratación no han hecho públicos los expedientes.
