Luego de que se diera a conocer la existencia de dos denuncias penales en su contra, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, expresó mediante un video, que no le causan preocupación.
La Fiscalía General confirmó que en el expediente 22-000059-0033-PE tramita las dos gestiones presentadas, una por abuso de autoridad y, la otra, por prevaricato, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Ambas están asociadas con el proceso impulsado por él para la selección de un nuevo operador de la revisión técnica vehicular en el país.
Sin referirse a los delitos que se le atribuyen, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tildó de “testaferros” a los responsables de que se iniciaran estos procesos.
“Por eso es que mucha gente no se mete en política, porque hay gente temeraria que presenta denuncias, que son testaferros de empresas o grupos con interés y que cuando sus intereses son tocados, optan por meter presión de esta manera. A mí, al final de cuentas, esto ni me inmuta y pueden presentar las denuncias que correspondan, porque tengo la conciencia muy tranquila de que se ha actuado de la manera correcta por el interés y bienestar de Costa Rica”, afirmó.
Luis Amador califica de serruchapisos a quienes lo denuncian
Amador amenazó con contrademandar a quienes le atribuyan delitos, “para que empiecen a escarmentar”.
“Lo que uno no entiende es por qué Costa Rica no se desarrolla y se supera. y ahí se da cuenta de que es por la falta de madurez política y por el juego de serruchapiso que existe de manera extendida y el dominio y control de grupos políticos y económicos que intentan manejar a la Administración Pública como su títere”, concluyó.
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La Fiscalía confirmó a La Nación que tramita dos causas contra Amador en un mismo expediente el proceso para otorgar, bajo un permiso de uso en precario, las estaciones y equipos para que una empresa privada brinde el servicio de inspección vehicular.
Una de las causas fue presentada el 12 de agosto por el abogado Miguel Jiménez Cerros, quien argumentó que Amador había sido advertido por la Procuraduría General de la República (PGR) de que el procedimiento para seleccionar al nuevo operador debía ser estructurado e impulsado por la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), órgano competente por ley. Sin embargo, señaló el abogado, el jerarca se apartó de esa obligación.
Propuesta de revisión vehicular enfrenta obstáculos legales
“Con fecha del 30 de junio del 2022, con pleno conocimiento de causa por haber sido ya informado de previo por la Procuraduría General de la República, el señor ministro Luis Amador Jiménez, de manera dolosa, publica en la página web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una invitación para la recepción de ofertas hasta el 15 de julio del 2022, de empresas interesadas en la obtención del permiso para la realización del servicio público de inspección técnica vehicular, actuación que precisamente comporta el delito tipificado como prevaricato conforme lo tipifica el artículo 357 del Código Penal, toda vez que dicho ministro no se apega a lo señalado por el órgano procurador e irrespeta flagrantemente el artículo 25 de la Ley de Tránsito, ya que no es facultad del ministro realizar dicho proceso, careciendo de legitimación para ese efecto”, dijo en la denuncia.
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Amador defendió su actuación semanas atrás, asegurando que podía realizar la selección bajo su doble potestad como ministro y como presidente de la junta directiva del Cosevi.
Actualmente, el jerarca tiene pendiente la resolución de los recursos de apelación presentados en contra de ese proceso, a pesar de que él mismo impulsó la selección de la empresa alemana Dekra para dar el servicio por dos años.
Cerros indicó a este medio que además de la denuncia penal también existe una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de que se suspenda el acto administrativo de adjudicación del permiso y se anule el proceso.
