Jerarca del MOPT exige reunirse con máximas autoridades de CHEC cansado de atrasos en ruta a Limón

Cansado del lento avance con el que ha caminado la ampliación de la ruta 32, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, pidió una reunión con los más altos ejecutivos de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

Sin embargo, Méndez recibió este viernes la noticia de que el encuentro todavía no tiene fecha prevista debido a la emergencia que atraviesa el país asiático a causa del nuevo coronavirus.

“Yo les pedí una reunión de alto nivel para seguir trabajando el tema, lamentablemente la respuesta es que están en problemas porque no pueden salir de China algunos de los personeros”, explicó el jerarca.

El funcionario aseguró que aún no están satisfechos con el avance del proýecto, a pesar de que reconoce que ha habido algunos cambios en la ejecución.

“No es lo que nosotros esperamos de ellos”, sentenció.

De acuerdo con el ministro, el avance total de los trabajos era de entre 25% y 30% hace unas dos semanas.

Parte de su reclamo, dijo, tiene que ver con la promesa incumplida por CHEC de entregar los primeros 20 km de la ruta, entre Guápiles y Siquirres, en febrero de este año.

Desde finales del año pasado se indicó que la empresa incumpliría su compromiso, debido a supuestos problemas para trasladar materiales pesados por los puentes existentes.

Por esta razón, Mendez pretende que los directivos de la compañía ofrezcan una rendición de cuentas más detallada sobre este y otros inconvenientes surgidos.

La constructora indicó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) que la entrega del primer tramo sufriría un atraso debido a sus estudios revelan que los puentes de ese sector sufrirían fallas estructurales por el peso de unas vigas de gran tamaño que deben pasar por ellos.

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La intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al pedir que se adelantara la entrega de este tramo era medir la calidad, logística y rendimiento de la empresa, así como determinar si hay algún aspecto que deba subsanarse.

El proyecto de ampliación de la ruta 32 comprende 107 kilómetros entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

La obra contempla la restauración de los 33 puentes ubicados a lo largo de ese trayecto y la construcción de nuevas estructuras paralelas a estos.

La empresa también debe construir cinco intercambios que se ubicarán en el cruce a Río Frío, Guápiles, Siquirres, el acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y otro en Moín.

El contrato, además, incluye cinco intersecciones, 24 puentes peatonales, bahías para autobuses, accesos a calles existentes y barandas tipo New Jersey para separar los flujos vehiculares.

Originalmente, el plazo para la construcción era de 34 meses, los cuales vencían en octubre de este año.

Sin embargo, la empresa pidió una prórroga de 400 días (más de un año adicional) para entregar la obra. El MOPT reconoció solo 174 días debido a atrasos causados por huelgas, expropiaciones y traslado de servicios.

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Pero con lo ejecutado hasta la fecha, el cumplimiento de ese plazo final tampoco está garantizado.

La lenta ejecución ha mantenido inquieta a la Administración, que incluso optó por elaborar un cronograma de obras, debido a que la empresa no entregó un plan con el detalle que las autoridades pedían.

En distintas ocasiones, el MOPT ha presionado a la empresa para que intensifiquen las obras, al tiempo que la compañía desde un inicio alegó que la orden de inicio se emitió sin que se tuvieran las condiciones necesarias para empezar la obra.

Esa orden de inicio “ficticia” fue otorgada en noviembre del 2017 durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, sin que para entonces se contara con los diseños definitivos, expropiaciones, permisos y traslado de servicio, entre otros requisitos de las etapas previas. Fue hasta marzo del 2018 cuando comenzaron las primeras obras.

El proyecto tiene un costo de $465 millones, de los cuales $396 corresponden a un préstamo con el Eximbank de China y una contrapartida estatal por $69 millones.

Además, el MOPT pretende tramitar un préstamo adicional con el mismo banco chino por $100 millones para completar obras que no se incluyeron en el contrato original.