Con la aprobación de los presupuestos que permiten a la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva) utilizar los fondos que se encontraban embargados, la entidad retomará el proceso de reestructuración con el que pretende llevar al mínimo su planilla y así procurar el equilibrio financiero que persigue desde la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, aseguró que la reducción de personal se intensificará en los próximos meses, hasta alcanzar el número planteado, que es de alrededor de 300 empleados. Actualmente hay en nómina 498 trabajadores.
El plan continuará al tiempo que deberán resolver otro problema, pues este viernes trascendió que la Sala Segunda dejó en firme una sentencia condenatoria contra la entidad, que la obligará a pagar miles de millones a sus empleados e incluso a exfuncionarios, producto de una demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
A consecuencia de ese proceso fue que la empresa portuaria padeció por un año el congelamiento de sus cuentas bancarias con ¢5.300 millones, lo que frenó la reducción de personal contemplada dentro del plan de modernización, pues esos son fondos necesarios para cubrir extremos laborales de los operarios cesados.
Los recursos fueron liberados en abril, pero se requiere de autorizaciones de la Contraloría General de la República para acceder a ellos. Hasta el momento ya se han dado dos.
“A partir de la aprobación del primer monto, hemos seguido reduciendo personal y ahorita con el segundo monto viene el intentar contratar los primeros servicios tercerizados y llevar la planilla a donde debió estar hace un año si no nos hubieran embargado”.
Sin precisar sumas, Centeno informó de que hace dos semanas recibieron la segunda aprobación, por lo que ahora “hay que apretar motores” para completar el proceso que se inició en 2019.
“Japdeva no se va a recuperar si no nos dejan completar la reestructuración, en eso hemos sido muy claros. La Administración retoma con todo lo que haya que hacer”, aseveró la jerarca.
Parte del plan de reestructuración incluye la tercerización de algunos servicios para abaratar los gastos de operación.
La intención es concretar la reestructuración en el primer semestre del próximo año, aunque Centeno reconoció que esos primeros meses del 2022 van a ser “muy intensos” porque ya van retrasados y por las normas presupuestarias que les impedirán ejecutar una parte de recursos al cierre de este año.
Otra complicación
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A eso se suma la reciente ratificación de la condena por parte de la Sala II, que los obliga a pagar retroactivamente un 3% adicional como aporte patronal al fondo de ahorro de los trabajadores, según la negociación en la convención colectiva desde el 2002. Ese aporte adicional se mantuvo vigente hasta el 2016.
La presidenta de Japdeva, reconoció que ese fallo representará un “impacto”, cuya intensidad no han logrado cuantificar, pero que podría representar un importante riesgo en la búsqueda del equilibrio financiero. Se estima que serán al menos ¢5.000 millones.
Para el 2018, la planilla de Japdeva era de 1.200 trabajadores. Ese año la entidad tuvo que desembolsar ¢30.200 millones en salarios. El 35% de ese monto (¢10.570 millones) representaba incentivos salariales recibidos por los operarios. Ese mismo año, la entidad cerró con un déficit de ¢3.416 millones.
La crisis de Japdeva, que para el 2018 ya arrastraba cuatro años de pérdidas, se intensificó con la operación del megapuerto que a partir de febrero del 2019 los dejó sin el 80% de sus operaciones. Aunque la empresa conocía desde muchos años atrás de entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en manos de la firma holandesa APM Terminals, la estatal no diversificó sus negocios ni redujo su planilla a tiempo.
