El Gobierno ya tomó una decisión sobre el futuro de la revisión técnica vehicular ante el cada vez inminente vencimiento del contrato con la empresa Riteve SyC, encargada de dar el servicio de inspección actualmente en el país.
Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo a La Nación que finalmente cree que “hay luz al final del túnel”, aunque no reveló cuál será el camino que seguirá la Administración para garantizar el servicio a partir del 15 de julio próximo.
Según el jerarca, será el presidente Rodrigo Chaves quien comunicará esta semana, cuál será el mecanismo para realizar la revisión o si mantendrá a Riteve como responsable temporal, mientras se realiza un nuevo concurso.
En caso de que esta última sea la opción a seguir, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá correr para presentar una solicitud de prórroga a la Contraloría General de la República (CGR), la cual tendría que autorizar la extensión del contrato vigente.
Ante la consulta de este diario, el órgano contralor informó de que no se había recibido ninguna gestión de parte del Gobierno en esa línea.
A partir del 15 de julio los equipos, instalaciones y terrenos de Riteve pasarán a manos del Estado. (Cortesía)
Una de las condiciones que mantenía la Administración para negociar una eventual prórroga con Riteve era que la empresa firmara el traspaso de bienes que se haría efectivo el 15 de julio. Esa negociación además contemplaba, según el jerarca del MOPT, la necesidad de una reducción de tarifas, porque ya no hay que amortizar por el pago de las instalaciones.
La firma española había manifestado a La Nación que estarían anuentes a bajar las tarifas en caso de que se otorgue una prórroga temporal, mientras se realiza un nuevo proceso de contratación.
En caso de optar por contratar a una nueva empresa para que asuma dicha tarea, cualquiera que sea la elegida debería acreditarse ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
El ministro de Obras Públicas, también sostuvo durante una conferencia de prensa, que en caso de no lograr un acuerdo con Riteve, mantenían bajo estudio otras alternativas, entre ellas el proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez para dejar el servicio en manos de cooperativas.
Riteve brinda el servicio de inspección vehicular desde el 2002. Inicialmente, el contrato para operar en el país era por 10 años y daba posibilidad de una sola prórroga, que que se concretó en el 2012.
Desde mediados del año pasado, la Contraloría venía advirtiendo sobre el próximo vencimiento y la imposibilidad de otorgar más plazo a la empresa de origen español, pero pese a los múltiples informes y llamadas de atención, el anterior gobierno no cumplió con las disposiciones del órgano contralor relacionadas con la obligatoriedad de garantizar la continuidad del servicio y preparar la transición hacia un nuevo prestatario.
La Administración presentó en abril una solicitud de prórroga ante la Contraloría, sin embargo, esa petición fue rechazada, pues carecía de información técnica, entre esta, los detalles sobre el modelo a seguir, el mecanismo tarifario y los términos de la nueva licitación.
