De ahora en adelante, las empresas privadas podrán recibir en concesión no solo la construcción de nuevas carreteras, sino también asumir la operación y mantenimiento de vías existentes.
Esa posibilidad para el MOPT se abrió con la firma de la reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, realizada este jueves por parte del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Con la legislación, impulsada por la diputada liberacionista Silvia Hernández, se pretende eliminar debilidades de la figura de concesión de obra pública y generar mayores capacidades, así como darle transparencia y disposición de recursos para una adecuada implementación de proyectos.
Esta normativa regula el modelo llamado “optimización de activos públicos”, mediante el cual inversionistas privados (empresas o fondos de pensión) podrían reconocer al Estado un pago por una carretera existente y asumir el mantenimiento, operación (cobro de peajes) y gestión por un plazo determinado.
Bajo ese esquema, el Gobierno podría ahorrar recursos de mantenimiento, garantizarse el buen estado de la vía y generar nuevos fondos para reinvertir en otros proyectos para comunidades aledañas a la obra.
La Ley de Concesiones tiene 20 años de existir y en el país solo se han desarrollado dos obras bajo ese modelo: la carretera San José-Caldera y la Terminal de Contenedores de Moín.
Aparte del presidente, la firma de la ley estuvo a cargo del ministro interino de Hacienda, Nogui Acosta, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. En el acto participaron, además, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y la diputada Hernández.
Una de las modificaciones introducidas a la ley es la figura de “optimización de activos de infraestructura” como uno de los posibles contratos administrativos. Esto permitirá, por ejemplo, concesionar infraestructura que ya existe, para poder darle mantenimiento y garantizar sus buenas condiciones.
Además, la normativa elimina la restricción a la contratación de estudios y fortalece las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al incluir entre sus tareas la promoción nacional e internacional de los proyectos por otorgar.
Los eventuales concesionarios deberán reconocer al Gobierno un pago inicial o diferido por las obras preexistentes. Estos fondos deberán ser invertidos en proyectos de obra pública y servicios conexos.
La reforma agrega fuentes de ingresos al Fondo Nacional de Concesiones para la promoción de capacidades de la institución y la preinversión de proyectos.
Otras mejoras
Según explicó la firma consultora Deloitte, se crea un fondo de preparación de proyectos que permitirá generar una cartera de proyectos de concesión (asocios públicos privados), con sus respectivos estudios de pre y factibilidad.
Es decir, se contará con recursos para desarrollar lo estudios técnicos y otras actividades previas que permitan generar una cartera de proyectos comercial y financieramente sólidos.
Para la creación del fondo de preinversión, se traslada un 2% del total que recauda el impuesto del derecho de circulación o impuesto al ruedo (que hoy genera cerca de $300 millones por año, de los cuales el 50% va al Conavi, el restante 50% tiene otros destinos). Esto equivale a aproximadamente $6 millones anuales y se aportará durante 10 años.
Además, agrega Deloitte, se introduce el modelo de reciclaje de activos.
Este modelo permite la concesión de un activo existente, de manera que el sector privado reconozca al Estado una contraprestación inicial o periódica por el derecho que se le otorga de explotar dicho bien, comprometiéndose a su vez al mantenimiento y mejora permanente.
También, se le otorga la facultad al CNC de efectuar alianzas con instituciones como la Agencia de Promoción de Inversiones (Cinde) para la promoción local e internacional de los proyectos de concesión.
Esto permitirá transferir al desarrollo de concesiones las lecciones aprendidas y experiencia exitosa del sector de comercio de exterior y atracción de inversión extranjera directa.
