En un esfuerzo por limitar la emisión de gases contaminantes, el Gobierno firmó este miércoles varios decretos ejecutivos, uno de los cuales exonera a los vehículos eléctricos usados del pago del impuesto selectivo de consumo al ingresar al país.
El decreto Decreto Ejecutivo 41426-H-MINAE-MOPT lo firmaron los ministros de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. También lo suscribió el presidente Carlos Alvarado Quesada.
El decreto que extiende el beneficio a automotores eléctricos usados concierne solo a aquellos que funcionen con electricidad u otra tecnología sin emisiones y sin motor de combustión cuya antigüedad sea igual o menor a 5 años a partir del año de su modelo.
El beneficio abarca tanto a automóviles, motocicletas, vehículos de transporte de carga, microbuses o autobuses.
Específicamente, se les exonera de pagar el Impuesto Selectivo de Consumo. El incentivo se aplicará únicamente a los vehículos con un valor CIF en aduanas no supere los $30.000.
Este límite económico, sin embargo, no se aplicará a vehículos de transporte público o transporte de carga.
Estos vehículos eléctricos usados tampoco estarán sujetos a la restricción vehicular y podrán utilizar parqueos azules dentro de los parqueos públicos, así como de supermercados, centros comerciales y demás parqueos privados, según lo estipulado en la Ley N°9518, Incentivos y Fomento para el Transporte Eléctrico, de 25 de enero de 2018.
Este decreto (y los demás) regirán una vez publicados en el diario oficial La Gaceta; publicación prevista para la otra semana, indicó la primera dama Claudia Dobles quien coordinó el proceso que articuló la redacción y firma de estos decretos como parte de los proyectos de movilidad impulsados por Casa Presidencial.
Dobles enfatizó que la exoneración para carros con un valor CIF igual o menos a $30.000 es específicamente para volver accesibles este tipo de carros a sectores de población de clase media.
“Esto está dirigido a personas para quienes es inaccesible el pago de vehículos eléctricos nuevos y de lujo en el rango de $60.000 o más”, aclaró.
Híbridos sin beneficio
Aparte de ese documento, los jerarcas de Transporte, Ambiente y Hacienda y el mandatario firmaron otro (Decreto Ejecutivo 41425-H-MINAE-MOPT) que eliminará, en un año, la exoneración tributaria que hace más de dos décadas disfrutan los importadores de vehículos híbridos (usan electricidad y motor de combustión interna para impulsarse).
La firma deroga así el Decreto Ejecutivo número 33.096 del 14 de marzo de 2006 de Incentivo al uso de vehículos Híbridos-Eléctricos, que los exoneraba del Impuesto Selectivo de Consumo al ingresar a Costa Rica.
El nuevo documento revela que entre el 2006 al 2018 apenas 1.844 vehículos híbridos solicitaron el beneficio de exención fiscal por un monto de $10 millones, conforme datos de la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía.
Según las estadísticas, esa cantidad de automotores no supera el 0,1% de la flota vehicular circulante y, por ello, han generado un impacto “muy inferior comparado a la tecnología totalmente eléctrica en cuanto a la mejora de la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero”, anota el documento hoy firmado.
“El costo al cliente final, a pesar de las exoneraciones, lo convierte en una tecnología de acceso restringido, y por lo tanto, no ha generado impactos positivos significativos en materia de calidad del aire ni en reducción de gases de efecto invernadero”, indica el texto que extenderá las exoneraciones apenas un año más.
Planes y obligaciones en entidades públicas
Aparte de estas, medidas, los ministros también suscribieron una serie de obligaciones dirigidas al Gobierno Central en esta materia.
Otros de los acuerdos consiste en una directriz de carácter obligatorio para promover la transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público.
En razón de lo anterior, las instituciones afectadas por la directriz deberán incorporar en sus planes de gestión ambiental medidas y acciones para comprar vehículos eléctricos en su flota vehicular institucional.
En casos de instituciones que demuestren fehacientemente que la adquisición de estos vehículos no satisfacen sus necesidades operativas o no se ajustan a su presupuesto, estas deberán incluir y priorizar en sus compras, vehículos con sistemas de baja emisión de gases o contratar servicios de transporte con ese tipo de sistemas.
Para ello, aclara el documento, se realizarán los estudios técnicos correspondientes a fin de validar la tecnología seleccionada.
El documento también obliga a los jerarcas a remitir en tres meses, luego de la vigencia del decreto, cuáles son sus proyecciones de sustitución de flota vehicular al Minae, así como las gestiones realizadas para el cumplimiento de esta directriz en su próximo presupuesto anual.
Posterior a ese primer informe se enviarán informes semestrales a esa cartera para dar seguimiento al cumplimiento de la directriz.
Adicionalmente, se firmó otro decreto (Decreto Ejecutivo 41427-MOPT) que obliga a las instituciones del Gobierno Central a implementar en menos de seis meses un plan de movilidad sostenible.
Según el Decreto, se ordena a las entidades armar algún tipo de plan para fomentar desplazamientos en medios de transporte que promuevan un estilo de vida saludable y de bajo impacto ambiental, que contribuyan a un uso eficiente del espacio urbano y a la descongestión vial.
Específicamente, esas medidas debe alinearse con al menos una de 10 posibles medidas.
Por ejemplo, acondicionar duchas para quienes asistan a trabajar en bicicleta u otros medios de transporte no motorizado, crear estacionamientos para bicicletas o divulgar información actualizada de rutas, horarios y paradas del servicio público de autobús.
En caso de compra o intercambio de vehículos institucionales, priorizar la adquisición o intercambio de vehículos eléctricos o definir al menos un día al año en el cual se promueva asistir a la institución sin utilizar vehículos particulares.
Otras posibilidades incluyen fomento al teletrabajo, al uso compartido del automóvil, promover una jornada laboral escalonada y acumulativa voluntaria e instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, si es posible.