Muchas preguntas sin respuesta.
Luego de comunicar su decisión de rechazar la adenda al contrato de supervisión para continuar las obras de Circunvalación norte por un faltante de ¢2, 2 millones en el presupuesto del Conavi, la Contraloría General de la República evade entrevistas.
La ausencia de fiscalización mantiene la obra, valorada en $163 millones, paralizada desde el martes 6 de abril.
La Nación llamó a las 11:54 a. m. de este jueves a Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa del órgano contralor, responsable de la resolución, pero no hubo posibilidad de plantearle las dudas.
El funcionario dijo que debía gestionarse la entrevista a través de la oficina de prensa, cuestionó cómo se tenía su número telefónico y de inmediato cortó la comunicación.
En total, la llamada duró 22 segundos. Se le llamó en varias oportunidades más, pero en ninguna atendió.
La adenda solicitada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pretendía ampliar el contrato de supervisión de las obras con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), por nueve meses y un costo de $1,3 millones.
Este convenio venció a finales de marzo, lo cual obligó a suspender los trabajos en los 4,1 kilómetros de la carretera desde el martes 6 de abril, pues no se puede continuar sin un ente fiscalizador.
Tal decisión implica atrasos, despido de trabajadores y eventuales reclamos millonarios contra el Estado por parte de la constructora a cargo.
Segun el oficio DCA-132, firmado por Ugalde y otros tres funcionarios de la Contraloría, se deniega la petición porque el Conavi no demostró “tener contenido presupuestario suficiente y disponible que amparen la contratación”. Le hicieron falta ¢2,2 millones, resultantes del diferencial cambiario.
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Sin respuesta
Estos son algunos de los cuestionamientos que no se le pudieron realizar a Ugalde:
¿Se valoró el costo de oportunidad de mantener un proyecto de $163 millones paralizado frente a un faltante en el presupuesto de ¢2,2 millones por parte del Conavi?
¿Por qué no solucionaron ese asunto con una llamada o un correo electrónico al Conavi para corregirlo y poder avalar la reactivación de los trabajos? ¿Estimó la Contraloría el costo diario por la suspensión de obras?
¿No existían otros mecanismos para solventar el requisito antes de mantener la obra vial frenada? ¿No se sopesó el interés público?
¿Por qué, en la resolución de este 8 de abril, la Contraloría no insiste en que UNOPS se inscriba como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como una condición para aprobar la prórroga, como sí lo hizo en la resolución de febrero?
También se pretendía preguntar sobre diferencias señaladas por la misma División de Contratación Administrativa en la definición de costos por parte de UNOPS.
Mediante la Oficina de Prensa se informó de que no se darían entrevistas porque “el tema volverá a la entidad en el cortísimo plazo”.
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“Lo correcto es esperar que la Administración atienda lo indicado en el oficio remitido hoy (jueves)”, señaló.
Solo se dieron manifestaciones mediante un video, enviado con el comunicado de prensa sobre el rechazo.
