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Las cifras de muertos en carretera demuestran que Costa Rica está lejos de alcanzar sus objetivos en seguridad vial, aseguró Fred Wegman, el presidente del Grupo de Análisis e Información Internacional de Seguridad Vial (Irtad, por sus siglas en inglés).
Este órgano está adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Costa Rica aspira ingresar y por eso inició los trámites de admisión en el 2015.
Una de las metas del país es reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en un 20% del 2012 al 2020, definido en el Plan de Seguridad Vial 2011-2020.
Sin embargo, según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la tasa de mortalidad en este rubro fue de 16,51 fallecidos por cada 100.000 habitantes en el 2017, mientras que en el 2012 era de 14,01, un aumento del 17,8% en un lustro.
Wegman advirtió que la sociedad costarricense aún no ha reconocido la gravedad de este problema.
“No culpo a ninguna institución en particular, no culpo a ninguna persona. La sociedad como un todo no está reconociendo la seriedad del problema”, indicó Wegman este jueves en las instalaciones del Cosevi, en la presentación de las recomendaciones al país que dejó el estudio Benchmarking de la Seguridad Vial en América Latina.
Para atender la problemática, el experto holandés invitó al país a profesionalizar más a todos los funcionarios involucrados en seguridad vial.
“¿Tienen profesionales verdaderamente calificados en seguridad vial en todas las instituciones? ¿Es la policía lo suficientemente fuerte? (...). Este no es un trabajo fácil, me gustaría que le prestaran atención a eso, y también a una educación más formal, como en la universidad”, expresó.
Asimismo, Wegman expresó la necesidad de que se manejen datos más amplios y claros con respecto a los accidentados en las calles, que incluyan no solo los muertos, sino también los lesionados.
El informe del Irtad, elaborado del 2015 al 2017, incluyó a nueve países latinoamericanos aparte de Costa Rica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.
El documento encontró factores en común entre estas naciones, como el aumento de mortalidad en accidentes de tránsito provocado por un mayor uso de motocicletas y la efectividad en crear leyes para atacar los problemas en las carreteras, pero a la vez una debilidad en ejecutarlas.
