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Con la voz entrecortada y agitado, Carlos Solís Murillo, exgerente de Adquisiciones y Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e investigado por el Caso Cochinilla, leyó por 30 minutos un largo documento frente a los diputados de la comisión especial que indaga el escándalo sobre supuesto pago de sobornos.
Solís mencionó cifras, describió traslados de partidas presupuestarias y demeritó el trabajo del Ministerio Público, pero no dijo una sola palabra sobre las llamadas interceptadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entre él y los contratistas.
Algunas de las conversaciones, transcritas en el expediente judicial, registran aparentes pedidos que habría hecho de carnes y licores para fiestas de fin de año de los funcionarios del Conavi. Se le menciona como receptor de pagos de dinero.
En otra llamada, según el expediente, el exgerente recibió felicitaciones de Mélida Solís, dueña de la empresa H Solís, por gestionar ajustes presupuestarios que permitieron agilizar pagos de facturas a los contratistas.
Cuando se le preguntó sobre esas charlas, el exfuncionario, de 60 años y ya jubilado, respondió con evasivas.
Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana, le reprochó al exgerente su omisión con respecto a las conversaciones con representantes de las empresas H Solís y MECO.
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¿Le parece normal pedir dádivas, contratación de familiares, pagos en especie o favores a cambio de favores relacionados con el presupuesto de la República?
“No me voy a referir a un tema que está en mera investigación”, respondió Solís.
La legisladora del PAC también le consultó si era cierto que la propietaria de H Solís le ofreció $10.000 a cambio de modificar el presupuesto nacional.
“Ese tema lo rechazo categóricamente. Ese tema aparece (en el expediente) como una llamada entre terceros, no con mi persona”, expresó Solís, mientras su abogado intentaba impedir que contestará ese tipo de cuestionamientos.
Pablo Heriberto Abarca, del PUSC y presidente de la comisión, tuvo que pedirle al abogado que acompañaba a Solís no interrumpir las respuestas de su cliente.
“Yo preferiría que solo hable don Carlos Solís, dado que el compareciente es don Carlos”, dijo Abarca. Luego ordenó un receso de dos minutos.
En el resto de la comparecencia, la mayoría de las preguntas de los legisladores fueron sobre la participación de Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el asunto.
Los congresistas José María Villalta y Jonathan Prendas le preguntaron si, de acuerdo a su criterio, Méndez Mata debía estar entre los imputados del caso Cochinilla y Solís respondió: “Sin duda”.
Según Solís, el jerarca del MOPT conocía los traslados de partidas hechos en los últimos tres años para cubrir un déficit de ¢78.000 millones.
“Si la Fiscalía está hablando que hubo una malversación de ¢78.000 millones, no me explicaría por qué el ministro no está (entre los imputados)”, respondió.
Solís fue detenido el 14 de junio y permaneció arrestado por dos semanas mientras las autoridades judiciales definían medidas cautelares contra los involucrados en este caso.
En su comparecencia, ante preguntas de los diputados, rechazó que las adecuaciones presupuestarias en el Conavi se hicieran para encubrir actos de corrupción o favorecer los intereses de las constructoras.
“En ningún modo los dineros se incorporaron, como dice la Fiscalía, para destinar los recursos a conveniencia de las empresas contratistas, tales como MECO y H Solís. Eso es una falsedad absoluta u temeraria”, concluyó.
