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Moín, Limón. El panorama cambió y lo que antes fue una solitaria playa, es hoy zona de construcción donde se empiezan a instalar las bases de lo que será la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
En medio de decenas de obreros y maquinaria pesada, 12 familias de Moín (de un total de 26) aún esperan una indemnización para dejar sus viviendas y buscar un nuevo hogar.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) alista un pago de ¢169 millones para desalojarlas y entregar las propiedades a la firma APM Terminals, concesionaria del nuevo muelle.
Aunque las tierras pertenecían al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), fueron ocupadas desde hace años por las familias y ahora el Estado debe reconocerles por las casas y otras mejoras que hicieron.
En esa zona, la concesionaria planea levantar un campamento para los trabajadores y algunas otras obras.
El área pendiente de expropiar es de 36.500 metros cuadrados ( m²). Meses atrás, el CNC retiró a otras 14 familias que ocupaban unos 24.000 m². De ese total, 9.676 m² fueron cedidos a APM Terminals y 14.347 m² se destinaron a la construcción de la ruta 257, entre Sandoval y Moín.
Esa fue la vía donde, este martes, un grupo de vándalos realizó cortes en las bases de los puentes bailey que permiten el acceso a decenas de vagonetas, las cuales ingresan a diario con materiales al plantel de construcción del megapuerto de APM Terminals.
Mudanza. Si bien algunos no están satisfechos con los montos que les pagarán por sus casas, los vecinos saben que tendrán que irse, como ya lo hicieron otros, para dar paso al proyecto.
“Yo tengo 18 años de estar acá. Siempre han dicho que son terrenos del ICT pero, a ciencia cierta, todos los que vivimos acá nunca vimos ningún progreso, y ahora nos sacan pagando montos con avalúos hechos, en algunos casos, hace cuatro años”, manifestó Alberto Castillo, uno de los habitantes de la zona.
Castillo no quiso revelar la cifra que recibirá por su casa, pero adelantó que aún no sabe hacia dónde se moverá con su familia.
La misma situación vive Martina Alvarado, una de las más humildes jefas de hogar que residen frente a la playa.
“Con ¢5 millones, ¿adónde me voy a ir a vivir yo con mis hijos?”, comentó la mujer, quien tiene dos niñas menores de edad.
A diferencia de sus vecinos, Javier Fallas sí está conforme con la oferta estatal de ¢41 millones por su casa, con los cuales espera para comprar un lote en el centro de la ciudad de Limón.
Sin presiones. Elizabeth Campos, directora de Proyectos en Desarrollo del CNC, dijo que los pagos pendientes estarán listos en un mes o mes y medio.
“En realidad, no recibieron presiones, porque me correspondió liderar todo el proceso de valoración. Sin embargo, ellos (vecinos), en su momento, tenían la posibilidad de pedir una actualización del valor; se les dijo que valoraran el costo de oportunidad”, explicó Campos.
La funcionaria agregó que un nuevo avalúo representaba un atraso de hasta un año en el proceso de expropiación.
Cifra incierta. La Nación intentó obtener datos sobre la cantidad de trabajadores que tiene APM Terminals, pero, al cierre de edición, la firma no había contestado.
Según Paul Gallie, gerente de la concesionaria en Costa Rica, poseen 35 empleados.
No obstante, no precisó el número de peones de las firmas subcontratadas, Meco y Van Oord BAM. En el caso de la primera, su oficina de prensa indicó que no están autorizados por APM para divulgar esa información.
