EscucharVarios diputados consultados por La Nación manifestaron que el Estado no debería otorgar obras a la constructora MECO por el caso de pago de dádivas del que es parte en Panamá.
En ese país, como informó este diario, Carlos Cerdas Araya, presidente de MECO, firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Sexta de Anticorrupción para evitar ir a un juicio por el supuesto pago de dádivas a funcionarios públicos entre 2011 y 2012.
Ese convenio forma parte del caso conocido como Blue Apple, en el que, según el Ministerio Público, varias empresas constructoras habrían girado, en esos dos años, $39 millones a varias sociedades anónimas a cambio de agilizar desembolsos por obras encargadas por el Estado panameño.
En los últimos meses, el Conavi avaló dar a MECO la construcción del viaducto en Garantías Sociales, en Circunvalación y el nuevo paso sobre el río Virilla, en Tibás (conocido como puente del Saprissa).
Criterios
“Hay dos razones para que la Contraloría General de la República no refrende eso (el viaducto en Garantías Sociales a MECO); una es que el proceso de contratación viene de UNOPS y hay que dudar de todo lo que venga de ahí.
"Segundo, se recomienda que se adjudique a una empresa involucrada en un caso de sobornos en otro país; preocupa que acá (Costa Rica) también se estén haciendo las mismas cosas", comentó Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El fundador del PAC agregó que debería existir una norma que permita excluir de los procesos de contratación de obra pública a constructoras cuestionadas dentro o fuera del país.
Patricia Mora, legisladora del Frente Amplio, coincidió en que debería prohibirse que firmas investigadas o condenadas por el pago de sobornos se presenten, en el futuro, en concursos públicos.
“Personalmente, he hecho señalamientos sobre el inconveniente que tiene que una empresa sea beneficiada, casi siempre, con casi todas las licitaciones importantes o gordas del país.
"Sin saber de ese caso (Blue Apple) de irregularidades en Panamá, ya nos parecía que era inconveniente concentrar el otorgamiento de licitaciones a una o a unas pocas empresas”, expresó Mora.
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Los dineros eran depositados, de acuerdo con las autoridades panameñas, en cuentas bancarias de la sociedad anónima Blue Apple Service y, una vez allí, eran transferidos a otras sociedades anónimas en Hong Kong, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas.
“Deberían revisarse los procesos de contratación en los que están empresas como MECO, que se sabe que están involucradas en casos de corrupción en otros países”, comentó Mario Redondo, congresista de Alianza Demócrata Cristiana.
El domingo pasado, luego de la publicación de este diario, el Ministerio Público de Panamá envió un comunicado de prensa en el que indica que ha firmado cinco acuerdos de colaboración con involucrados en el caso Blue Apple, de los cuales tres ya fueron homologados por jueces.
El documento firmado por Carlos Cerdas es uno de los que ya fue avalado por un juez.
La Fiscalía panameña informó, en el boletín, que ya recuperó $25,4 millones, pero no detalló de cuáles constructoras procede ese dinero.
