Escuchar
La intención del Incop de ganar tiempo en el proceso de concesión del muelle de Caldera topó con una decisión de la Contraloría General de la República.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) solicitó al órgano contralor autorización para contratar de manera directa al consorcio Arcadis-Camacho y Mora, para que se encargara de las actividades preparatorias y los documentos licitatorios de la concesión. La contratación directa implica que no se hace un concurso público.
Arcadis-Camacho y Mora es el mismo consorcio que realizó el plan maestro para la ampliación de ese puerto puntarenense.
Precisamente, la petición del presidente ejecutivo del Incop, Juan Ramón Rivera, se sustentó, entre otros aspectos, en que promover un procedimiento ordinario de contratación implicaría la llegada de una empresa sin la experiencia que ya tiene el consorcio.
“Tendría las desventajas de la curva de aprendizaje de un eventual contratista en relación con el plan maestro y, además, el plazo que puede consumir de seis a nueve meses”, dijo.
Para la Contraloría, las justificaciones para una contratación directa resultaron insuficientes, aunque reconoció la necesidad puntual de contratar una empresa para que elabore los documentos para la licitación.
“La Administración no ha indicado por qué razón es necesaria esta celeridad en el proceso de preparación de estos instrumentos para los cuales sería contratado el proveedor en cuestión, toda vez que, por ejemplo, no ha sido aportado un cronograma de ejecución de la nueva licitación que permita evidenciar que la preparación de estos insumos se encuentran en una condición de criticidad con respecto a la planificación y el mismo cronograma previsto, lo anterior sí se considera que los contratos actuales vencerán hasta el año 2026”, señaló la CGR en su respuesta.
Conveniencia
En criterio de la Contraloría, el Incop tampoco explicó por qué lo más conveniente para el interés público sea omitir el procedimiento ordinario, pues solamente indicó que existe una necesidad urgente que no fue debidamente demostrada.
Según la CGR, más que para el interés público, la contratación directa pareciera “más bien un aspecto de mera conveniencia de la Administración”.
El órgano contralor también cuestionó que la contratación particular sea con el consorcio que elaboró el plan maestro y no con otro proveedor. En su criterio, tampoco esa petición se logró justificar.
“En este orden de ideas ha indicado la Administración además, que dado que el consorcio en cuestión realizó el plan maestro, tiene un conocimiento adquirido que implica un trámite mucho más expedito que en caso de contratar a otra empresa.
“Sin embargo esta consideración, más que una vinculación con el interés público, lo que evidencia son razones de absoluta conveniencia de la Administración, toda vez que no se ha demostrado un potencial impacto perjudicial en el proceso de contratación futuro, el hecho que otro proveedor pudiera asumir estos servicios (...) considerando esa curva de aprendizaje que la Administración ha indicado existiría, pero que no ha sido detallada en explicar”, añadió la CGR.
LEA MÁS: Puerto Caldera urge de ampliación por $187 millones para salir del colapso
Otro de los aspectos que fueron señalados en el pronunciamiento de la Contraloría es que la Administración no aportó la certificación de que cuenta con el contenido presupuestario en específico para la consultoría. El contrato sería por $275.000.
Los documentos aportados, dijo, lo que evidenciaban es que se cuenta con recursos para el “proceso licitatorio del Muelle Caldera”, lo cual no resultó suficiente para que la CGR diera por garantizado que la institución dispone de los fondos para cubrir las actividades señaladas en el contrato que querían realizar con el consorcio.
En enero de este año, el jerarca de Incop, Juan Ramón Rivera, dijo que esperaban la aprobación de la contratación directa para disponer de un cartel entre junio y julio, y dejar adjudicado el proyecto a finales de año.
Con esos plazos, se estimaba que el inicio de las obras se daría en al menos cuatro años, lo que implicaba que el puerto seguiría colapsado al menos seis años más pues el plazo de ejecución sumaba otros dos años al proyecto.
El plan maestro que presentó Arcadis-Camacho y Mora y por el cual el Gobierno pagó $560.000 indicaba que era urgente que las mejoras en ese muelle de carga empezaran este año.
De no hacer nada, advertía, la situación traería consecuencias graves para los costarricenses, principalmente en impuestos y precios, pues Caldera perdería carga en el corto plazo.
En ese documento se estimó que el muelle requiere una inversión de, al menos, $251 millones.
LEA MÁS: Renovación urgente de Caldera queda varada por seis años
La situación del puerto Caldera es conocida desde inicios del 2019.
Incluso empresarios han criticado la lentitud de la Administración en el proceso, que se agravó aún más porque la intención inicial era ampliar el contrato vigente para que concesionaria que opera la terminal realizara las mejoras, pero la Contraloría descartó la idea a inicios del año pasado.
