Por primera vez desde la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Contratación Administrativa, una constructora queda inhabilitada por 10 años para participar en concursos de obras públicas debido a incumplimientos en la ejecución de un contrato.

Se trata de la empresa Grupo Orosi, a la cual se le encargó el asfaltado de 17 kilómetros de la ruta entre Guacimal y Santa Elena de Monteverde, Puntarenas. Sin embargo, su incapacidad para concretar el proyecto llevó a suspenderlo a finales del 2018.

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El finiquito del contrató quedó en firme la semana anterior, cuando la Junta Directiva del Conavi también resolvió ejecutar la llamada garantía de cumplimiento de ¢600 millones que había depositado la empresa.

Asimismo, los directivos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) resolvieron aplicar a Orosi la sanción establecida por el artículo 100 ter de la Ley de Contratación Administrativa, el cual faculta a la Administración a inhabilitar a contratistas de participar en procesos relacionados con proyectos de infraestructura vial por un período que va de tres a 10 años.

De acuerdo con la jefa de proveeduría del Consejo, Carmen Madrigal, para decidir la aplicación de este castigo se llevó a cabo un procedimiento ordinario ordenado por el Consejo de Administración, en atención a un informe que presentó la Gerencia de Construcción en la obra de Monteverde.

Posteriormente, se hizo el traslado de cargos, se notificó al contratista el detalle de incumplimientos, para posteriormente atender los recursos.

“Se les dio una audiencia privada para que presentaran su defensa a los incumplimientos. Se hizo la audiencia, ello hicieron sus manifestaciones y de toda la prueba que se recabó y de la audiencia se determinaron las recomendaciones que se dieron al Consejo.

“Lo que se recomendó fue la aplicación del artículo 100 ter de la Ley de Contratación que entró en vigencia en diciembre del año pasado(...) No era necesario hacer un apercibimiento porque ese artículo lo permite, y lo que se recomendó fue inhabilitación por 10 años”, detalló la funcionaria.

Lo que hizo esa reforma fue, precisamente, añadir el mencionado artículo 100 ter, mediante el cual creó un proceso de inhabilitación para los contratistas de obra vial que incumplieran lo pactado con el Estado, “sin justa causa y sin necesidad de haber recibido un apercibimiento antes”.

Entre las conductas sancionables que establece la reforma se encuentran los incumplimientos que pongan en riesgo la vida o seguridad de las personas, conductas que ocasionen atrasos o encarecimientos que sean atribuibles al contratista, incumplimientos reincidentes del contrato, así como aquellas razones que conlleven a dar por finiquitado un contrato por parte de la Administración.

La norma señala que la prohibición para las empresas incluye la participación en procesos desarrollados tanto por la Administración Central, como por instituciones descentralizadas y municipalidades.

El director del Conavi, Mario Rodríguez afirmó que este fue uno de los dos primeros proyectos que debieron suspender y que en caso de que se repitan conductas como la sancionada no dudarán en utilizar los mecanismos que les faculta la ley.

“Se acabó el tiempo de ejecución, no se cumplieron las metas en el tiempo, entonces, el Consejo ha ido dictando las pautas y ahora nos lleva a esta condición. Estamos dispuestos a usar los instrumentos que estén a nuestro alcance, que sean correctos, que sigan el debido proceso, pero también que hagan que a cada uno de los involucrados en los proyectos les quede claro que vamos a exigir que se cumpla lo ofertado”, afirmó.

La Nación intentó contactar a Eladio Araya Mena, presidente y representante legal de Grupo Orosi, pero no fue posible en ninguno de los teléfonos registrados a su nombre.

Pifias en vía a Monteverde

Grupo Orosi recibió en julio del 2017 la orden de inicio para completar el asfaltado entre Guacimal y Santa Elena, proyecto por el que los vecinos llevaban esperando más de una década.

El contrato incluía la pavimentación a lo largo de los 17 km y la solución de 23 puntos con problemas de inestabilidad de taludes. El contrato era por ¢6.245 millones.

Las primeras señales de alarma surgieron un año después, cuando además del lento avance del proyecto, cuyo plazo original era de un año, empezaron a surgir denuncias por deficiencias en los materiales que se colocaban en la subbase.

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Se sumaron a esos hechos, la poca presencia de maquinaria y aparentes irregularidades con obligaciones financieras.

Todos esos elementos, llevaron a Conavi a darle, en setiembre de 2018, un ultimátum a la empresa. Le advirtió que debía tener un porcentaje de avance y determinada capacidad de ejecución al 30 de ese mismo mes, sin embargo, tal condición no se cumplió y en octubre se confirmó que se daría por finiquitado el contrato.

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Al recibir la obra, el Consejo confirmó que tras año y medio al frente de los trabajos solo se completó un 22% de lo indicado en el contrato por el cual se le canceló ¢1.143 millones.

Al quedar nuevamente varada, la carretera recibió un tratamiento de asfaltado superficial, a la espera de que se le encargara a otra constructora.

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Ahora, la intención del Conavi es que esa vía se incluya dentro de un plan piloto para desarrollar un contrato de mantenimiento mediante estándares de servicio.

Según ese modelo, la empresa que resulte adjudicada deberá ponerla en niveles óptimos de servicio, para posteriormente comprometerse a mantenerla en ese estado durante un periodo de 10 años, durante los cuales recibirá pagos mensuales, mientras se cumplan los parámetros establecidos previamente.

Problemas financieros

La empresa Grupo Orosi también era parte del consorcio que llevaba adelante la construcción de la vía entre Paquera y playa Naranjo, en la península de Nicoya, y la ampliación de Cañas a Limonal, en la Interamericana Norte; sin embargo en ambos casos cedió su participación a su socio en esas obras, la empresa española Azvi, debido a las dificultades económicas que enfrentaba.

A inicios del año anterior, 11 empresas del Grupo Orosi solicitaron la administración por intervención judicial al Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José.

Con ese proceso buscaban acceder a una moratoria en sus deudas para recuperar su salud financiera y evitar la quiebra.

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Precedente

El director del Conavi, Mario Rodríguez afirmó que la medida tomada sienta un precedente en el actuar que seguirá el Consejo con los proyectos en marcha que no cumplan con los plazos y requerimientos establecidos.

“Si un proyecto tiene que terminarse y no se termina, vamos a aplicar lo que la ley nos indica que debemos aplicar, no solo en la ejecución de obras, sino en también en el caso de diseños que estamos haciendo, si no se terminan, vamos a aplicar los mismos criterios, vamos a utilizar los mecanismos que la ley nos da para que siguiendo el debido proceso exijamos el cumplimiento de los acuerdos y los contratos que tenemos firmados”, sostuvo.

Ante consultas de este diario, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República confirmó que ya fueron informados de parte del Conavi sobre la la inhabilitación de esa empresa, con el fin de llevar el registro previsto en la ley.

“Es importante que la administraciones utilicen los mecanismos para responsabilizar a los contratistas que le incumplen sus contratos de forma injustificada y provoca algún daño a la Hacienda y al servicio que se presta a los usuarios”, añadió dicha oficina mediante un correo electrónico.

En tanto, la diputada liberacionista Karine Niño, quien impulsó hace un año la reforma afirmó que esta decisióno sienta un precedente y representa una llamada de atención para las personas y empresas que asuman compromisos con la Administración Pública.

“Me satisface muchísimo saber que la lucha que se dio por un proyecto como este de verdad que tiene efectos. Respeto el proceso que se ha llevado, pero que ojalá este sea el inicio de la aplicación de las responsabilidades que tenemos todos cuando asumimos contratos con el Estado, ojalá que cualquier reforma que se haga a la Ley de Contratación no excluya esta”, expresó la legisladora.

Niño también recordó que la aplicación de la ley incluye a funcionarios que funjan como inspectores y que no cumplan con su labor de informar a instancias superiores cuando se dan irregularidades en los proyectos viales.

“Es un llamado de atención a las empresas que asumen un contrato con el Estado, pero al mismo tiempo hay un debido proceso que debe seguirse, es un llamado contra la inoperancia y también a los inspectores, porque el proyecto también incluía la responsabilidad de los funcionarios a cargo, que eran responsables de notificar cuando había un incumplimiento de parte de la empresa constructora que tenía el contrato”, añadió.

Sobre este punto, Mario Rodríguez explicó que la directriz del Consejo Administrativo es que se cumpla lo establecido en la ley para ambas partes, por lo que de haber responsabilidades por parte de funcionarios también se aplicarían las sanciones previstas.

“Si hay responsabilidad de la Administración debe quedar claro quiénes son responsables de esos incumplimientos y, en el caso de las empresa, cuál es la responsabilidad de una empresa por no cumplir con un contrato. Si nosotros como funcionarios tenemos una responsabilidad en un incumplimiento, la ley es pareja en eso, entonces también deberíamos tener la capacidad de responder si el Consejo quiere que así sea”, dijo.

“Proyectos enfermos”

A su llegada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en mayo del 2018, Rodolfo Méndez aseguró haberse topado con una serie de “proyectos enfermos”.

Dicho término lo usó para referirse a obras que no caminaban, entre las que citó el asfaltado a Monteverde y la construcción de la carretera a San Carlos. Ese mismo año, el MOPT determinó la suspensión de ambos contratos.

Sin embargo, actualmente aún hay obras que siguen sin ser de la total satisfacción para la Administración.

Tal es el caso de la ampliación entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, a cargo de la empresa CHEC, y la construcción de la carretera entre playa Naranjo y Paquera, donde los atrasos continúan sumando días a la ya larga espera de los usuarios.

En el caso de la construcción de la carretera a San Carlos, el Conavi aún no ha determinado si una vez que se complete el finiquito del contrato se buscaría aplicar una sanción similar a la impuesta a Grupo Orosi.

Sobre dicho proyecto, el director del Conavi afirmó que están en la parte del debido proceso, pero que en caso de que los resultados de esa etapa concluyan en que se deba pedir una sanción similar, la ejecutarán.