Aarón Sequeira. 29 julio
06/04/2018 La carretera que se encuentra en construcción entre Sifón de San Ramón a la Abundancia de San Carlos Puente Río Laguna . Foto Alonso Tenorio
06/04/2018 La carretera que se encuentra en construcción entre Sifón de San Ramón a la Abundancia de San Carlos Puente Río Laguna . Foto Alonso Tenorio

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, el proyecto de ley que permite castigar más duro a las constructoras viales que incumplan sus contratos con el Gobierno.

La iniciativa tuvo el apoyo unánime de los 45 legisladores presentes en el momento de su votación.

La idea del plan es eliminar el trámite de apercibimiento antes de castigar a las empresas que incumplan con una obra pública, pues actualmente esa etapa ha impedido que se suspenda a los contratistas que incurren en esta falta.

Según Karine Niño, diputada del Partido Liberación Nacional y quien promovió el proyecto, la reforma permite castigar directamente a las personas que incumplan y, con eso, evitar la impunidad.

Ya el proyecto se había aprobado con 41 votos en abril, pero se devolvió al trámite anterior al primer debate para hacerle ajustes en la redacción.

Esos ajustes de redacción buscaron detallar los casos en que los contratistas viales pueden ser inhabilitados para contratar con el Estado hasta por 10 años.

Actualmente, la Ley de Contratación Administrativa permite sancionar a quienes incumplan contratos estatales, por periodos que van de los 2 a los 10 años.

Esa inhabilitación aplica en dos vías posibles: o para contratos con todo el Estado o para contratos con la administración a la que se le incumplió.

El problema actual, según Niño, es que para imponer una inhabilitación a un contratista, se le debe haber hecho un apercibimiento previo.

El proyecto aprobado, en cambio, introduce un artículo 100 ter en la ley 7494, donde se crea un proceso particular de inhabilitación para los contratistas de obra vial que le queden mal al Estado, “sin justa causa y sin necesidad de haber recibido un apercibimiento antes”.

El nuevo procedimiento implica una sanción de entre 3 y 10 años para la persona física o jurídica que incumpla con un contrato o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o bien que infrinja los programas de trabajo pactados.

También, la persona o empresa sancionada tendría prohibido participar en procesos de contratación desarrollados por la administración central, la descentralizada y por las municipalidades.