El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) detectó problemas en la ejecución de algunas de las obras que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) , realiza como parte del proyecto de ampliación de la carretera a Limón (ruta 32).
Los hallazgos forman parte de la inspección encargada por el Gobierno al consorcio supervisor de las obras, conformado por las firmas Cacisa y Camacho Mora.
Así lo confirmó el director del Conavi, Mario Rodríguez, quien explicó que han tenido “inconformidades” hacia el contratista con respecto a algunos de sus productos e incluso no se le han tramitado pagos ni aceptado obras en las que los controles de calidad arrojan deficiencias.
El gerente de la Unidad Ejecutora a cargo de esa obra, Kenneth Solano, detalló que los problemas se dan principalmente en la ejecución de los pilotes que se construyen en 14 de los 36 puentes que la empresa debe levantar a lo largo de los 107 kilómetros entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.
“Hemos encontrado que algunos de los pilotes tienen problemas de ejecución, se le ha hecho saber al contratista, se le han hecho las observaciones de que hay inconformidades al respecto y efectivamente esa obra hasta que no se corrija lo que tiene que corregir, no se le paga”, dijo Solano.
Como parte de esos problemas, se detectó que los materiales utilizados estaban contaminados, es decir que el concreto estaba mezclado con tierra.
El ingeniero agregó que también han hallado falencias en otras obras, por ejemplo alcantarillas y rellenos.
Paso lento
Además de los problemas constructivos, en el Conavi las alarmas se encendieron pues ya se ha consumido más de un 30% del plazo de ejecución de la obra y el avance de los trabajos es del 6%, pese a que los 107 km deben estar listos en octubre del 2020.
“Eso significa que si no hay un cambio importante en la ejecución de las obras no saldremos con el plazo, la empresa está a tiempo pero por otro lado el ministro (Rodolfo Méndez, de Obras Públicas y Transportes) y el Conavi ya están encendiendo las alarmas de que la empresa tiene que entender que tiene que hacer ajustes importantes porque sino no va a terminar en el plazo contractual”, aseguró Rodríguez.
Por su parte Solano aseguró que actualmente CHEC trabaja en limpieza, corta de árboles, ampliación de alcantarillas, corte y relleno, mejoramiento de suelos y construcción de puentes nuevos.
A fin de agilizar las labores, la empresa está siendo apoyada por dos empresas subcontratadas, H. Solís y Meco.
Rodríguez agregó que aunque el contratista ha tratado de achacar los atrasos en otras ocasiones a causas del Gobierno, ninguno ha sido aceptado por la administración.
“Si hubiera una causa que el contratista considere que es un atenuante para no haber avanzado, existen mecanismos legales para que formalmente el contratista pida al Estado que considere eso y modifique la contabilidad de días que se ha avanzado pero hasta momento no ha hecho ningún reclamo de ese tipo”, añadió el director del Conavi.
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La empresa también se vio obligada a modificar sus diseños para reducir el número de terrenos a expropiar.
De acuerdo con Solano, inicialmente la constructora identificó 1.400 expropiaciones.
Sin embargo, se le pidió a la empresa que se ajuste al derecho de vía pues así estaba establecido en el contrato, lo cual permitió reducir ese número hasta en un 60% en dos de los tramos.
El director del Conavi añadió que CHEC debió haber consultado a la administración antes de identificar ese número elevado de terrenos a expropiar.
“Ellos por contrato tenían que hacer el diseño en los derechos de vía que ya existen, es un error de la empresa hacer un diseño más allá del derecho de vía (...) a eso pueden hacer excepciones pero las debe plantear con anticipación, no solo diseñar y no informar, por eso se le ha tenido que decir que eso no se le acepta”, agregó Rodríguez.
El ingeniero aseguró actualmente hay 86 procesos de expropiación en ejecución pero ninguno se ha concretado.
Sin embargo, en el Conavi aseguraron que eso de momento no debe ser motivo de atraso, pues de momento la empresa tiene suficientes espacios donde trabajar.
Empero, Solano apuntó que el tener que modificar los diseños sí pudo ser un atraso, lo cual sería atribuible a la empresa.
La Nación intentó conocer la posición de la empresa a cargo de la ampliación, sin embargo aseguraron que deben reunirse primero con ingenieros del Conavi para emitir criterios.
CHEC recibió la orden de inicio para la ampliación de la vía en noviembre del 2017.
La obra se financia con un préstamo del Eximbank de China por $395 millones y una partida del Estado costarricense por $100 millones.
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Una de las principales preocupaciones del Gobierno es que de no completarse en el plazo establecido, la construcción podría quedar sin financiamiento, por lo que incluso, el MOPT ya ha valorado tener que pedir ampliar el plazo al banco chino.