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Cuarenta y un municipios del país enfrentan riesgos significativos para la atención de servicios debido a la urbanización acelerada y desordenada, de acuerdo con la alerta que hace la Contraloría General de la República (CGR), en un informe divulgado este martes.
El documento advierte de que, si no se toman medidas, para el año 2030 casi 60% de la población residirá en áreas urbanas, lo cual socavaría la cobertura de servicios básicos como suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. Además, impactará la infraestructura vial, el transporte público, la vivienda precaria y la falta de espacios públicos.
Así lo señala el informe especial Entornos Urbanizados y su relación con la Hacienda Pública: Una perspectiva de servicios públicos sostenibles.
En las últimas tres décadas, Costa Rica experimentó un rápido crecimiento urbano. Esto elevó, entre 1990 y 2020, de 50% a 81% la población que vive en ciudades, revela la publicación.
Este proceso, sin embargo, ha sido desordenado y carece de garantías para un desarrollo urbano sostenible, generando una brecha entre la prestación de servicios públicos y las demandas ciudadanas. Esta falta de planificación, dice la CGR, afecta la calidad de vida y el entorno comunal.
A pesar de asignarse más recursos públicos a las necesidades de infraestructura y servicios básicos, las brechas persisten. Según la CGR, el desbordado crecimiento urbano costaría al Estado alrededor de ¢47.000 millones anuales por cantón solo en costos ligados a la prestación de servicios e infraestructura.
El informe añade que se espera una población nacional de 5,5 millones para el año 2030, lo que representa un crecimiento cercano al 6,7% con respecto a la cifra actual.
No obstante, este aumento no se distribuirá de manera uniforme en los cantones, ya que algunos perderán población o mantendrán cifras actuales, mientras en la mayoría se espera un crecimiento. Cada escenario afectará de manera única la sostenibilidad de los servicios públicos municipales.
En dificultades
La Contraloría sitúa en un escenario de bajo riesgo a 10 municipalidades hacia el 2030, dada la madurez intermedia en sus servicios actuales y porque su crecimiento poblacional se estima entre 2,6% y 6% para ese año.
Esos cantones son: Belén, Cartago, Escazú, Goicochea, La Unión, San Isidro, San José, San Pablo, Siquirres y Vasquez de Coronado.
En el escenario de riesgo moderado hay 31 cantones con un crecimiento o decrecimiento poblacional entre -1,7% y 6,4%. Allí la CGR reporta una mayor madurez en los servicios municipales, o bien, hay baja madurez pero se proyecta poco repunte de habitantes (Ver tabla).
El problema se sitúa en los escenarios de alto riesgo y muy alto riesgo en los que están 6 y 35 municipios, respectivamente.
En estos casos, la CGR proyecta una crecida de habitantes más difícil de gestionar (entre 6,4% y 22%) con el agravante de mayores brechas en la madurez de los servicios de cada gobierno local por hallarse hoy en una condición básica o intermedia.
Para esas 41 divisiones administrativas, se acerca un futuro donde serían insostenibles los servicios brindados a toda la población.
No obstante, el documento recalca que tales riesgos están lejos de ser una condición inalterable, y más bien representan una alerta temprana con la cual el ente contralor invita a los gobiernos locales y al Estado en general, a llevar a cabo acciones que procuren revertir la tendencia.
