El conflicto quedó entre auditores.
Irma Gómez Vargas, quien ocupa ese cargo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), responsabilizó a su homólogo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reynaldo Vargas Soto, por los pocos resultados que ha arrojado hasta ahora la investigación interna en relación con el Caso Cochinilla.
Las manifestaciones las hizo este jueves, durante su comparecencia en la comisión especial que investiga presuntos hechos de corrupción en obras viales.
En ese foro, Gómez sostuvo que a pesar de que recibió la orden del jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de colaborar con Vargas en el análisis sobre los hechos denunciados, este último le indicó que “tenía todo cubierto”, pues disponía de un equipo de 15 personas para esa labor.
“El ministro me ordenó, el 8 de julio, intervenir; no fue posible la coordinación por la posición del auditor del Conavi (...) Si el ministro me instruye entrar (a investigar el Conavi), yo entro, el problema es que el auditor no me facilita esa coordinación, yo no puedo entrar al Conavi a la fuerza ”, aseveró la funcionaria.
Ante los reiterados cuestionamientos de los diputados sobre la responsabilidad de haber visto pasar de lejos los hechos que trascendieron en el expediente judicial, la auditora insistió en que no es competencia de su departamento, pues la mayoría de obras señaladas y funcionarios investigados corresponden al Conavi.
Para Pablo Heriberto Abarca, socialcristiano que preside la comisión, pareciera que entre auditores se “tiran la bola”.
Por su parte, la liberacionista Paola Valladares y el frenteamplista, José María Villalta, le recordaron que la legislación establece que aun cuando haya órganos desconcentrados, la Auditoría primaria tiene que velar por las acciones críticas, como las denunciadas en el Caso Cochinilla.
Según explicó Gómez, no es cierto que ella estuviera de acuerdo en no trabajar en conjunto, como lo habría expresado el auditor. Incluso, calificó esa manifestación como “mala fe”.
Esta fue su respuesta al ser consultada si tales diferencias han obstaculizado el avance de la investigación interna y si había una mala intención de parte del auditor del Conavi.
“Él tendrá sus razones por las que no quiere coordinar conmigo”, expresó.
La semana anterior, en ese mismo foro, el auditor del Conavi se quejó de la poca capacidad de acción por lo limitado de su departamento.
Gómez también aseguró este jueves que le ha solicitado información a Vargas relacionada con el caso, para elaborar un plan conjunto de intervención en el Conavi, pero no se la han facilitado.
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Las declaraciones de Gómez contrastan con las brindadas la semana pasada por el auditor del Conavi, quien aseguró que enviaba informes al MOPT y ahí quedaban por meses, hasta que muchos de los casos prescribían.
Por esta razón, los diputados acordaron un careo para el próximo jueves, a fin de enfrentar los criterios de ambos auditores.
Entre los hechos por los que se cuestionó la inacción de la auditora del MOPT, figuran el caso de la pintura de un edificio de ese ministerio que se habría financiado dentro de los gastos del paso a desnivel de las Garantías Sociales. Gómez dijo no tener conocimiento.
Sin capacidad de verificación
Durante su declaración, la auditora del MOPT reconoció ante los legisladores que actualmente el Ministerio no tiene la capacidad técnica para verificar la calidad de los proyectos que ejecuta.
Según dijo, esa tarea queda en manos de empresas privadas que son contratadas para la supervisión de las obras, situación que, como se evidenció en el expediente judicial, facilita que las firmas contratistas no cumplan con lo especificado sin que esto se detecte, pues trabajan en colusión con algunas de las supervisoras.
“Nos basamos en informes de Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales) en los del proyectos del PIT (Programa de Infraestructura de Transporte), en los del BID Cantonal, son las verificadoras de calidad contratadas para las empresas, pero tenemos la capacidad para decir si las verificadoras de calidad están haciendo bien o mal su trabajo”, añadió.
Afirma que esta situación obedece a que el laboratorio del Ministerio no cuenta con acreditación, porque conseguirla es muy costoso, por lo que la supervisión que pueden realizar se limita hasta donde llega el conocimiento de los ingenieros que visitan los proyectos.
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Actualmente la Auditoría del MOPT debe fiscalizar los trabajos en proyectos como los pasos a desnivel de Taras-La Lima, la ampliación de la Interamericana Norte en los tramos de Barranca- Limonal y Limonal- Cañas, y la recién concluida vía entre playa Naranjo y Paquera.
Además, todas las obras que forman parte del programa BID Cantonal, cuya inversión es de más de $144 millones.
Según reveló este jueves la auditora, la mayoría de estos trabajos de la red vial cantonal, están a cargo de la empresa MECO y H Solís, ambas cuestionadas por supuestas dádivas a funcionarios del Conavi para agilizar el pago de facturas o recibir información privilegiada sobre adjudicaciones.
En la audiencia, la auditora confirmó que a petición del ministro abrirían una investigación sobre las razones por las que, al igual que en contratos de conservación, las contrataciones del Programa BID Cantonal recaen en estas dos empresas.
Sobre otros hallazgos relacionados con las obras que sí fiscaliza la Auditoría del MOPT, la funcionaria dijo que muchas de estas sufren atrasos a causa de expropiaciones, deficiencias en el control, descoordinación en reubicación de servicios, estudios desactualizados, inicio de proceso constructivo sin permiso ambiental.
También citó entre los problemas, incumplimientos recurrentes por parte de ingenieros a cargo de las bitácoras, lo que a su criterio genera riesgos en la calidad de los trabajos.
Además, expresó, son frecuentes que se den cambios en las cantidades de material necesario o en los trabajos, con los proyectos ya en curso, lo mismo que las inconsistencias en registros de estimaciones de pago.
La auditora dijo que cuando se encuentran este tipo de situaciones se hacen advertencias a la unidad ejecutora e insistió en que se da seguimiento para verificar que sean atendidas.