Infraestructura

$10 millones pierde Costa Rica por lentitud al invertir crédito para ampliar dos carreteras y construir rompeolas

Contrato que firmó el país con el BID establece multa por atrasos al usar los $450 millones, que están reservados por el banco desde 2015. MOPT solo ha gastado 37% en esos cinco años

Los atrasos en la ampliación de dos carreteras y la construcción de un rompeolas en puerto Caldera ha obligado a los costarricenses a pagar $10,5 millones al BID con tal de no perder el crédito por $450 millones.

Cada día, el monto aumenta porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como toda entidad financiera, cobra una comisión por mantener reservado el dinero que el Estado ejecuta a cuentagotas.

¿Por qué ocurre eso? En abril 2014 el país firmó el préstamo con el BID para construir tres obras: la carretera entre Paquera y playa Naranjo –en el golfo de Nicoya–, ampliar la Interamericana Norte, entre Cañas, Guanacaste, y Barranca, Puntarenas , así como para levantar el nuevo rompeolas de puerto Caldera, en el Pacífico.

En el contrato del crédito se acordó que esas obras debían estar listas, a más tardar, en noviembre de 2020, pero los tres proyectos enfrentan atrasos y algunos podrían finalizar hasta el 2022.

Esa lentitud obligó al BID a aplicar la letra del contrato. Solo entre abril de 2015 y abril de 2020, la comisión de reserva o multa por no invertir el dinero prestado alcanzó los $10,5 millones.

Esa cifra puede subir, pues este tipo de financiamientos incluye sanciones por no usar o utilizar tarde los recursos disponibles.

Por medio de la oficina de prensa, el BID informó de que la comisión de reserva para este préstamos es de 0,5% anual.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hasta la fecha han ejecutado $170 millones de los $450 millones habilitados por el BID. Eso equivale a un avance financiero del 37%.

Tomás Figueroa, viceministro de Infraestructura, confirmó que el país solicitó dos años más para desarrollar los proyectos.

“La fecha oficial es noviembre de 2022 ¿Qué pasa con eso? Es muy probable, uno no tiene una bolita mágica, más en el contexto que vive el país y el mundo, pero es muy razonable decir que vamos a terminar el programa para esa fecha”, declaró el viceministro.

Para tener una idea de lo que son los $10,5 millones, estos son unos ejemplos. Eso costó, en 2017, la ampliación del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. También, con ese dinero, la CCSS podría adquirir 300 respiradores artificiales para atender pacientes graves por el covid-19.

También, ese dinero alcanzaría para dar 51.000 bonos Proteger a las personas que que perdieron empleos o vieron afectados sus ingresos por la pandemia.

“Lo que son, son”

¿Por qué los atrasos? “Hubo un atraso en el inicio de las obras, un atraso en concretar la contratación de la sección de carretera entre Barranca y Limonal y eso explica la no ejecución financiera del 50% o más del programa de obras. Entonces, sea como sea es muy fácil explicar los números y esos retrasos, son lo que, son”, respondió el viceministro Tomás Figueroa.

Pese a la extensión del plazo, el Gobierno sostiene que no necesitarán elevar el monto del empréstito y que alcanzará con los $450 millones presupuestados.

Desembolsos en cinco años

El país canceló, desde 2015, $10,5 millones en comisiones de reserva por un crédito de $450 millones que mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo para construir carreteras y obras portuarias.

FUENTE: MOPT    || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.

Estado de los proyectos

La construcción de la vía entre Paquera y Playa Naranjo tiene un avance físico del 64%.

Ya, en cinco ocasiones, se ha pospuesto su fecha de entrega. La fecha original para tenerla lista era el 8 de setiembre de 2019, pero se postergó para el 20 de diciembre de ese año.

No obstante, llegó ese día y la obra no estuvo lista, lo cual forzó al MOPT a aplazar la conclusión al 28 de enero de 2020. Pero, de nuevo, hubo retrasos y señalaron el 30 de abril. Llegó esa fecha y, una vez más, ocurrieron inconvenientes y pospusieron hasta el 28 de julio.

Figueroa admitió que los trabajos en esa carretera no finalizarán a finales de este mes y dijo que concluirán en octubre.

“Ese no es un proyecto sencillo, ha conllevado el movimiento de más de un millón de metros cúbicos de tierra porque se le dio un nuevo trazado a la vía para cumplir con estándares de diseño. Lo otro es que se renovaron los sistemas de drenaje, se hicieron muros de gaviones y se relocalizaron servicios públicos”.

La ampliación de la Interamericana Norte en el tramo Limonal-Cañas tiene 41% de avance físico y la rehabilitación y reforzamiento del rompeolas en Puerto Caldera tiene 43% de progreso físico.

Los componentes más atrasados son la ampliación de la Interamericana Norte en el trayecto entre Barranca y Limonal y las mejoras en los 2,4 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas, los cuales fueron adjudicados, pero no han iniciado.

No empezar las últimas obras mencionadas es un freno para el progreso de la ejecución financiera, ya que el presupuesto estimado para esas infraestructuras representan, aproximadamente, más de la mitad del empréstito.

“El componente grueso o más del 50% son dos obras en las que tuvimos que anular el concurso de licitación. Tuvieron que haber empezado hace más de un año, pero tuvimos que anular el concurso, volverlo a sacar y ahora estamos por iniciar la construcción, ya está adjudicado en firme y estamos por dar orden de inicio”, argumentó el funcionario.

‘Falta de planificación'

La semana anterior, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer una auditoría en la que evaluó el desarrollo de los proyectos asignados al crédito de $450 millones.

Entre sus conclusiones, señalaron la falta de planificación de las autoridades, en especial, en la etapa previa a la construcción.

El periodo para cumplir con todas las condiciones iniciales como conformación de una unidad ejecutora o la elaboración de un manual de operaciones estaba previsto para 180 días, pero en la realidad requirieron 477 días.

“Se determinó la falta de planificación en el sistema de control para supervisar y gestionar el proceso de expropiación, además, los datos reportados en los informes no reflejan el avance físico real del programa”, expuso la CGR en el informe DFOE-IFR-IF-00006-2020.

“Las órdenes de servicio elaboradas para los proyectos analizados en esta auditoría no cuentan con el detalle y la documentación de soporte que acredite que las actividades afectadas por causa de lluvia se encontraban dentro de la ruta crítica del programa de trabajo del proyecto”, añadió la Contraloría.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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