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Uno de los imputados en el caso conocido como BCR SAFI ahora trabaja como coordinador de la asesoría jurídica de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Se trata de Álvaro Jiménez Villegas, quien desde junio del 2024 ocupa ese cargo y es una de las 14 personas a las que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) imputó por esta causa, en diciembre pasado.
En dicho expediente, el Ministerio Público investiga presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública en la compra de, al menos, nueve inmuebles por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).
Antes de ocupar el puesto en el SBD, Jiménez trabajó por 16 años y seis meses como asesor legal de BCR SAFI, desde el 2008 hasta junio del 2024.
SBD señala a otras personas y alega principio de inocencia
La Secretaría Técnica del SBD descartó que exista conflicto de interés o riesgo reputacional para el Sistema de Banca para el Desarrollo. Alegó, primero, el principio constitucional de inocencia; y segundo, que un informe de Auditoría Interna de BCR SAFI sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), no identificó a Álvaro Jiménez Villegas como uno de los presuntos responsables.
“Reiteramos nuestro respeto al principio constitucional de inocencia”, recalcó la Secretaría Técnica en una respuesta escrita a este medio.
Alegó, además, que el principal fallo estuvo en las llamadas “primeras líneas de defensa”, como el área de ingeniería y el valuador externo. El SBD incluso citó a otras personas mencionadas en el informe.
La Nación envió una serie de consultas al abogado Jiménez Villegas a su correo institucional en la Secretaría Técnica del Sistema. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.
Sin imputación antes de contrato
Ante consultas de La Nación, la Secretaría Técnica de Banca para el Desarrollo defendió la contratación de Jiménez Villegas. Precisó, que para ese momento, él no figuraba como imputado en esa causa.
Según la institución, la condición de imputado se conoció en fecha posterior, y el propio Jiménez informó de ello a sus superiores. La situación fue comunicada también a la presidenta y a los ministros integrantes del consejo rector, agregó.
El consejo lo integran los ministros William Rodríguez, de Turismo; Patricia Rojas Morales, de Economía, Industria y Comercio (quien preside el Consejo); y Víctor Carvajal Porras, quien hasta esta semana es de Agricultura y Ganadería, pues a partir del 20 de abril, asumirá la dirección ejecutiva del SBD de manera interina.
La entidad, mediante un correo electrónico, detalló que la contratación de Jiménez se realizó mediante concurso público y que el funcionario fue seleccionado por un comité interno a partir de una terna evaluada por el área de Talento Humano.
El resultado, añadió la institución, fue que Jiménez Villegas cumplía con los requisitos del puesto.
Las polémicas compras
Una de las compras más controvertidas de BCR SAFI es la del Parque Empresarial del Pacífico, en Esparza, Puntarenas, que está bajo la lupa del Ministerio Público en el expediente N.° 21-000209-1218-PE.
En apariencia, BCR SAFI pagó $35,2 millones de más por ese proyecto en febrero del 2020, con el dinero de inversionistas que pusieron recursos en uno los fondos inmobiliarios bajo su administración.
La compra de estas bodegas se hizo a un grupo empresarial del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) determinó que, entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con ese mismo grupo empresarial compras riesgosas de siete inmuebles, por un monto de $48,8 millones.
Según la Superintendencia, el grupo empresarial compró varios de estos inmuebles por un precio mucho menor al que después pactó con BCR SAFI, y halló que algunos contratos de compraventa se firmaron de previo a las aprobaciones del BCR.
Por esos hechos, el 4 de diciembre del 2025, la Fiscalía ejecutó 16 allanamientos para recabar evidencia documental y electrónica sobre las inversiones realizadas por BCR SAFI, así como contratos y permisos de construcción.
Ese día, además de la casa del exlegislador, la Fapta allanó la vivienda de su hijo, de apellidos Vargas Sotres, como parte de esas diligencias. En total, se ejecutaron 14 allanamientos.
SBD se refiere a informe de BCR SAFI
Según la Secretaría del SBD, el informe de Auditoría Interna de BCR SAFI sobre el PEP apunta a otras personas y citó los nombres de un gerente general de BCR SAFI, de apellido Díaz; un exfuncionario de apellido Sequeira; una gerente de apellido Garro; un supervisor de ingeniería, de apellido Carvajal; y un ingeniero de apellido Gutiérrez.
Según el SBD, la auditoría concluyó que si esas instancias hubieran reportado la situación real del inmueble —incluyendo que la obra no estaba terminada al 100%— la compra no se habría realizado.
