La Sala Constitucional dio trámite a dos recursos de amparo presentados contra la circular del Ministerio de Educación Pública (MEP) que restringió a los docentes y personal administrativo la posibilidad de emitir posiciones políticas en las aulas.
Así lo confirmó la oficina de prensa del tribunal ante una consulta de La Nación. Ambos recursos cuestionan las disposiciones de la circular por considerar que podrían afectar derechos fundamentales.
Uno de ellos sostiene que la normativa amplía las restricciones sobre propaganda político-electoral al prohibir el uso de espacios educativos para favorecer o desacreditar partidos políticos, candidaturas, figuras públicas, movimientos o posiciones ideológicas.
Advierte, además, de que emplea conceptos que no están claramente definidos, lo que podría dar lugar a interpretaciones subjetivas y afectar la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el análisis académico de asuntos de interés público.
El otro recurso impugna las prohibiciones, mecanismos de control y eventuales sanciones dirigidas al personal docente.
Según los recurrentes, las disposiciones podrían generar un ambiente de temor que inhiba la discusión de ideas, el pensamiento crítico y el derecho del estudiantado a conocer distintas perspectivas como parte de su proceso formativo.
Los recursos se tramitan bajo los expedientes 26-024566-0007-CO y 26-024296-0007-CO.
Polémica circular
El documento fue firmado, el pasado 3 de julio, por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández; la viceministra Académica, María Alexandra Ulate Espinoza; y la viceministra Administrativa, Sofía Ramírez González.
Los nuevos lineamientos establecen una serie de prohibiciones específicas que aplican de forma rigurosa durante la jornada laboral, en actos oficiales o mediante el uso de recursos del centro educativo, en resumen:
- Realizar propaganda político-electoral, partidaria o ideológica dirigida a la comunidad educativa.
- Usar actividades académicas, espacios o plataformas institucionales para promover o desacreditar opciones políticas o figuras públicas.
- Presionar o inducir al estudiantado a participar en actividades político-electorales o sectarias.
- Incorporar contenidos o evaluaciones con sesgo político que distorsionen el currículo oficial.
- Aprovechar el cargo o la relación pedagógica para favorecer o perjudicar posiciones políticas o ideológicas.
- Colocar o permitir propaganda electoral en instalaciones, bienes o canales oficiales del centro educativo.
- Autorizar el ingreso de personas externas con fines de proselitismo, adoctrinamiento o captación ideológica.
‘Análisis’ bajo ciertos criterios
Según el MEP, estas regulaciones no limitan el análisis académico, histórico o cívico de temas políticos, sociales o económicos, siempre y cuando estén previstos en el currículo nacional. El abordaje de estos contenidos se considera legítimo si el personal docente cumple con los siguientes deberes:
- Ajustar la planificación y la evaluación estrictamente a los contenidos oficiales.
- Presentar fuentes y ejemplos de manera plural, contextualizada y equilibrada, evitando sesgos en los materiales.
- Promover la libre deliberación, la argumentación razonada y la formación del criterio propio de los estudiantes.
- Abstenerse de imponer opiniones personales como verdades institucionales o como criterios para calificar las evaluaciones.
Ministro de Educación defiende circular
El pasado 15 de julio, tras las críticas de docentes y sindicatos, el jerarca del MEP defendió la circular.
“Las aulas son para enseñar, no para hacer propaganda política”, sostuvo el jerarca, al explicar que la medida busca impedir que docentes u otras personas utilicen los espacios educativos para promover partidos políticos, pedir votos o influir en las decisiones electorales de los estudiantes.
“Estamos aclarando en realidad dos cosas: uno, el ingreso de personas a centros educativos a hacer política; pueden ingresar a hacer otras cosas, pero hacer política y propaganda política y utilizar a los estudiantes no está permitido (...). Lo segundo es lo que ya el docente sabe, porque un docente sabe lo que establece la ley, y es que no se puede utilizar las clases para hacer algo que no está en el currículum, que es el tema de la propaganda política”, insistió Sánchez en un video difundido por el MEP.
El ministro insistió en que la regulación no impide que, en las aulas, se aborden temas políticos, sociales o de actualidad nacional, siempre que estén vinculados con los contenidos establecidos en los programas educativos.
Sánchez también rechazó que la circular limite la expresión de los funcionarios fuera de los centros educativos.
Tres sindicatos del sector educativo acusaron al MEP de propiciar la intimidación, autocensura y persecución contra docentes que expresen críticas hacia el gobierno de Laura Fernández, mediante la implementación de una circular sobre neutralidad político-ideológica en las aulas.
Vigilar y controlar
El documento firmado por Sánchez asigna una responsabilidad directa a las Direcciones Regionales de Educación, supervisiones y directores de escuelas y colegios para vigilar y controlar el cumplimiento de estas normas.
“Cuando se tenga conocimiento de hechos que eventualmente contravengan estas disposiciones, deberá levantarse la documentación respectiva y remitirse a la instancia competente, entre estas el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública y su Departamento de Asuntos Disciplinarios, garantizando en todo momento el debido proceso, el derecho de defensa y la objetividad de la actuación administrativa", reza la circular.
Según las autoridades, estas medidas de control no buscan restringir la libertad de pensamiento ni la libertad de expresión de los funcionarios fuera del ejercicio de la función pública. La directriz entró en vigencia de manera inmediata a partir de su comunicación.
Sánchez también señaló que, si algún director o supervisor utiliza la circular para perseguir a un docente por impartir contenidos del currículo, esa actuación sería incorrecta y podría ser denunciada.